Riga, -5 de agosto- (EFE) Estonia ha recibido un préstamo de 2.340 millones de euros del mecanismo de financiación SAFE (Acción de Seguridad para Europa) de la Comisión Europea (CE) para financiar el gasto en defensa, según anunció el Ministerio de Finanzas estonio en un comunicado el miércoles.
La emisora pública nacional ERR citó al ministro de Defensa, Hanno Pevkur, diciendo que los 2.340 millones es exactamente la cantidad que Estonia había solicitado.
"El préstamo contribuirá a acelerar la implementación de los planes de desarrollo de capacidades del Ministerio de Defensa", dice el comunicad del Ministerio de Finanzas.
Janno Luurmees, jefe del Departamento del Tesoro del Ministerio, afirmó que utilizar el préstamo SAFE es una forma sensata de financiar el fortalecimiento de las capacidades de defensa.
"La Unión Europea puede obtener préstamos en condiciones más favorables que Estonia, lo que ayuda a ahorrar en intereses", dijo..
Luurmees explicó que el plazo de 45 años del préstamo SAFE permite que los pagos se distribuyan a lo largo de un período más extenso.
"Al contraer deuda, conviene combinar diferentes instrumentos, fuentes y plazos para obtener las condiciones más favorables posibles. De esta forma, podremos realizar las inversiones necesarias en defensa nacional y reducir la carga sobre los presupuestos estatales en los próximos años", dice el Ministerio..
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El mecanismo SAFE promueve la organización de la adquisición conjunta de materiales de defensa. Para fomentar el desarrollo de la capacidad productiva de la industria de defensa europea, al menos el 65 % de los componentes finales de los productos adquiridos deben ser de origen europeo.
Al igual que sus vecinos Letonia y Lituania, Estonia se ha comprometido a destinar al menos el 5 % de su producto interior bruto (PIB) a la defensa nacional.
Según informa ERR, Estonia presentó su solicitud final de préstamo SAFE, o plan de inversión para la industria de defensa, a la CE en noviembre de 2025. Las adquisiciones y entregas basadas en dicho plan deben implementarse a más tardar en 2030. EFE
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