Lima, 10 jul (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) de Perú rectificó una criticada resolución que desde octubre de 2022 permitió que las leyes del Congreso pudieran incluir gastos de recursos públicos y estableció "como criterio interpretativo vinculante" que esa prerrogativa es, por regla general, una competencia del Ejecutivo.
La resolución, aprobada por mayoría por los miembros del TC, se conoció este viernes, dos semanas antes de la investidura de la derechista Keiko Fujimori, quien ganó las elecciones presidenciales del pasado 7 de junio.
La decisión declaró fundada una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Ejecutivo contra una norma que modificaba las directrices para la reubicación de ciudadanos del distrito de Belén, en la región amazónica de Loreto.
El TC señaló, al respecto, "que los congresistas no tienen iniciativa de gasto que incida en el presupuesto anual" del país y que los proyectos de ley que impliquen algún incremento en el gasto público "deberán ser coordinados con el Poder Ejecutivo" respetando "las competencias constitucionalmente previstas en materia presupuestaria y de manejo de la hacienda pública".
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"Estas pautas institucionales constituyen una nueva regla respecto de los criterios jurisprudenciales previos", remarcó el TC en un comunicado, en alusión a la resolución que emitió en octubre de 2022 para permitir que las leyes del Congreso incluyeran el gasto de fondos públicos.
Esta semana se informó que Fujimori, quien asumirá el gobierno el próximo 28 de julio, se encontrará con un histórico incremento del gasto público de más de 36.700 millones de soles (unos 10.700 millones de dólares) anuales que suponen alrededor del 3 % del producto interior bruto (PIB) nacional.
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El origen de ese gasto está en más de 200 leyes aprobadas por el Congreso en el último quinquenio, lo que fue calificado en Perú como una 'farra (juerga) fiscal' del Legislativo que concluye sus funciones a fin de mes.
Muchas de esas normas fueron respaldadas por el fujimorismo en el Congreso, a pesar de ser observadas por el Gobierno y tener la opinión negativa del Consejo Fiscal, la Contraloría (Tribunal de Cuentas) y diversos sectores que advirtieron un impacto negativo en el déficit fiscal y el incremento de la deuda pública para los próximos años.
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Al referirse a este tema, el presidente del TC, Helder Domínguez, anticipó a inicios de junio pasado que los magistrados del Constitucional iban a precisar su posición con "mayor tino" y diálogo.
Fujimori adelantó, por su parte, que se podía presentar "un documento para que el Tribunal Constitucional pueda reevaluar que el Congreso, como antes, no tenga iniciativa de gasto". EFE
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