Persecución en Bolivia: abrieron una investigación contra Luis Fernando Camacho por supuesto tráfico de armas, allanaron su casa y no encontraron nada

El gobernador del departamento boliviano de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho —preso desde hace casi un año—, es objeto de una nueva investigación en su contra. La Fiscalía le abrió un proceso por supuesto tráfico de armas. Por ese motivo, se ordenó un allanamiento pero en su domicilio no encontraron nada.

En diálogo con Infobae, su abogado, Martín Camacho, narró en detalle los hechos. “En el municipio de San Javier, que se encuentra aproximadamente a unas tres o cuatro horas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se realizaron dos allanamientos. Uno de estos fue en la casa del señor Fernando Menacho, ex secretario de la gobernación de Santa Cruz. En este domicilio se encontraron cuatro armas: dos de ellas de aire comprimido, que usan perdigones y no son letales. Estas no son consideradas en Bolivia por la Ley 400 como armas de fuego y no necesitan ningún tipo de registro. Primero, porque el calibre es extremadamente chico, son unos perdigoncitos del tamaño de un poroto. Y, segundo, porque no utilizan pólvora. No están previstos entonces dentro de la ley. Y las otras dos armas que encontraron sí son de cacería que, según la ley boliviana, deben tener un registro. Las dos se encontraban en su momento con el registro correspondiente”, comenzó.

Y siguió: “Luego de este allanamiento, se trasladaron a una casa que tiene el gobernador en el municipio de San Javier. Allí no encuentran ningún tipo de arma, ningún tipo de artefacto que sea objeto de secuestro. No secuestran nada. Verifican. Uno de los abogados que trabaja en mi consorcio fue enviado justamente para este allanamiento. Él me reportó en todo momento los detalles y en realidad demoraron muy poco. Hicieron una revisión de todos los ambientes y se retiraron”.

“Ahora, ¿cuál es el hecho en realidad que preocupa mucho?”, se preguntó; a lo que respondió: “Nosotros, ya hace más de dos meses, teníamos conocimiento de este caso. Nos habían informado de fuentes confiables que se estaba montando un caso en el que se iba a tratar de involucrar al gobernador Luis Fernando Camacho con armas, con una sedición, con un supuesto alzamiento armado o con tráfico de armas. Era una información que veníamos manejando y que, incluso, ya lo denuncié en su momento. Lo mismo hizo el diputado de Creemos Oscar Michel”.

“Lo extraño es que el caso recién se inicia, o sea, la denuncia la inicia el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el 26 de octubre. Y lo hace sin ningún indicio, sin ningún arma... Con un informe supuestamente de inteligencia que dice que habría armas en el lugar. Lo extraño es que se realiza el allanamiento recién el día de hoy (viernes) y evidentemente no se encuentra ningún tipo de arma”, remarcó el letrado a este medio.

Luego enfatizó que le preocupa la forma en que están actuando el Ministerio Público, la Policía y el órgano jurisdiccional. “Además, porque una jueza, la señora Patricia Murillo, ha ordenado un allanamiento sin que exista ningún elemento para recolectar. En realidad, se ha iniciado una denuncia con un supuesto informe de un oficial de inteligencia desconocido, que se protege la identidad, supuestamente; y que dice que hay armas en el lugar. Esto es totalmente vulneratorio”, denunció.

“Atenta contra el debido proceso, contra el principio de presunción de inocencia y, evidentemente, contra los actos investigativos que deben realizarse con control jurisdiccional. Los policías han realizado una serie de actos investigativos, unos supuestos informes de inteligencia, unas supuestas pericias antropomórficas, todo sin que tenga conocimiento el juez. Es por eso que nosotros estamos bastante preocupados, vamos a asumir la defensa del gobernador, pero creemos que esta investigación debe ser rechazada justamente producto de los allanamientos en donde no se encontró ningún arma”, concluyó.

Fue el líder de la rebelión boliviana que denunció fraude en los comicios de 2019 en los que venció el ex presidente Evo Morales. Este abogado con maestría en derecho tributario en la Universitat de Barcelona ganó notoriedad como presidente del Comité Pro-Santa Cruz, un conglomerado de entidades empresariales, vecinales y laborales de la región más rica de Bolivia.

Tras las elecciones del 20 de octubre de 2019, convocó a las primeras protestas para denunciar fraude en las urnas. Las manifestaciones comenzaron en Santa Cruz pero se extendieron rápidamente a otras ciudades del país, incluida La Paz.

La noche del 4 de noviembre, mientras las protestas iban en aumento, Camacho voló de Santa Cruz a La Paz para forzar a Morales a firmar una carta de renuncia que él mismo había redactado. Sin embargo, tuvo que regresar a su bastión, impedido de salir del aeropuerto por la presencia de manifestantes oficialistas.

Camacho se convirtió en el rostro más visible de la oposición a Morales tras los comicios de 2019, aunque no había sido candidato a la Presidencia. Aliados suyos integraron el gabinete de la ex jefa de Estado interina Jeanine Áñez, entre ellos Jerjes Justiniano, en el influyente cargo de ministro de la Presidencia. Sin embargo, la mandataria lo apartó tres semanas después.

Justiniano había sido clave para alcanzar acuerdos de pacificación con sindicatos de campesinos y obreros leales a Morales, y para concertar una ley con los parlamentarios de izquierda que controlaban el Congreso para convocar a nuevas elecciones generales en 2020.

Al poco tiempo, la ruptura entre Camacho y Áñez quedó sellada cuando ambos lanzaron sus candidaturas para las elecciones de 2020. Ella luego la retiró por carecer de opciones de triunfo.

En esos comicios, el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, se alzó con la victoria con el 55,11 % de los votos. En segundo lugar, terminó Carlos Mesa, con el 28,83 %; y tercero, Camacho, con el 14,00 %.

Luis Camacho es gobernador del Departamento de Santa Cruz desde el 3 de mayo de 2021.