Para lograr el objetivo de “femicidios cero”, el gobierno ecuatoriano ha anunciado la activación del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres. La Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador estará a cargo de la implementación del sistema que tiene como función coordinar, planificar, organizar y ejecutar acciones integrales vinculantes a todos los poderes del Estado para el efectivo ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Adicionalmente se busca la implementación del Registro Único de Violencia, de acuerdo con la información proporcionada por la cartera de Estado.
Solo en las últimas semanas, en Ecuador, se han registrado seis muertes violentas de mujeres, que incluye a menores de edad.
Las cifras de la violencia contra las mujeres en el Ecuador son alarmante. De acuerdo con la Fundación Aldea, desde que se tipificó el femicidio como delito en el 2014 hasta 2020, ocurrieron al menos 850 femicidios. Las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí, de las más habitadas en el Ecuador, son las que más femicidios registran.
En lo que va del año 2021 han ocurrido 48 femicidios. De ellos se estima que el 84% de los agresores fueron convivientes, esposos o ex parejas. De acuerdo con la información de la Fundación Aldea, cada 72 horas una mujer es asesinada en el Ecuador. Según un estudio de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana GIZ, la violencia contra las mujeres le representa al país USD 4.600 millones.
Pero el femicidio no solo acaba con la vida de una mujer sino que destruye a su entorno familiar. La Fundación Aldea estima que más de 1.095 niños y niñas se han quedado sin madre por el femicidio. “Se trata de niños, niñas o adolescentes que, en muchos casos, presenciaron los feminicidios, resultaron heridos o son sobrevivientes. Detrás de cada feminicidio, hay familias que se han visto impactadas por la violencia extrema contra las mujeres. En la mayoría de los casos, los feminicidas fueron los padres o padrastros de estos niños, niñas, jóvenes quienes son víctimas invisibles que merecen cuidado, atención y reparación integral”, explica la organización.
Las cifras oficiales presentan una realidad similar. Al comparar los datos de las encuestas de violencia contra las mujeres realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, entre el 2011 y el 2019, la violencia se ha incrementado en un 4,3% a escala nacional. De los 48 femicidios de este año, el 59% de las víctimas eran madres.
En una entrevista con Infobae, la secretaria de Derechos Humanos del Ecuador, Bernarda Ordóñez, adelantaba que uno de los ejes de su gestión sería la lucha en contra de la violencia de género. Cuando el presidente Guillermo Lasso anunció el nombre de Ordóñez le encargó que, para el final del mandato, se llegue a la promesa de “femicidios cero”.
De ahí que Ordóñez afirma que el femicidio es 100% prevenible cuando toda la estructura del Estado funciona. Sin embargo, la ministra ha explicado que “para hacer una correcta política pública de erradicación y de prevención necesitamos datos, necesitamos georeferenciación, necesitamos inteligencia artificial, necesitamos sistemas de alerta temprana, para poder identificar en donde una mujer ha recibido amenazas, cómo tenemos que movilizar lo que en la teoría se llama la prevención primaria y secundaria de estos delitos”. El Sistema que ahora implementará el gobierno debería cumplir con lo dicho por Ordóñez, pues el presidente Lasso se ha comprometido a saldar una “deuda histórica” con las mujeres.
También el Registro Único de Violencia servirá como un instrumento para registrar datos e información de actos, atenciones e intervenciones en favor de mujeres víctimas de violencia basada en género. Lasso indicó que este registro es “una deuda social que ningún gobierno del pasado se ha interesado en pagar. ¡Será el mejor registro en Sudamérica, sobre este tema!”.
Los femicidios son un problema que afecta a toda la región. El Secretario General de Naciones Unidas incluso ha solicitado a los jefes de Estado de todo el mundo que elaboren políticas públicas tendientes a dar respuesta a este flagelo. De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de CEPAL en Latinoamérica las tasas más altas de feminicidio por cada 100.000 mujeres se observan en el caso de Honduras (6,2), El Salvador (3,3), República Dominicana (2,7) y el Estado Plurinacional de Bolivia (2,1). En algunas provincias del Ecuador la tasa de femicidios por cada 100.000 mujeres llega al 3,8.
Una publicación de MundoSur en cambio señala que, durante la pandemia, los países con más femicidios fueron El Salvador, México, Brasil, Venezuela, República Dominicana, Argentina, Colombia, Nicaragua y Puerto Rico.
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