Bruselas investiga la legalidad de ayudas públicas francesas a EDF para nuevos reactores nucleares

La Comisión Europea ha expresado inquietudes acerca de las consecuencias que un paquete de ayudas públicas podría tener sobre la competencia en el sector energético europeo y sobre el equilibrio de riesgos entre la empresa y el Estado. De acuerdo con un comunicado citado por el medio, la institución comunitaria pone bajo escrutinio si el respaldo financiero proyectado por Francia a favor de Électricité de France (EDF) para la construcción de seis nuevos reactores nucleares realmente cumple con los lineamientos de proporcionalidad e idoneidad que exigen las reglas comunes sobre ayudas de Estado.

Según informó la Comisión Europea, el gobierno francés notificó a las autoridades comunitarias en noviembre de 2025 acerca de su intención de apoyar dicho proyecto de construcción y operación. Este plan contempla una capacidad total de producción de 9.990 megavatios y prevé instalar los reactores en complejos ya existentes: dos en Penly, dos en Gravelines y dos en Bugey. La puesta en funcionamiento de estas centrales se planifica entre los años 2038 y 2044, con una vida útil estimada de seis décadas y un coste total de 72.800 millones de euros.

El medio detalló que uno de los principales objetivos de este plan, según expone el Ejecutivo comunitario, es contribuir a fortalecer tanto la seguridad del suministro de electricidad, no solo para Francia, sino también para países vecinos de la Unión Europea, y avanzar en los compromisos de descarbonización de la región. La Comisión resalta que cada Estado miembro puede elegir su fuente principal de energía, y en el caso francés, la política energética prioriza la energía nuclear.

El procedimiento de investigación iniciado por Bruselas responde, según la Comisión, al carácter complejo del caso y constituye un paso habitual cuando se trata de expedientes de esta magnitud. Conforme informó la Comisión Europea, el examen se focalizará en las tres principales medidas planteadas por Francia. Primero, un préstamo subvencionado que cubriría el 60% de los costes estimados de construcción, concedido con una tasa de interés preferencial. Segundo, un contrato a 40 años bajo el modelo de contrato bidireccional por diferencia, con el objetivo de asegurar la estabilidad de ingresos en las nuevas instalaciones nucleares. Tercero, un mecanismo de reparto de riesgos que contempla una lista concreta de eventos que podrían incidir en el costo o el rendimiento del proyecto.

El medio comunicó que las dudas de Bruselas se orientan principalmente a la evaluación sobre si este paquete de ayudas realmente constituye solo lo “estrictamente necesario”. Los servicios comunitarios explicaron que desean analizar si el diseño y volumen de la ayuda garantizan un equilibrio adecuado entre la atenuación de riesgos para incentivar la inversión y la preservación de incentivos que motiven a EDF a operar con eficiencia, sin trasladar de forma desproporcionada los riesgos financieros al Estado francés.

Según consignó la Comisión Europea, el análisis a fondo se centrará también en el impacto del paquete de ayudas sobre la competencia dentro del mercado energético comunitario, con especial atención en si podría suponer una consolidación o un incremento indirecto del poder de mercado de EDF, que ya actúa como propietario y operador de todas las centrales nucleares en territorio francés. Bruselas indicó que la estructura de propiedad de la nueva empresa explotadora, que será íntegramente filial de EDF, constituye un elemento relevante en este análisis.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Comisión, la apertura de un procedimiento de investigación en casos “complejos” representa una etapa habitual previa a la toma de decisiones definitivas sobre la compatibilidad del apoyo público con la normativa comunitaria. Las conclusiones determinarán si el plan francés puede ejecutarse en los términos propuestos o si debe ajustarse a las indicaciones que finalmente emitan los servicios comunitarios.