Guillermo Lasso acusó a Rafael Correa de querer alcanzar la impunidad a través de la presión en las calles de Ecuador

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, acusó al ex presidente Rafael Correa de haberse aliado con los grupos indígenas que propiciaron el levantamiento y los disturbios ocurridos hace casi tres meses, en junio de este año. El mandatario señaló que el ex presidente Correa tiene como único objetivo el lograr la impunidad a través de la presión callejera y de la oposición legislativa. Sobre esto advirtió que la impunidad no será objeto de negociación.

Antes del inicio de la sesión de la Asamblea General de la ONU, Lasso pronunció durísimas palabras sobre Correa, a quien acusó de temer su retorno a en Ecuador por miedo a ir a la cárcel. El mandatario calificó al líder de la izquierda en el país como un actor antidemocrático que durante su gobierno abusó y calumnió al sector indígena.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de conseguir un acuerdo con la bancada opositora, Lasso aseguró que con Correa no se puede dialogar porque debe cumplir con sus condenas y que el gobierno está prohibido de usar la carta de la justicia para alcanzar un acuerdo. Con esto queda descartada la posibilidad de un entendimiento entre el oficialismo y la oposición que suponga el indulto al exmandatario.

Lasso admitió que hay una tendencia electoral que es afín al correísmo y responde a un sector importante del país, que es tan significativo que incluso tienen la primera minoría legislativa y que lidera la mayoría opositora, en sociedad con el Partido Social Cristiano, antiguo copartidario del oficialismo. Por esto es importante entender cuáles son las aspiraciones de este sector de la sociedad y buscar satisfacerlas.

Sobre las revueltas indígenas de junio pasado, el mandatario confirmó que el país perdió 1.000 millones de dólares en 19 días de protestas violentas. La mitad de estas pérdidas corresponde a una interrupción en la producción petrolera y la otra mitad al cese de actividades privadas, además de elevar el riesgo país de 800 puntos a 1600 puntos.

La promesa del gobierno de redactar una ley de consulta previa antes de cualquier nueva actividad minera o de exploración petrolera ha detenido en gran medida el rechazo indígena, pero ha planteado otras nuevas preguntas y preocupaciones. Una de ellas es la posibilidad de intervención del ejército en caso de disturbios, asunto sobre el que Lasso ha aclarado que las fuerzas armadas sólo pueden intervenir en la lucha contra el narcotráfico o sobre las grandes amenazas transnacionales o el tráfico ilegal de personas o de armas.

El referéndum impulsado por el gobierno nacional se plantea en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Sin embargo, el presidente luce confiado al asegurar que las personas que están conscientes de estos riesgos y apoyarán la consulta popular.

Pero si el referéndum da un resultado negativo para el gobierno, el presidente Lasso ha dicho que respetará la voluntad del electorado. También marcó un contraste con las consultas convocadas durante el gobierno Rafael Correa sobre las que dijo que estuvieron amenazadas por piquetes de militares instalados horas antes de la votación para influir en la votación.

Un problema recurrente en Ecuador son los motines y la violencia carcelaria, que se han cobrado más de 400 vidas desde 2020. Para Lasso, este fenómeno se explica por la reacción de las mafias del narcotráfico, que responden con violencia al récord de incautaciones de drogas de su gobierno que ya supera las 300 toneladas en el primer año, convirtiendo a Ecuador en el tercer país con más incautaciones, según la última lista de la Oficina de Drogas de la ONU.

Lasso no negó que existan más razones estructurales para la grave situación carcelaria, las cuales se reflejan en tres problemas: falta de un censo penitenciario en toda la historia de la República, hacinamiento del 20% en las cárceles y déficit de 50 guardias penitenciarios.

En este contexto, Lasso se comprometió a completar el primer censo de internos del país con sus identidades y condenas que podría tener listo hasta diciembre. También se comprometió a incorporar a nuevos guardias penitenciarios que ya están siendo capacitados por la Policía Nacional e iniciar una política integral de rehabilitación social, indultos y reducción de penas.

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