Hamás y Yihad Islámica de Palestina rechazan la ley israelí de pena de muerte para palestinos

La “ley de ejecución de prisioneros palestinos”, como han llamado organizaciones palestinas al nuevo texto legal israelí, ha sido calificada como una amenaza directa contra la vida de los detenidos y motivo de alarma para organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos. Según consignó el diario ‘Filastín’ y retomó el medio Europa Press, tanto Hamás como la Yihad Islámica de Palestina rechazan con contundencia la norma aprobada por el Parlamento israelí, norma que contempla la pena de muerte por ahorcamiento y en secreto para personas palestinas condenadas por delitos de terrorismo, y que excluye de su aplicación a ciudadanos israelíes.

El Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás) aseguró en un comunicado que esta ley refleja, en sus palabras, “la naturaleza sangrienta de la ocupación y su enfoque basado en el asesinato y el terrorismo”, así como un “desprecio de la ocupación y sus líderes por el Derecho Internacional”. Según publicó Europa Press, Hamás señala que la nueva norma “expone la falsedad” de los compromisos de Israel con los valores universales y afirma que representa “un peligroso precedente que amenaza la vida de nuestros heroicos prisioneros en las cárceles de la ocupación”. El grupo instó a la comunidad internacional, así como a Naciones Unidas y la Cruz Roja, a tomar medidas urgentes para garantizar la protección de los detenidos frente a lo que define como “la brutalidad de la ocupación”.

En ese sentido, Hamás también realizó un llamado a la movilización palestina en todos los frentes: político, legal y mediático. Asegura que todos los sectores deben participar para respaldar a los presos y advirtió directamente a las autoridades israelíes que responderán de manera proporcional a lo que consideran un crimen. De acuerdo con el mismo comunicado recogido por el diario ‘Filastín’ y citado por Europa Press, la organización ha advertido de consecuencias ante la aplicación de esa política, responsabilizando a Israel de la escalada de tensión derivada de sus decisiones.

Por su parte, la Yihad Islámica de Palestina se sumó a la condena con un llamado directo a “intensificar la confrontación con la ocupación en todas partes” con el objetivo de revertir la ley y proteger la vida de quienes se encuentran encarcelados. Esta organización, según anotó Europa Press, acusó que la ley convierte las cárceles en espacios dedicados a la “liquidación política” y sostuvo que el sistema legal de Israel se ha transformado en una “herramienta de venganza política”, tan violenta como los operativos militares desarrollados sobre el terreno.

La Yihad Islámica señaló en su comunicado, citado por Europa Press, que la aprobación de la medida “no brindará seguridad al Estado ocupante, sino que exacerbará aún más la tensión en la región y creará una nueva realidad en defensa de los presos y para proteger sus vidas”. Además, criticó lo que denominó como “el uso del marco parlamentario para aprobar un genocidio ante los ojos del mundo”, subrayando la gravedad de que el Parlamento israelí utilice sus facultades para avanzar en esta dirección. Según reportó el mismo medio, la organización denunció una política sistemática de hostigamiento y persecución y afirmó que la persistente pasividad internacional y regional equivale, en su expresión, a “una flagrante complicidad”.

Ambas agrupaciones, Hamás y Yihad Islámica, han realizado peticiones concretas para que instituciones internacionales y humanitarias, incluyendo el Tribunal Internacional de Justicia y la Comisión de Investigación de Naciones Unidas, cataloguen la ley como crimen de lesa humanidad e inicien acciones legales contra los responsables israelíes en tribunales internacionales. De acuerdo con la información de Europa Press, las organizaciones consideran esta vía indispensable para frenar lo que denominan una agresión dirigida contra la población palestina detenida y sus derechos fundamentales.

La reacción al interior de Palestina no se ha limitado a las facciones islamistas. De acuerdo con Europa Press, la Autoridad Palestina también expresó su desacuerdo con la legislación aprobada por el Parlamento israelí. Varios países europeos, entre los que se encuentran Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, manifestaron críticas hacia la norma, señalando su preocupación ante la posible vulneración de derechos básicos y la discriminación derivada de la exclusividad de la medida hacia la población palestina.

Organizaciones de derechos humanos, como el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, sumaron sus voces al rechazo, detalló Europa Press. Estas agrupaciones alertan sobre el impacto de la legislación en el sistema carcelario y los riesgos que supone para la vigencia del derecho internacional humanitario. Sostienen que la norma podría consolidar patrones estructurales de discriminación y represalia, que profundizan la crisis de derechos en el marco del conflicto israelí-palestino.

La ley, aprobada el lunes por el Parlamento israelí, introduce la posibilidad de aplicar la pena capital por ahorcamiento y de forma oculta tras procedimientos judiciales, exclusivamente en casos de terrorismo perpetrados por personas palestinas. Quedan exentos de esa disposición los ciudadanos israelíes, según documentó Europa Press. La aprobación del texto legal ocurre en un contexto de tensiones crecientes y ciclos recurrentes de violencia en la región, marcado por fuertes medidas de seguridad y confrontaciones entre las fuerzas israelíes y actores palestinos.

El texto y sus repercusiones han abierto un debate dentro y fuera de Israel respecto al alcance de los castigos y la selectividad de la administración de justicia, elemento que, conforme a las organizaciones y países críticos, podría intensificar la discordia y contribuir al deterioro de la situación humanitaria en las cárceles de la región. Según recopila Europa Press de los comunicados difundidos, las organizaciones palestinas acusan que este tipo de políticas debilitan los esfuerzos internacionales orientados a la paz y la protección de los derechos fundamentales de las personas en conflicto armado.