
La embajada de Estados Unidos en Ecuador emitió un comunicado sobre las investigaciones sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, ex legislador y candidato a presidente en las actuales elecciones. En dicho texto, la Misión Diplomática de Estados Unidos expresó su deseo de trabajar con las fuerzas del orden ecuatorianas e intercambiar conocimientos aprendidos de las investigaciones globales sobre el crimen organizado.
La declaración enfatizó en la importancia de defender la legitimidad del sistema democrático y el estado de derecho y señaló cuan amenazados están los derechos de voto cuando un candidato presidencial es asesinado. Además, se señaló que los incidentes violentos relacionados con las elecciones representan un riesgo directo para la democracia del Ecuador.
Según informes, el gobierno de Estados Unidos accedió a la solicitud del Presidente ecuatoriano de asesoramiento profesional y apoyo técnico a través del FBI. En el comunicado se reiteró que Estados Unidos mantiene su compromiso de ofrecer a las autoridades ecuatorianas apoyo técnico y profesional.

También se mencionaron las recompensas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Estos incluían hasta USD 5 millones por información que resultara en la captura y condena de los conspiradores y autores intelectuales del asesinato, así como hasta USD 1 millón por información que condujera a la identificación o ubicación de los principales funcionarios del grupo. La declaración explicó cómo las personas pueden compartir información sobre estas recompensas manteniendo la privacidad de sus identidades.
Se dejó claro que la Misión Diplomática guardará silencio sobre los detalles y acciones del caso mientras las autoridades ecuatorianas realizan su investigación.
Las investigaciones continúan con cierto nivel de hermetismo, aunque ya se cerró la etapa de la instrucción fiscal que es previa a la formulación de cargos según el derecho penal ecuatoriano. El siguiente paso es fijar una fecha para una audiencia preparatoria del juicio, la cual puede fijarse con una semana o hasta quince días de anticipación a la audiencia. Según el derecho procesal ecuatoriano, actualmente existen tres resultados posibles: que la Fiscalía emita un dictamen de abstención, indicando la falta de delito y el cierre del caso; que se emita un dictamen acusatorio para todos los procesados, lo que llevaría al juicio; que se emita un dictamen acusatorio, pero el juez decide sobreseer el caso por falta de pruebas.

Quedan pendientes algunas diligencias judiciales, como la revisión de los teléfonos de Christian Zurita, amigo y reemplazante de Villavicencio; Carlos Figueroa, médico y otro amigo de Villavicencio; y Patricio Carrillo, asambleísta del movimiento Construye, ex ministro del Interior y asambleísta electo por el movimiento de Villavicencio. Además, se convocó a rendir testimonio al ministro del Interior, Juan Zapata, César Gonzaga, parte de la seguridad del candidato, y al ex comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, quien fue destituido después de la muerte de siete implicados en el asesinato en prisión.
La Fiscalía informó que, previo a la conclusión de la investigación en esta etapa procesal, un testigo protegido había brindado información pertinente sobre el crimen de Villavicencio, identificando a quienes dieron la orden y estaban al tanto del operativo. Zurita indicó que este testigo, que no se encuentra privado de libertad, afirmó que los sicarios recibieron un pago de USD 20.000 por el asesinato de Villavicencio. De los 13 procesados en el caso, seis comparecerán en la audiencia preparatoria debido a la muerte de siete de ellos en cárceles de Quito y Guayaquil.
Christian Zurita, ex candidato presidencial de Ecuador que asumió la campaña tras el asesinato de Fernando Villavicencio, publicó hace unos días que el testigo implicó al “Gobierno Correa” en el crimen. Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, reaccionó fuertemente a esto y consideró que sus rivales han cometido un “fraude procesal” para modificar los resultados en el balotaje presidencial de este domingo.
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