Un tribunal evalúa a partir de mañana si paraliza el proceso de destitución de Ramaphosa

Nairobi, 14 jul (EFE).- Un tribunal de Sudáfrica evaluará estos miércoles y jueves en una audiencia la solicitud urgente presentada por el presidente del país, Cyril Ramaphosa, para que se paralice su proceso de destitución relacionado con un informe de 2022 que lo acusa de una posible violación de las leyes anticorrupción del país.

Ramaphosa presentó el pasado 12 de junio ante el Tribunal Superior de Cabo Occidental la solicitud, que busca detener los trabajos del comité de la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento) de Sudáfrica formado para evaluar la posible destitución del mandatario, bautizado como Comité de Destitución sobre la Investigación de la Sección 89 (de la Constitución).

El artículo 89 de la Constitución sudafricana permite la destitución de un presidente en ejercicio por una violación grave de la carta magna, mala conducta o incapacidad para desempeñar las funciones propias del cargo.

En su petición, Ramaphosa, en el poder desde 2018, pide una orden judicial para que se pare el proceso hasta que se resuelva otro recurso que él mismo presentó en mayo ante el mismo tribunal contra el informe de 2022 y que tiene una audiencia programada del 2 al 4 de septiembre.

Según informó este martes en un comunicado el Parlamento de Sudáfrica, asistirá a la vista de esta semana y representará al comité de destitución su presidente, el diputado Makashule Gana, del partido RISE Mzansi (RISE), que cuenta con dos escaños en la Cámara.

El proceso contra Ramaphosa se reanudó el pasado 8 de mayo, después de que el Tribunal Constitucional de Sudáfrica declarase "inválida y nula" la votación en la que el Parlamento rechazó en 2022 el citado informe elaborado por un panel independiente.

El informe hacía referencia al escándalo del robo millonario en una granja propiedad de Ramaphosa en Phala Phala (norte), que llevó a un partido opositor minoritario a presentar una moción contra el presidente y a la creación del panel.

Ese partido acusaba a Ramaphosa, entre otros cargos, de incumplir la Constitución, que prohíbe a los miembros del Gobierno ejercer otras labores profesionales remuneradas, después de que el presidente admitiera que se dedica a la venta de animales de presa, al asegurar que el dinero robado provenía de ese negocio (donde es habitual el pago en efectivo) y no de lavado de dinero.

El escándalo estalló en junio de 2022, cuando el exjefe de la agencia de inteligencia del país Arthur Fraser demandó al jefe de Estado, al acusarlo de ocultar a la Policía y a la Hacienda sudafricanas un robo de casi 4 millones de euros escondidos en la granja, ocurrido el 9 de febrero de 2020.

La Presidencia ya negó entonces las acusaciones de Fraser y confirmó que hubo un robo ese día, pero el mandatario alegó que la suma sustraída fue de 580.000 dólares (unos 508.000 euros al cambio actual). EFE