En Uruguay es la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) quien se encarga de controlar a todas aquellas personas cumpliendo medidas alternativas a la prisión efectiva. Dicha oficina cuenta con 99 funcionarios: 50 en la subdirección técnica y 14 cumpliendo roles verdaderamente técnicos.
Actualmente son 19.634 las personas bajo regímenes de medidas alternativas a la prisión, según informó El Observador. Esto significa que, por cada 198 imputados, habría un solo funcionario a disposición.
Una delegación de la OSLA liderada por el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, manifestó en el Parlamento su preocupación por la situación. “Se necesita una cifra importante”, dijo Mendoza ante la Comisión Especial de Seguimiento Carcelario de la Asamblea General, refiriéndose particularmente a la falta de técnicos.
A pesar de que la OSLA se debería encargar del control a nivel nacional, en la práctica solo cubre unos 40 kilómetros a la redonda de la capital, expresó el director y aseguró que, en el resto de los lugares, trabajan con un oficial de enlace en cada jefatura departamental.
En la Rendición de Cuentas -vigente a partir del próximo primero de enero de 2023, se prevé el ingreso de 65 funcionarios, 45 de ellos destinados al centro de monitoreo. Además, el ministerio tiene la intención de incorporar 23 psicólogos y 44 trabajadores sociales, informó El Observador. Sin embargo, desde la OSLA sostienen que es insuficiente.
Según la subdirectora de la oficina, Graciela Giacoya, actualmente se está trabajando en cubrir otras insuficiencias como por ejemplo en lo que respecta a la parte informática. Giacoya señaló que durante este gobierno se implementó un sistema informático de información -antes inexistente- y que hasta el momento se han ingresado a él unas 4.201 fichas de imputados.
No obstante, continua siendo difícil medir el nivel de reincidencia de aquellas personas que cumplieron medidas alternativas a la prisión porque no existen elementos ni “datos científicos” para determinarlo, expresó Mendoza.
Los controles
La OSLA está encargada, entre otras cosas, de llevar a cabo el control de aquellas personas que tienen una tobillera electrónica y de aquellas que se encuentran en prisión domiciliaria. Actualmente son 1.151 los individuos que entran dentro de esas clasificaciones y 474 viven en el áerea metropolitana. Para cumplir con la misión encomendada a la oficina, el control se hace a través de “planilla” y de tobillera, pero hay solo 17 policías y un móvil para realizarlo.
En el caso del control por “planilla” los policías deben hacerse presentes en los domicilios y verificar que el imputado está cumliendo con la medida determinada por la Justicia. Una vez constatada la situación, la persona firma una planilla. El problema radica en que este tipo de control se realiza a 388 personas por falta de personal, permitiendo que las visitas se hagan solo “una vez al mes”, indicó la subdirectora operativa, Gabriela Belén. “Al principio cumple (el imputado), pero después se da cuenta de que podemos ir una vez al mes, y hace su vida normal”, explicó.
En lo que respecta a las tobilleras también existen grandes limitaciones, debido a que son los mismos policías que controlan “planilla” los que instalan las tobilleras. Además, se encargan de llevar a los imputados a Fiscalía, al médico y hasta a cobrar a lugares de pago: “Somos una especie de Uber”, dijo Belén en el Parlamento. Teniendo en cuenta que hay 600 tobilleras para salidas transitorias y 163 conectadas para prisiones domiciliarias, desde la OSLA expresaron que “los números no dan” y “es imposible” controlar a todas estas personas.
En tanto, son solo 12 las personas trabajando en el centro de monitoreo de las 163 tobilleras electrónicas conectadas y controladas las 24 horas del día, solamente con el apoyo de un móvil policial. Como fue mencionado anteriormente, de los 65 nuevos funcionarios previstos en la Rendición de Cuentas, 45 estarán en el centro de monitoreo.
Según informó el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en noviembre de 2021, sobre 4.700 de las 14.700 personas que debían cumplir medidas alternativas a la prisión no se sabía qué había pasado por falta de recursos para fiscalizar, informó El Observador en su momento.
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