La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció este martes que expulsarán de Nicaragua a los embajadores acreditados en Managua que se “entromentan” en sus asuntos internos.
“El embajador que quiera darnos lecciones aquí (en Nicaragua), ¡Afuera!, y que vayan a dar esas declaraciones afuera (de Nicaragua), pero aquí se respeta la bandera azul y blanco (nacional) y la bandera roja y negra (sandinista)”, sentenció Ortega la noche del lunes en un acto con militares.
Durante el acto, Ortega se refirió a la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba de haber convocado al encargado de negocios de Estados Unidos en ese país, Mike Hammer, en protesta por lo que considera “conducta irrespetuosa” y “ajena a la que corresponde a un diplomático”.
Según el mandatario sandinista, Hammer “empezó a querer mandar en Cuba, o sea, se sentía delegado del imperio, se sentía un cónsul del imperio norteamericano y que tenía bajo su dominio a Cuba”.
“Bueno, aquí (en Nicaragua) nosotros ya tenemos bien claro nuestra posición frente a los embajadores que quieran entrometerse, y lo dice la canción ‘Soberanía’: Allá, afuera, que digan lo que quieran, pero aquí, en tierra Nica, donde ondea la bandera azul y blanco, que fue defendida por la bandera roja y negra de Sandino, aquí el que se trata de entrometer, ¡afuera!”, enfatizó.
“Así lo dice la canción ‘Soberanía’, y es una posición del Estado nicaragüense”, sostuvo.
La dictadura sanidinista sigue en su embestida contra cualquier muestra de disidencia. El pasado lunes, el régimen disolvió otras 15 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas la histórica Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), creada en 1979 tras el triunfo de la revolución sandinista. Con esta nueva ola represiva, ya suman más de 5.670 ONG canceladas desde diciembre de 2018.
La medida fue ejecutada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, a través de dos acuerdos ministeriales. De las 15 entidades afectadas, seis fueron cerradas de forma unilateral por “incumplimientos legales”, entre ellas la UPN. Otras nueve solicitaron su disolución voluntaria.
Según el Ministerio del Interior, la UPN fue cancelada por no presentar sus estados financieros correspondientes a los años fiscales 2023 y 2024, y por mantener una junta directiva vencida desde mayo de 2017. Fundada el 13 de septiembre de 1979, la organización estaba integrada originalmente por periodistas que apoyaron la revolución.
Además de la UPN, fueron cerradas otras organizaciones como la Fundación Proyectos Comunitarios para el Desarrollo Sostenible, la Asociación Feria de la Tierra, la Fundación Rainbow Network, la Asociación Instituto de Investigaciones y Consultorías Económicas y Sociales, y la ONG suiza Terre Des Hommes Schweiz, entre otras de corte religioso y social.
La cancelación de estas asociaciones ocurre en un contexto de represión desde las protestas de abril de 2018, cuando miles de nicaragüenses salieron a las calles contra el régimen de Ortega. En los últimos años, además del cierre masivo de ONG, han sido clausurados medios de comunicación, universidades y centros culturales. En muchos casos, los bienes de las organizaciones disueltas han sido transferidos al Estado.
Las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato —cuarto consecutivo—, consolidaron aún más su poder. Los principales contendientes de la oposición fueron encarcelados y posteriormente expulsados del país, despojados de su nacionalidad y de sus derechos políticos bajo acusaciones de “traición a la patria”.
La comunidad internacional ha denunciado de forma reiterada las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones como Human Rights Watch han documentado sistemáticamente la represión contra activistas, religiosos, estudiantes y periodistas.
(Con información de EFE)
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