El presidente de Ecuador Daniel Noboa firmó la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta como muestra de su compromiso para “garantizar que la sociedad ecuatoriana esté mejor informada a través de la libertad de expresión y de prensa”, según informó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Además, el mandatario recibió a una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con quienes dialogó sobre “los principales retos que enfrenta el periodismo ecuatoriano y la importancia de defender la libertad de expresión y prensa, como bastión para la democracia del país”.
La delegación está encabezada por el presidente de la SIP, Roberto Rock, del portal digital La Silla Rota, de México; por el expresidente de la SIP, Michael Greenspon, de The New York Times, Estados Unidos; el expresidente de la SIP, Jaime Mantilla, y el director ejecutivo de la organización, Carlos Lauría. Se sumarán también a la delegación internacional, la presidenta del Comité Ejecutivo de la SIP, Gabriela Vivanco, de La Hora, de Quito; y Carlos Pérez, el vicepresidente regional para Ecuador, de El Universo, de Guayaquil.
Rock contó que la delegación expuso a Noboa sus preocupaciones sobre la situación de los periodistas en el país. Según Fundamedios, una organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, durante el 2023, 11 periodistas ecuatorianos se exiliaron porque recibieron amenazas inminentes en contra de su vida. Solo en febrero de 2024, la ONG registró 15 agresiones y víctimas, frente a enero, cuando se contabilizaron 43 agresiones.
Uno de los temas tratado en la reunión entre Noboa y la SIP fue fortalecer y dar operatividad al mecanismo de protección a periodistas. Aunque el presidente firmó las declaraciones que promueven la libertad de expresión y prensa, el gobierno de Noboa no incluyó dentro de su presupuesto para este año el financiamiento para el mecanismo de protección. La falta de recursos económicos no permiten que es mecanismo sea operativo, lo que afecta la asistencia a los periodistas que, en el escenario violento que vive Ecuador, cada vez tienen menos garantías para realizar su trabajo.
Según publicó la Fundación Periodistas Sin Cadenas, el Consejo de Comunicación envió el 1 de febrero de 2024 una solicitud presupuestaria de cerca de USD 700.000 al Ministerio de Finanzas. Sin embargo, este valor no fue incluido: “Con los 700 mil dólares, el Mecanismo prevé costear el pago de salarios de funcionarios, abogados especializados en derechos humanos, psicólogos especializados, así como cubrir insumos de protección personal como chalecos antibalas y cascos, y un software para el monitoreo de amenazas. Además, incluyó un pequeño monto para la reubicación de periodistas amenazados”, se lee en un comunicado de la organización.
En una entrevista en La Regla del Pomodoro, Rock indicó que una de las motivaciones para la visita de la delegación de la SIP fue la toma violenta del canal 10 en Guayaquil. Además, aseguró que han observado la actuación del gobierno de Noboa durante estos primeros meses de gestión. Rock recordó que el periodismo ecuatoriano ha tenido etapas difíciles como sucedió en el correísmo.
Según comunicó la SIP, el objetivo principal de la misión es “abordar la situación que enfrentan los periodistas y medios locales en el ejercicio de su labor informativa. Debido a la situación de inseguridad general, producto del auge del crimen organizado, la violencia contra los y las periodistas ha aumentado, provocando además que comunidades enteras en el interior del país se conviertan en zonas de silencio”.
Según el Índice Chapultepec, un barómetro anual desarrollado por la SIP que evalúa la libertad de prensa en 22 países de las Américas, Ecuador ha sido ubicado en la categoría de “alta restricción” en lo referente a la dimensión de violencia e impunidad. El estudio subraya que en este entorno, llevar a cabo la labor periodística se convierte en una tarea prácticamente heroica.
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