FSC-CCOO exige a Correos "información inmediata" sobre el papel de la empresa en la regularización de migrantes

CCOO calcula que alrededor de medio millón hasta un millón de personas podrían verse involucradas en el proceso de regularización extraordinaria de migrantes para el cual Correos asumirá un rol estratégico como infraestructura pública. En este contexto, el sindicato advierte sobre la magnitud y la urgencia de la tarea, subrayando la necesidad de que se aclaren los términos de la participación de la empresa y se refuercen las condiciones laborales para afrontar el proceso. De acuerdo con el medio FSC-CCOO, la organización sindical ha dirigido una petición formal a la dirección de Correos, solicitando “información inmediata” sobre cómo se gestionará el nuevo encargo y reclamando, además, una reunión urgente para abordar los pormenores de la gestión.

En la carta enviada al presidente de Correos, CCOO no solo exige detalles concretos sobre el papel de la empresa en esta política de Estado, sino que también plantea demandas referidas a la negociación de las condiciones de trabajo, el refuerzo de plantilla, el acceso a formación adecuada y la dotación de medios suficientes. El sindicato insiste en la necesidad de articular una compensación económica específica para el personal, considerando el elevado volumen de solicitudes previsto. Según informó FSC-CCOO, estos recursos adicionales permitirían gestionar el proceso con garantías y minimizar el riesgo de colapso en los servicios por insuficiente planificación y falta de personal.

La organización sindical ha señalado que la dirección de Correos no ha informado de antemano a los trabajadores ni a sus representantes sobre funciones relacionadas con el nuevo proceso, lo que genera incertidumbre en la plantilla. CCOO recuerda además que, en las últimas décadas, España ha implementado al menos seis procesos de regularización de población migrante, situando estos procedimientos en el marco de políticas de Estado orientadas a garantizar derechos, ordenar el mercado laboral y sacar a la luz parte de la economía sumergida, según publicó FSC-CCOO.

El sindicato subraya que, a diferencia de ocasiones anteriores, Correos será considerada por primera vez una estructura pública esencial para el desarrollo de una iniciativa estatal de estas características. En este sentido, CCOO indica que la participación de la empresa se produce en el marco de sus misiones dentro del Servicio Postal Universal y los Servicios de Interés Económico General, donde ya gestiona tareas de índole social. Sin embargo, recalca que el volumen previsto de solicitudes y la concentración de plazos, que se situarán entre abril y junio, supondrán una carga laboral extraordinaria que no resulta abordable sin una planificación adecuada y medios suficientes.

Según detalló FSC-CCOO, el despliegue operativo que se requiere no puede confiarse a la improvisación o depender exclusivamente del compromiso voluntario del personal. El sindicato insiste en que la escala inédita del proceso, junto con la urgencia de los plazos y su impacto sobre la carga de trabajo, exige una respuesta estructurada y dialogada con la representación de los trabajadores. En este sentido, FSC-CCOO subraya la importancia de que la dirección de Correos facilite información suficiente para el diseño de las condiciones de trabajo, la organización de los medios materiales y humanos necesarios y la negociación de posibles compensaciones.

Finalmente, FSC-CCOO reitera que la falta de comunicación previa por parte de la empresa no solo afecta a la organización del trabajo, sino que puede comprometer la viabilidad y los resultados del proceso, así como la calidad del servicio prestado a la ciudadanía. Ante este escenario, el sindicato mantiene su exigencia de diálogo y reclama transparencia por parte de Correos sobre su papel en la regularización.