(Desde Santa Cruz) El ministro de Gobierno (Seguridad) de Bolivia, Eduardo Del Castillo, minimizó la intención de la Gobernación de Salta, Argentina, de construir un alambrado en un sector de la frontera, en la localidad de Aguas Blancas, para reforzar los controles en el tránsito de personas y del contrabando.
“La frontera entre Bolivia y la Argentina es de más de 742 kilómetros lineales, estos 200 metros no responden ni al 0.026% y la historia nos ha enseñado que tarde o temprano todos los muros se caen”, manifestó Del Castillo.
Este lunes se conoció que las autoridades de Salta iniciaron los trámites administrativos para licitar la edificación del enmallado que rodeará el puesto de control entre Aguas Blancas (Argentina) y Bermejo (Bolivia) dentro del Plan Güemes que impulsa el gobernador Gustavo Sáenz junto con el Ministerio de Seguridad.
Se prevé que el alambrado perimetral -de 200 metros de largo y 2,5 metros de alto- se instalará entre la terminal de buses hasta los puestos de control del Puerto de Chalanas, lo que evitará que se evadan los controles fronterizas en el ingreso a Argentina.
La medida ha sido celebrada en la administración de Javier Milei pero criticada en Bolivia. “Desde el Gobierno Nacional impulsamos la cerca en Aguas Blancas para cuidar a los argentinos del narcotráfico. Por eso, con el Plan Güemes incorporamos una nueva medida de refuerzo al control en la frontera, que se encontraba completamente descontrolada”, expresó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través de sus redes sociales.
En Bolivia el rechazo surgió desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. La canciller Celinda Sosa expresó su preocupación a través de un comunicado en el que señala que “los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común” y que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”.
A este comunicado se sumaron los cuestionamientos de otras entidades y funcionarios públicos, como el ministro de Justicia, César Siles, que considera que el proyecto vulnera los tratados internacionales y principios de convivencia pacífica entre países vecinos.
En tanto el legislador Gustavo Aliaga, de Comunidad Ciudadana, atribuye la determinación al incremento del narcotráfico procedente de Bolivia. Sin embargo, considera que los temas deben tratarse de manera bilateral mediante comisiones mixtas.
Un plan de seguridad en la frontera
El Plan Güemes fue diseñado para combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas mediante controles en la frontera con Bolivia. “Vamos a dar un golpe certero al narcotráfico, a la trata, fortaleciendo los controles fronterizos y estableciendo un control vecinal para que haya una verdadera administración aduanera. Vamos a incrementar la presencia policial disuasiva en Orán y vamos a reconocer cuáles son las bandas que quieren avanzar en el control territorial”, manifestó en diciembre la ministra Bullrich.
El plan ha despertado inquietud en las personas que se dedican al comercio en Bermejo y en Aguas Blancas, pues temen que los operativos frenen el flujo de mercadería. En los días previos al inicio de los controles, los medios locales reportaron un cruce masivo de ciudadanos argentinos para realizar compras debido a que su divisa se ha fortalecido frente a la depreciación de la moneda boliviana, lo que les abarata las compras de productos alimenticios, prendas de vestir y electrodomésticos.
Bolivia enfrenta dificultades para controlar los precios de la canasta familiar y que busca combatir la venta ilegal de productos en las fronteras, en una práctica que denomina “contrabando a la inversa” y que, según las autoridades nacionales, influye en la fluctuación de precios y el desabastecimiento de combustible.
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