
La Fiscalía General del Estado de Ecuador se pronunció tras la fuga de la ex ministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, la última semana, y expresó su profunda preocupación por el episodio.
“Esta institución considera que lo ocurrido es una burla para la ciudadanía y para los funcionarios honestos que trabajan en contra de la corrupción y la impunidad”, comienza el escrito difundido en las últimas horas.
Duarte estaba refugiada en la Embajada Argentina en Quito desde el 13 de agosto de 2020, cuando ingresó junto a su hijo en calidad de “huésped por razones humanitarias” tras haber sido sentenciada a ocho años de prisión por cohecho en la causa “Sobornos 2012-2016″, que investiga delitos de corrupción contra la administración pública.

“En el caso en cuestión, el Sistema de Justicia cumplió una labor técnica sobre la base de la Ley, que debe respetarse en el marco del estado de derecho. Por ello, que una de las sentenciadas sólo se vaya -como ha sucedido antes con quienes se han retirado el dispositivo de vigilancia electrónico o han recuperado su libertad gracias a la emisión de informes favorables- envía un mensaje infame de impunidad a la sociedad”, sentenció a continuación el escrito.
Desde un inicio, las autoridades ecuatorianas le han manifestado al Gobierno argentino su disconformidad con su recibimiento a la ex funcionaria, ya que consideran que atenta contra su sistema democrático y de justicia.
Sin embargo, desde el gobierno de Alberto Fernández no han dado lugar a dichos reclamos y, por el contrario, redoblaron la apuesta al ofrecerle asilo diplomático.
Todo ello ha derivado en un gran malestar en el Ejecutivo ecuatoriano, que aseguró haber emitido “comunicaciones a funcionarios de la Corte de Justicia y Fiscalía para que se activen los protocolos internacionales pertinentes para casos de personas con sentencia ejecutada” junto con el “Bloque de Búsqueda, Interpol y unidades investigativas para que realicen la localización y captura de la ciudadana Duarte”.
Así, desde el organismo ratificaron su voluntad de que la “prófuga” cumpla su debida sentencia y aseguraron que “emplean recursos públicos que -a pesar de todas las limitaciones, presiones políticas, económicas y hasta amenazas- conduce a que el engranaje de la Justicia alcance sentencias para quienes se han aprovechado de las arcas del Estado”.

La Fiscalía “nuevamente hace un llamado a todas las instituciones para que cumplan con sus funciones y se hagan cargo de sus responsabilidades y decisiones, velando porque las sentencias se cumplan y los responsables paguen su deuda con la sociedad”, concluye el comunicado.
En línea con esta postura, horas antes, el viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Luis Vayas, había convocado a una reunión al embajador de Argentina en el país, Gabriel Fuks, a fin de esclarecer una serie de cuestiones en torno al hecho, que permitan a las autoridades entender mejor la situación y dar con Duarte.
Sin embargo, el encuentro fue poco fructífero ya que el diplomático rechazó el pedido de las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la sede diplomática y aseguró desconocer el paradero de la prófuga.
Momentos más tarde, la Cancillería ecuatoriana recibió por medio de una comunicación telefónica con Fuks la confirmación de que Duarte se encontraba en Venezuela -precisamente en la Embajada argentina en Caracas-, donde no brindó “explicaciones sobre el modo” en que llegó al país “ni si se encuentra junto a su hijo” y “realizó averiguaciones sobre la documentación que nuestro país le pudiera extender”.
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