Una ONG denuncia 43 asesinatos a personas que buscaban a desaparecidos en México desde 2010

Rubí Patricia Gómez Tagle, quien se había convertido en una buscadora tras la desaparición de su hijo, fue asesinada el 27 de febrero en Sinaloa, en coincidencia con una visita oficial de la presidenta de la República a dicho estado. De acuerdo con Artículo 19, organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos, la muerte de Gómez Tagle se suma a una lista de 43 personas —en su mayoría mujeres— que han perdido la vida o han desaparecido en México tras emprender la búsqueda de sus familiares desaparecidos desde 2010. Artículo 19 denunció que estas agresiones se han incrementado y que las personas dedicadas a estas tareas enfrentan un desamparo institucional y un riesgo permanente.

Los datos difundidos por Artículo 19, citados por el medio, revelan que de estas 43 agresiones letales contra quienes buscan desaparecidos, 35 corresponden a asesinatos y ocho a desapariciones forzadas. La organización precisó que la mayor parte de las víctimas son mujeres, en total 25 de los casos registrados. Además, enfatizó que miles de mujeres en México han asumido la tarea de buscar a sus familiares perdidos en medio de una crisis nacional de desapariciones.

La organización ubicó a Guanajuato como el estado con el mayor número de agresiones contra personas buscadoras, con 11 casos documentados. Según consignó Artículo 19, el periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) fue especialmente violento para este sector: durante esos años, 18 buscadoras fueron asesinadas o desaparecidas. Bajo la actual presidencia de Claudia Sheinbaum, la ONG ha contabilizado 14 víctimas.

El medio informó que la última víctima, Rubí Patricia Gómez Tagle, formaba parte del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa tras dedicarse a labores de apoyo y acompañamiento a otras mujeres y familias afectadas por la desaparición de personas. Tras su asesinato, Artículo 19 manifestó su preocupación porque los hechos ocurrieron cuando la presidenta se encontraba en Sinaloa.

La denuncia pública de Artículo 19 se realizó solo dos días después de la presentación del “Informe de la estrategia de búsqueda y localización de personas desaparecidas” por parte del Gobierno mexicano. Este informe oficial refleja un registro acumulado de 394.645 personas desaparecidas en México desde 1952 hasta la fecha. La organización subrayó que el registro gubernamental no debe utilizarse para minimizar ni la dimensión ni la gravedad de la crisis de desapariciones que aqueja al país.

Según la organización, los esfuerzos de búsqueda a menudo se ven obstaculizados por la crisis forense y la ausencia de coordinación efectiva entre fiscalías estatales y autoridades responsables de la localización de personas. Artículo 19 agregó que existen deficiencias e irregularidades, así como falta de transparencia en los registros oficiales de fosas clandestinas. Ante este panorama, la ONG reclamó que el Estado ha dejado en situación de indefensión a las personas buscadoras, quienes suelen suplir la inacción oficial en la búsqueda de sus seres queridos.

El recuento histórico presentado por Artículo 19 evidencia que la violencia contra quienes buscan a desaparecidos se ha mantenido y, en años recientes, tiende a aumentar. El año 2025, según la organización, resultó el año más peligroso para los familiares de desaparecidos, ya que durante ese periodo se registraron 11 asesinatos o desapariciones entre personas dedicadas a estas tareas.

La ONG alertó sobre el riesgo creciente al que se exponen familiares y colectivos que han asumido la responsabilidad de encontrar a sus personas desaparecidas y demandan justicia. El desamparo institucional ha generado que familias y especialmente mujeres se organicen en colectivos, pese a ser víctimas de amenazas, agresiones y asesinatos.

Sobre el contexto forense, según publicó Artículo 19, México atraviesa una situación crítica en la identificación de restos humanos, con irregularidades en el resguardo y reporte de cuerpos y fosas clandestinas. Esta situación, según describió la organización, entorpece la localización e identificación de las personas desaparecidas, agudizando la crisis humanitaria.

La documentación de 43 casos letales de personas buscadoras en poco más de una década revela la dimensión del peligro para quienes salen en busca de verdad y justicia. Artículo 19 remarcó que esta violencia se produce en un marco de impunidad, desprotección estatal y una crisis de seguridad que afecta especialmente a quienes exigen respuestas ante la desaparición de sus familiares.

Artículo 19 también sostuvo que visibilizar las agresiones contra personas buscadoras resulta fundamental para exigir medidas de protección y garantizar condiciones seguras para quienes ejercen el derecho a la búsqueda. La organización considera prioritario que las autoridades fortalezcan los mecanismos de protección y atención a familiares de personas desaparecidas, así como que se esclarezcan los hechos de violencia cometidos en su contra.