Cuatro altos oficiales bolivianos fueron sometidos a “juicios abreviados” y sentenciados a dos y tres años de cárcel

Dos generales, un comandante y un almirante fueron sometidos a “juicios abreviados” y sentenciados a dos o tres años de cárcel después de que se declararon culpables de hechos confusos que llevaron a que Evo Morales renuncie y escape en 2019.

Morales demuestra de esta manera que, a pesar de haber dejado la presidencia, sigue decidiendo lo que debe hacer la justicia no sólo con los militares que él mismo ordenó detener, sino también con la ex presidente Jeanine Áñez, que será sometida a juicio ordinario.

Los militares ahora condenados están presos desde principios de 2020, cuando Morales exigió a la justicia que se los castigue por haber sido testigos del momento en que él reconoció que hubo fraude en las elecciones en que se postulaba.

El general Pastor Mendieta y el almirante Palmiro Jarjury fueron sentenciados a dos años de cárcel, que ya cumplieron y ahora saldrán en libertad, pero el general Jorge Terceros deberá estar un año más en la cárcel por haber revelado que fue el ministro de defensa de Morales quien propuso en 2019 que los militares tomen el poder.

Otros cincuenta oficiales siguen presos pero el régimen masista les exige aceptar sus culpas como condición para ofrecerles “juicios abreviados”, pero ellos no aceptan el chantaje y se reclaman inocentes.

El alto mando militar de 2019 estuvo presente cuando el cocalero Morales, acosado por una protesta nacional que no tuvo precedentes, debió aceptar que hizo fraude en las elecciones de octubre de ese año.

Él mismo ofreció entonces llamar a nuevas elecciones en vista de que los observadores de la OEA habían detectado 27 formas de dolo cometidas por su gobierno. Fue cuando su ministro de defensa, Javier Zavaleta, llegó a sugerir al comandante de las Fuerzas Armadas, general Williams Kalimán, que asuma la presidencia del país.

Los comandantes que asistieron a esas tensas reuniones son los que ahora han sido condenados. Las culpas que aceptaron haber cometido fueron el haber estado presentes en esas reuniones y presenciado el momento en que el general Kalimán, que había rechazado el ofrecimiento del ministro Zavaleta, optó por sugerir a Morales que renuncie porque las protestas crecían.

Temiendo que el levantamiento popular sea el comienzo de una revolución, Morales decidió renunciar y huir del país a bordo de un avión mexicano.

Antes de partir envió mensajes a sus seguidores para que impidan el ingreso de alimentos a las ciudades, como castigo por la revuelta. También pidió a sus colaboradores renunciar a sus cargos para impedir la sucesión constitucional.

Una organización de militares retirados denuncia ahora que el actual alto mando no defiende a los oficiales presos por orden del cocalero y asegura que los comandantes actuales no tienen las calificaciones ni los méritos para ocupar esos cargos.

Por otro lado, los jueces de El Alto y Sacaba que se declararon incompetentes para iniciar un juicio ordinario a la ex presidente Áñez serán ahora sometidos a “acciones disciplinarias” por la Procuraduría, ante las exigencias del cocalero Morales.

La decisión de la Procuraduría se produce una semana después de que el Consejo de la Magistratura había informado que respetaba la decisión de los jueces ahora amenazados.

“La Justicia ordinaria tiene Independencia judicial. Por lo menos el suscrito presidente en todo lo que ha tenido en gestión, ni por si acaso animarse a entrometerse a temas de carácter particular que llevan los más de 1.000 jueces en toda Bolivia”, había dicho el presidente del Consejo de la Judicatura, Marvin Molina.

Pero la Procuraduría dice ahora, después de las protestas del cocalero Morales, que el juicio ordinario contra la señora Áñez es “imperativo”.

La posibilidad del juicio ordinario desembocaría en que todo lo decidido por la señora Áñez se convierta en ilegal e inconstitucional, incluida la elección en que ganó Luis Arce, convocada por ella.

El analista político Carlos Chalup cree que es ese el verdadero propósito del juicio ordinario contra la ex presidente: que el actual gobierno sea declarado ilegal por haber nacido de unas elecciones convocadas por una presidente “de facto”.

De esa manera, dice esta lectura, serían descalificados Luis Arce y su vicepresidente David Choquehuanca y se debería llamar a elecciones anticipadas, que es lo que en el fondo quiere el cocalero Morales.

De todos modos, Morales está empeñado ahora en criticar la gestión económica de Arce, quien fue su ministro de economía durante trece años. “Sólo sabe obedecer, nunca ha tenido ideas”.