Legisladores nicaragüenses leales a Daniel Ortega aprobaron el lunes una ley que permite al Estado hacerse cargo de seis universidades que el régimen cerró la semana pasada.
Los centros universitarios privados incluyen la Universidad Politécnica de Nicaragua, que fue el semillero de manifestaciones estudiantiles antigubernamentales en 2018.
Los estudiantes y los centros de educación superior jugaron un papel clave en las protestas de hace cuatro años en todo el país que fueron una amenzaza al régimen de Ortega. Más de 300 personas murieron durante la represión que siguió.
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“El Consejo Nacional de Universidades (CNU) garantizará la continuidad de los estudios de los 14,000 estudiantes (de las universidades clausuradas)”, dice la iniciativa, que había sido enviada por Ortega con carácter de urgencia al Congreso.
Según la Asamblea Nacional, dichos centros serán sucesores “legales sin solución de continuidad” de las extintas universidades, y gozarán de “personalidad jurídica, autonomía funcional, técnica, administrativa y financiera, patrimonio propio, duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones”, además serán miembros del Consejo Nacional de Universidades (CNU).
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Adrián Meza, rector de la Universidad Paulo Freire, una de las instituciones afectadas, ligó la medida a aquellas protestas contra Ortega. “Nos quitan la universidad porque hicimos lo correcto en 2018: estar al lado de nuestros estudiantes”, afirmó.
El régimen también ha despojado a seis universidades extranjeras de sus permisos de operación dentro de Nicaragua, argumentando que habían violado la ley. “Es un intento por acabar con el pensamiento crítico”, afirmó a la agencia Reuters María Asunción Moreno, profesora de derecho constitucional.
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La decisión del Ejecutivo y del Legislativo ha causado polémica en Nicaragua, debido a que aumenta la influencia del régimen en las universidades del país.
Al menos uno de los rectores, Adrián Meza, de la UPF, optó por el exilio en Costa Rica, alegando razones de seguridad.
Las masivas manifestaciones antigubernamentales lideradas por los estudiantes en abril de 2018 fueron neutralizadas con ataques armados que dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de los cuales el régimen ha admitido 200 y denunciado se trató de un intento de golpe de Estado.
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Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
(Con información de Reuters y EFE)
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