
La Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no trasladar a su legislación nacional los cambios en las normas sobre colchones de capital de la banca europea, pese a que los Estados miembro tenían hasta noviembre de 2024 para hacerlo.
En concreto, España no ha trasladado determinados aspectos del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles establecidos en la revisión de la Directiva sobre cadenas de filiales para que estos colchones se establezcan en base consolidada para un abanico más amplio de entidades e introduciendo un tratamiento específico para las entidades que se espera que se liquiden en los procedimientos de insolvencia ordinarios cuando quiebren.
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Según denuncia Bruselas, hasta la fecha todos los Estados miembro salvo España han notificado ya la transposición de la norma y, en el caso de España, la irregularidad se mantiene a pesar de que los servicios comunitarios remitieron a las autoridades una carta de emplazamiento informando del inicio del expediente sancionador en enero de 2025.
Bruselas dio paso a la segunda fase del procedimiento de infracción en julio de 2025, con el envío de un dictamen motivado que daba un nuevo plazo para el diálogo para buscar una solución a las irregularidades, pero los contactos no han dado fruto y, por ello, la Comisión eleva ahora el caso ante la Justicia europea y pide una sanción financiera contra el país incumplidor.
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