Del dengue a la crisis de los seguros médicos privados, la salud sigue siendo el talón de Aquiles de Brasil

Al igual que había ocurrido con la pandemia de Covid durante el gobierno de Jair Bolsonaro, el gobierno Lula también ha sido duramente criticado por su gestión de la epidemia de dengue. En la primera semana de mayo, según datos del SindHosp (Sindicato de Hospitales, Clínicas y Laboratorios del Estado de San Pablo), los ingresos por síntomas de dengue y gripe en los hospitales del estado aumentaron un 96%. Una cifra récord que llevó a una de las aseguradoras médicas, Prevent, a rechazar nuevas afiliaciones en los estados de San Pablo y Rio de Janeiro.

Con más de 5 millones de personas infectadas con dengue y casi 3.000 muertes, el Ministerio de Salud enfrenta ahora críticas por su gestión, comenzando por el hecho de que, a pesar de la advertencia del año pasado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Fundación Osvaldo Cruz (Fiocruz), que pronosticaba un 2024 sin precedentes, el gobierno no ha respondido adecuadamente. En 2023, redujo inclusive hasta en un 58,5% las inversiones en las campañas de comunicación del Ministerio de Salud para la prevención y concienciación sobre el dengue. De los 31,6 millones de reales (6,2 millones de dólares) invertidos en 2022, se pasó a 13,1 millones en 2023, es decir ni 2,6 millones de dólares. También en 2023, Brasil registró una reducción en la contratación de nuevos agentes comunitarios de endemias, que son aquellas infecciones que, como el dengue, están constantemente presentes en una determinada área geográfica. Pasó de 4.313 nuevas contrataciones en 2022 a apenas 822 agentes más en 2023. Técnicamente, esta categoría es contratada directamente por los municipios, pero con fondos del Ministerio de Salud para pagar los salarios. También se criticó el hecho de que Brasil no declarara el estado de emergencia. El Ministerio de Salud se defendió diciendo que el dengue no se ha extendido de forma uniforme por todo el país, lo que demuestra que Brasil “no vive una epidemia, sino una situación de gran preocupación”. Los expertos, sin embargo, señalan que declararla emergencia habría hecho que la población prestara más atención a la gestión de las aguas estancadas, que son el medio ideal para la reproducción del mosquito Aedes Aegypti, vector de la infección.

Sin embargo, hace años que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) viene alertando sobre los fallos del país en relación con la gestión del dengue y otras enfermedades infecciosas denominadas “negligentes” por parte de las autoridades públicas. Se trata de un conjunto diverso de enfermedades tropicales causadas por parásitos, bacterias, virus, hongos e incluso serpientes venenosas. Afectan principalmente a los segmentos más pobres de la población, que tienen un acceso limitado a los servicios sanitarios.

Entre los puntos críticos identificados por el TCU en los últimos años están la falta de información y datos para controlar cómo se utilizan los fondos gubernamentales enviados a los distintos estados y municipios, y la ausencia de medidas para garantizar que los funcionarios reciban la formación mínima exigida por la ley. Por último, faltan medidas para la correcta aplicación de las directrices del Ministerio de Salud para combatir los mosquitos. Según el ex presidente del TCU, Augusto Nardes, “existe un grave problema de crecimiento urbano desordenado que trae, entre sus efectos muy negativos, la proliferación del dengue. Basta observar el Distrito Federal y sus alrededores. La capital debería ser un ejemplo para el país y, en cambio, está muy afectada por la infección”, declaró Nardes al diario Correio Braziliense.

También según el informe del TCU, en los últimos 20 años se ha producido una disminución de la mortalidad por diversas enfermedades, como la malaria, la leptospirosis, la toxoplasmosis y la lepra. Brasil, sin embargo, sigue siendo el segundo país del mundo, después de India, en nuevos casos de lepra, que en el gigante latinoamericano, donde aún sobreviven algunos leprosarios, las autoridades llaman hanseníase. Según el panel de monitoreo de los indicadores de lepra en Brasil, publicado por el Ministerio de Salud, casi 20 mil nuevos casos de la enfermedad fueron registrados en el país entre enero y noviembre de 2023. La región Nordeste lidera el ranking, con 7.779 casos. Además, aumentó la mortalidad por leishmaniasis e infecciones por dengue y fiebre amarilla. El 19 de abril, el Ministerio de Salud también confirmó el primer caso de cólera autóctono en Brasil desde 2005. El paciente, de 60 años y natural de Salvador de Bahía, contrajo la enfermedad sin salir del país. Los últimos casos se habían registrados en el estado de Pernambuco, también en el noreste del país.

A pesar de que Lula prometió en campaña electoral un mejor bienestar sanitario que en la era Bolsonaro, las cifras apuntan a grandes recortes en el sector de la salud. El programa más famoso de la administración del Partido de los Trabajadores, el PT de Lula, es la Farmacia Popular, que ofrece medicamentos gratuitos a los 55 millones de brasileños que reciben el subsidio Bolsa Familia y para enfermedades como diabetes, asma, hipertensión, osteoporosis y anticonceptivos. El programa también ofrece medicamentos para enfermedades como el Parkinson a precios subvencionados. Este año, sin embargo, el gobierno Lula ha realizado drásticos recortes no sólo en educación, sino también en salud. El programa de Farmacia Popular perdió más del 20% de su financiación, pasando de 140 millones de reales (27 millones de dólares) a 107 millones de reales (21 millones de dólares). Además, a pesar de que la adicción a drogas devastadoras como los opioides sintéticos está en auge en todo el país, el gobierno ha recortado toda la financiación pública a las comunidades terapéuticas para la recuperación de adictos químicos. En los gobiernos de Bolsonaro y Michel Temer, estas instituciones han sido reconocidas como política pública. Sólo en 2020, 27 mil personas fueron alojadas en estas comunidades, una inversión de más de 130 millones de reales, 25,5 millones de dólares. A largo plazo, esta decisión podría tener un impacto devastador en la salud pública de Brasil y especialmente en la vida de millones de jóvenes adictos a drogas como el crack, las metanfetaminas y los opioides sintéticos.

También está en el punto de mira de las críticas el acceso a la insulina, hasta el punto de que la coalición “Voices of Advocacy”, formada por 26 organizaciones brasileñas que representan a 13 millones de diabéticos en el país, alrededor del 6,9% de la población nacional, ha lanzado la campaña “¿Dónde está mi insulina?” La campaña pide al gobierno la compra de insulina de acción prolongada análoga para la diabetes tipo 1 y la disponibilidad de insulina de acción rápida con menos trámites burocráticos. La primera se incluyó en la insulina suministrada por el servicio público de salud, pero en realidad no está disponible. “Este retraso priva a los brasileños del acceso a las tecnologías más eficaces, que pueden ser decisivas para prevenir la diabetes, la hipoglucemia, las hospitalizaciones e incluso las muertes”, afirma Vanessa Pirolo, coordinadora de Voices of Advocacy. En cuanto a la insulina de acción rápida, las asociaciones denuncian una burocracia absurda que ha llevado a tirar, dicen, 1,4 millones de plumas de insulina.

Mientras el sistema sanitario público sigue siendo insuficiente en calidad y cantidad de servicios, la crisis del sistema privado de seguros puede llevar pronto a su colapso. El proyecto de reglamento de la nueva reforma tributaria enviado recién al Congreso prohíbe a las empresas deducir de sus impuestos los gastos del seguro médico para sus empleados, gastos considerados en la mayoría de los casos como una obligación del empresario en los convenios sindicales. Si las empresas optaran por no pagar el seguro médico, sería el empleado quien tendría que contratarlo. Un escenario que, sin embargo, es crítico debido a las restricciones existentes sobre los contratos individuales.

Además de algunos seguros médicos privados que ya no aceptan la inscripción de nuevos pacientes, hay otros que la semana pasada anularon miles de contratos colectivos de niños con autismo, así como con enfermedades raras y minusvalías graves en los que el contrato presenta un desequilibrio económico extremo entre el pago de la cuota y los gastos médicos. La noticia ha sumido en la desesperación a miles de familias, hasta el punto de que un diputado, Aureo Ribeiro del Partido Solidaridad, está recogiendo firmas para que se abra en el Congreso una Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el comportamiento comercial de estas aseguradoras privadas. Según la asociación de consumidores Procon de San Pablo, entre abril y mayo de este año aumentaron en un 85% las denuncias de consumidores por rescisión unilateral de planes de salud. Según datos de la Agencia Nacional de Salud Suplementaria (ANS), que se ocupa de los seguros médicos, el aumento de las rescisiones unilaterales de contratos fue del 99% en el primer trimestre de 2024, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Actualmente, sin embargo, la legislación relativa a los planes de salud colectivos permite este tipo de cancelación.

En este escenario cada vez más difícil para el ciudadano brasileño, las noticias recientes son sorprendentes. Como la denunciada por el diario Folha de São Paulo, al que - a pesar de que Brasil tiene una ley de Acceso a la Información - se le negó una lista con los nombres y salarios de miles de funcionarios contratados en puestos cruciales del Ministerio de Salud sin concurso público. El ministerio impuso un precinto sobre estos datos. “Con escasa transparencia, parte de estos cargos públicos son ocupados por nombres vinculados a autoridades políticas”, denuncia el diario. Esta dinámica ya registrada en el gobierno de Bolsonaro continuó en el de Lula. Además, según informó el sitio de noticias Metrópoles, la ministra de Salud, Nísia Trindade, autorizó 3,6 millones de reales, 710.000 dólares, para el municipio de Cabo Frío, cerca de Río de Janeiro, donde su hijo Márcio Lima Sampaio es secretario de Cultura. La ministra justificó este desembolso diciendo que una Unidad de Primeros Auxilios (UPA), antes gestionada por el estado, pasará a ser administrada por el municipio. Un mes antes del nombramiento de Sampaio como secretario, el ministerio representado por su madre había asignado una suma de 55,4 millones de reales, 11 millones de dólares, siempre para Cabo Frio. En mayo de 2023, la ministra Trindade revocó algunas partes de la Ordenanza 4.833, emitida el penúltimo día del gobierno de Jair Bolsonaro (PL), a saber la norma que hacía obligatoria la selección por currículo y el veto al nepotismo en la contratación en el sector de la salud.