Santiago de Chile, 9 jun (EFE).- La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile conformó este martes la comisión que revisará la solicitud de juicio político impulsada por parlamentarios del oficialismo y la extrema derecha contra el exministro de Hacienda de Gabriel Boric, Nicolás Grau, a quien acusan de supuestas inconsistencias en cálculos fiscales.
Ingresada durante la tarde del lunes a la secretaría del Legislativo, la acción fue impulsada por las formaciones de ultraderecha Partido Republicano (PR), fundado por el actual mandatario, José Antonio Kast, y el Partido Nacional Libertario (PNL), que recibieron el respaldo de congresistas del Partido de la Gente (PDG), Renovación Nacional (RN) y del Partido Social Cristiano (PSC).
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El corazón de la acusación en contra de Grau apunta a que presuntamente infringió el principio de probidad establecido en la Constitución y las normas que regulan la administración financiera del Estado, así como el principio de universalidad presupuestaria.
Los cuestionamientos al también exministro de Economía del expresidente Boric tomaron fuerza luego de que el actual jefe de Hacienda, Jorge Quiroz, reportara que detectó un supuesto desfase superior a 10.500 millones de dólares en la estimación de la deuda pública.
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La presentación del libelo acusatorio recibió críticas no solo desde la actual oposición de centro e izquierdas, sino también por parte de un sector de la centroderecha chilena, aliada de Kast, que no refrendó el documento.
En la misma línea, cuatro exministros de Hacienda y más de 50 economistas firmaron cartas públicas en medios locales en favor de Grau, donde señalaron que esperan que la acción "no prospere" y llamaron a todos los sectores a "actuar con responsabilidad", respectivamente.
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La comisión revisora del Congreso tiene seis días para emitir un informe no vinculante que evalúe el mérito de la acusación, para que luego sea el pleno de la Cámara Baja el que decida si el juicio trasciende o no al Senado.
La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley chilena que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en su destitución o su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años.
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El proceso contra Grau tiene lugar en plena tramitación de la megarreforma impulsada por Kast, un polémico paquete de medidas que no tiene asegurada su aprobación en el Senado, al no existir una mayoría clara, y que contempla importantes rebajas de impuestos a grandes empresas e invariabilidad tributaria a 25 años, entre otras medidas. EFE