El exgerente de Nasuvinsa achaca a un "problema de custodia" que no haya actas sobre las adjudicaciones a Servinabar

Al ser cuestionado sobre la ausencia de documentación que respalde la labor de las mesas de contratación en varias adjudicaciones públicas llevadas a cabo por Nasuvinsa, Alberto Bayona indicó que, después de varios intentos por localizar las actas correspondientes, no fue posible presentarlas debido al paso del tiempo y a fallos en la conservación de documentos. Bayona, antiguo gerente de la empresa pública, compareció ante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones, según consignó el medio de comunicación. En su intervención, explicó que la desaparición de estos registros obedecería a un “problema de custodia y del tiempo transcurrido, porque al final siete años son siete años”, subrayando que actualmente, con la digitalización, estos problemas no se producirían. De acuerdo con la información publicada, la Comisión examina la asignación de promociones de Viviendas de Protección Oficial (VPO) a la UTE Acciona-Servinabar, proceso en el que la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) detectó irregularidades al no encontrarse actas ni propuesta formal de adjudicación.

El medio detalló que Bayona formó parte como vocal en la mesa de contratación encargada de adjudicar una promoción de 62 viviendas en Erripagaña, etapa en la que, según su declaración, la figura de presidente no existía en las mesas de contratación de las empresas públicas navarras. Precisó que las funciones de coordinación las asumía el secretario, responsable de recibir y distribuir la documentación. “Yo fui vocal de la mesa, éramos cuatro vocales. Como no hay constancia de las actas, entiendo que no había presidente de la mesa. Quien hacía un poco la coordinación era el secretario de la mesa, recibía la documentación, distribuía la documentación”, señaló durante la comparecencia, de acuerdo con la misma fuente.

Bayona indicó ante la Comisión que, en el periodo comprendido entre 2018 y 2021, los abogados de la Corporación Pública Empresarial de Navarra informaron que no existía la figura de presidente en las mesas de contratación de ninguna empresa pública. Según explicó, en el caso particular de las 62 VPO en Erripagaña, la mesa no debatió sobre si debía haber presidencia, ya que el pliego venía redactado así y el secretario siguió los criterios comunes de la Corporación Pública. El medio reportó que el exgerente recalcó que fue en 2021 cuando la normativa exigió la presencia de un presidente en la mesa de contratación.

Sobre la práctica habitual de firmar las actas, Bayona reconoció que en Nasuvinsa era costumbre dicha formalidad, pero insistió en que ahora no pueden acreditarlo por no haberse localizado los documentos. “Era práctica habitual en Nasuvinsa la firma de las actas, esto es cierto, pero también es cierto que no se ha podido acreditar, es decir, no están las actas”, manifestó según publicó el medio. Para Bayona, la ausencia de actas constituye una irregularidad. No obstante, remarcó durante la sesión que considera que algunos de los aspectos observados por la OANA cuentan con una posible justificación jurídica o legal, aunque reconoció su desacuerdo con algunas posiciones recogidas en el informe.

La sesión abordó otras potenciales anomalías señaladas por la OANA. Sobre la promoción de 46 VPO, la Oficina resaltó el incumplimiento por parte de la UTE Acciona-Servinabar de la obligación de contratar a tres personas con discapacidad, requerimiento del que Bayona, como gerente en ese momento, afirmó que no pudieron presentar ningún documento acreditativo. “No está acreditado el cumplimiento, es decir, que efectivamente se lo requirió la OANA a Nasuvinsa y no lo han podido acreditar con un documento y, por tanto, no podemos saber si ese cumplimiento se ha producido o no”, expuso.

En relación a la exclusión en esa misma adjudicación de la empresa con la mejor propuesta técnica, la OANA planteó la hipótesis de una posible colusión al superar el precio máximo de licitación. Bayona, según informó el medio, explicó que la interpretación de la mesa de contratación fue que la empresa excluida confundió el precio de licitación con el valor estimado, sin que se percibiera un patrón inusual o concertado. “Lo que la mesa interpretó es que, por error, después de una brillante propuesta técnica, la empresa había tomado como referencia un precio que no era el que tenía que tomar y la mesa no vio ese indicio de colusión”, indicó al responder ante los parlamentarios.

Durante la comparecencia, Bayona también explicó una relación profesional desarrollada tras dejar Nasuvinsa: realizó análisis de parcelas para Antxon Alonso, administrador de Servinabar, tras conocerlo durante el proceso de adjudicación. El medio detalló que Bayona aclaró que tal actividad no se tradujo en una contraprestación e indicó que analizar parcelas de interés para distintos clientes o posibles clientes es parte habitual en su sector, con el objetivo de identificar oportunidades para futuros proyectos. Informó que finalmente los análisis no dieron lugar a ninguna operación ni colaboración concreta.

Sobre el origen de la iniciativa para dichos análisis, el exgerente explicó que surgió de una conversación casual en la que Alonso preguntó sobre su nueva actividad profesional. Bayona aseguró que los análisis se centraron en parcelas privadas tanto dentro como fuera de Navarra, y reiteró que, de haberse materializado algún proyecto, se habrían observado los plazos estipulados por la ley de incompatibilidades. “No ha habido ningún tipo de relación contractual, ni laboral, ni de prestación de servicios” con Servinabar, declaró según reportó el medio.

Bayona manifestó asimismo que ni el consejero José Mari Aierdi, exgerente de Nasuvinsa, le mencionó a Alonso, ni conoce a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Durante su trayectoria en la empresa pública, recalcó, no detectó señales de corrupción, manipulación ni injerencias políticas en los procesos de adjudicación. Añadió que la empresa ha ido evolucionando, pasando de un sistema de archivo en papel poco eficiente a sistemas digitales que, en la actualidad, permiten mayor trazabilidad y evitan la falta de documentación. El medio indicó que la comisión de investigación continuará analizando estos procesos y la documentación vinculada a las adjudicaciones para esclarecer las responsabilidades y eventuales irregularidades en el manejo de fondos y procedimientos públicos.