Caso Purga: las conversaciones que revelaron los precios de los jueces de la Corte del Guayas

(Desde Quito, Ecuador) - La Corte Provincial del Guayas es el centro de la polémica luego de que saliera a la luz un presunto caso de corrupción. La pesquisa reveló una serie de diálogos entre Daniel Salcedo, implicado en un escándalo relacionado con la venta de suministros médicos durante la pandemia, y Mayra Salazar, quien ocupaba el puesto de relacionista pública en la corte en ese momento. Ahora ambos enfrentan procesos judiciales.

Según los documentos, Salcedo y Salazar emplearon identidades falsas en la aplicación Zangi para llevar a cabo comunicaciones secretas. En dichas conversaciones, Salcedo –explicó la Fiscalía– intentaba influir en la designación de jueces para sus casos penales y los de su hermano, así como en la suspensión de audiencias y la obtención de resoluciones favorables, todo a cambio de pagos económicos.

En los chats, Mayra Salazar y Daniel Salcedo hacen referencia a jueces específicos y se analizan estrategias para manipular la conformación de los tribunales y los sorteos judiciales. Además, se reveló cuáles eran los costos por influenciar los casos, estos variaban desde pagar por alterar el tribunal hasta lograr fallos favorables.

En el intercambio de mensajes también se menciona vinculados al caso Purga como Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte del Guayas, y Dalo Bucaram, exlegislador y cercano a Salcedo.

Los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla han enfrentando varios casos judiciales por crimen organizado, lavado de activos y fraude procesal. Salcedo logró ser liberado en diciembre de 2022 luego de una decisión judicial controvertida. Durante las conversaciones se mencionaba que el juez Morán supuestamente exigía USD 1 millón para liberar a Noé; sin embargo, Salcedo consideraba que esta suma era imposible de pagar ya que él había logrado su propia liberación pagando USD 80.000 dólares.

En abril de 2023, Daniel Salcedo pidió a Mayra Salazar que mediara con el juez Henry Morán, de la Sala de lo Penal de la Corte de Guayas, para organizar un encuentro en persona. Salcedo había sido liberado en esa fecha y buscaba influir en el caso relacionado con su hermano Noé. Durante esas conversaciones, se mencionó a “la amiga”, el alias que según la Fiscalía pertenece a Fabiola Gallardo, quien era la presidenta de la Corte Provincial en ese momento y presuntamente ofrecía ayuda para manipular el tribunal a cambio de pagos.

Dos meses después, en julio del año pasado, Salcedo volvió a pedir ayuda a Salazar para posponer una audiencia relacionada con su hermano, ofreciendo USD 1.000 dólares por cada juez, basándose en un pago previo que ya había hecho por esa cantidad. En octubre del mismo año, solicitó nuevamente posponer una audiencia, a lo que Salazar respondió que enviaría a un juez a un spa para evitar que se celebrara.

En las conversaciones también se menciona un acuerdo con dos jueces del tribunal. El trato implicaba un pago de USD 40.000, principalmente financiado por la madre de Salcedo. En las comunicaciones Salcedo y Salazar hablan sobre lo complicado de “influir” en el tribunal debido a que su caso es de relevancia pública. En junio de 2023, Salazar comunicó a Salcedo que el juez Guillermo Valarezo no estaba interesado en involucrarse en el caso y que Morán solicitaba USD 500.000. Sobre la decisión del juez Valarezo, Salazar le dice a Salcedo: “No porque no se pueda, pero no quiere estar en boca de nadie por el personaje, o sea usted. Sabe que eso va a ser pito”.

En esas conversaciones, Salazar contó a Salcedo que el juez Guillermo le sugirió dos opciones para modificar el tribunal. Una de ellas consistía en: “que Guillermo se salga y que se hable con (José Daniel) Poveda, que también regresó (a la Corte) y que está arreglando los sorteos con Xavier Muñoz”. Salazar le dice que se debe “amarrar ese sorteo”. Finalmente el caso fue conocido por Henry Taylor, Víctor Vacca y José Poveda Araus

En octubre de 2023, Salazar informó a Salcedo acerca de las dificultades para llegar a un acuerdo con los jueces, y le sugirió aguardar hasta enero por un nuevo Gobierno y por una nueva fiscal. Desde entonces ya se hablaba de iniciar un juicio político en contra de la fiscal general, Diana Salazar, para destituirla. El trámite, impulsado principalmente por el correísmo, está en la Legislatura, pero no cuenta con los votos suficientes.