En Ecuador temen que los “gestores de paz” que propone el correísmo sean en verdad grupos parapoliciales

La propuesta de la candidata presidencial del correísmo, Luisa González de instaurar “gestores de paz” en los barrios de Ecuador ha provocado una ola de críticas y preocupación a pocos días del balotaje que se celebrará el 13 de abril. El anuncio, que forma parte de su plan de gobierno para el periodo 2025-2029, plantea la contratación de personas que operen en las comunidades para prevenir la violencia, mediar conflictos y colaborar con acciones de seguridad ciudadana. Cada uno de estos gestores recibiría medio salario básico mensual y estaría, según la candidata, capacitado en temas de convivencia y resolución de disputas.

La candidata del correísmo ha propuesto una inversión de USD 72 millones para implementar esta medida a escala nacional. “Trabajar desde los barrios con gestores de paz, que recibirán medio salario mínimo vital para trabajar junto con la Policía Nacional, haciendo de ese barrio un barrio seguro”, dijo González en un evento reciente, difundido por sus canales de campaña. La iniciativa busca, según ella, anticiparse al delito mediante una presencia activa en el territorio, en colaboración con las fuerzas del orden, pero sin que estas figuras sean uniformadas ni armadas.

No obstante no es la primera vez que lo menciona. El pasado 11 de marzo, en entrevista radial recogida por la plataforma Pluma digital, González ya hizo pública su propuesta de los “gestores de paz”.

Aunque la medida ha sido presentada con un discurso de cercanía y prevención, diversos sectores han advertido que podría derivar en una estructura paralela de vigilancia o control social, similar a la que existe en países gobernados por regímenes autoritarios como Venezuela y Nicaragua. Durante una intervención pública, González afirmó que estos gestores ayudarán a pacificar los territorios más conflictivos del país, sin precisar bajo qué autoridad se organizarían ni qué mecanismos de supervisión o fiscalización tendrían.

La preocupación se intensificó tras el reciente debate presidencial, cuando González declaró que, de llegar a la presidencia, restablecerá relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro y lo reconocerá oficialmente como legítimo. Justificó su postura señalando que el objetivo sería facilitar la deportación de ciudadanos venezolanos involucrados en delitos. Sin embargo, su declaración fue leída como un respaldo político a una administración señalada por organismos internacionales como autoritaria y responsable de crímenes de lesa humanidad.

Los paralelismos con Venezuela se han hecho inevitables. En ese país, los denominados “colectivos” son grupos civiles organizados, armados y leales al chavismo, que operan en zonas populares con funciones supuestamente preventivas. No obstante, múltiples informes han documentado su participación en represión de protestas, intimidación a opositores y acciones extrajudiciales. Lejos de actuar como promotores de paz, han sido una extensión informal del aparato represivo del Estado, pero con un grado de autonomía que ha generado caos y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

En Nicaragua, el régimen dictatorial de Daniel Ortega también ha recurrido a estructuras civiles armadas o parapoliciales para controlar la protesta social. Durante las manifestaciones de 2018, estos grupos actuaron en coordinación con la Policía Nacional para reprimir a la ciudadanía, dejando más de 300 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se trató, en muchos casos, de ciudadanos comunes armados, organizados por el partido oficialista, con funciones de vigilancia e intimidación directa a quienes se consideraban adversarios del régimen.

En Ecuador, el plan de gobierno de la Revolución Ciudadana incluye como línea estratégica la “recuperación de la paz y la seguridad con participación ciudadana”. Aunque no menciona de forma textual a los gestores de paz, sí plantea la restitución de asambleas comunitarias, botones de seguridad, alarmas barriales y acciones de articulación directa con los gobiernos locales. El modelo propuesto busca reconfigurar la seguridad desde una lógica comunitaria, pero su implementación podría ser ambigua si no existen límites normativos claros.

Aunque González ha insistido en que su visión de seguridad está basada en derechos humanos y justicia social, su cercanía política con regímenes como el de Maduro y Ortega —que también se reivindican como defensores de los pobres— pone en entredicho las verdaderas implicaciones de esta propuesta. La experiencia latinoamericana ha demostrado que el discurso de la paz comunitaria puede ser manipulado para instalar redes de control social o paramilitares con respaldo estatal.