La ONU constata 1.300 muertos en ejecuciones sumarias durante los últimos cinco meses de conflictos en RDC

Niñas y adolescentes han sido identificadas como el principal grupo afectado por la red de esclavitud sexual que ha surgido en las últimas expansiones del grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), según alertó Naciones Unidas. Estas operaciones violentas han llevado a la consolidación de actividades delictivas en diversas regiones, especialmente en Kivu Norte y Tshopo, con saldo de cientos de asesinatos y miles de desplazados. La ONU, de acuerdo con los datos publicados esta semana, ha constatado desde finales de año un agravamiento de los crímenes cometidos en el este de República Democrática del Congo (RDC), con 1.300 personas muertas en ejecuciones sumarias y casi 1.500 ciudadanos en condición de desaparecidos durante los últimos cinco meses.

Según informó Naciones Unidas, la violencia extrema que asola la zona oriental de la RDC está marcada por múltiples conflictos armados, pero el enfrentamiento principal involucra al Ejército y las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23), especialmente en la región de Kivu. Estos choques han tenido un impacto directo en la seguridad y el bienestar de la población civil, situación agravada por la presencia de otros grupos armados activos en provincias cercanas como Ituri.

Nada Al Nashif, Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informó que su oficina ha documentado unos 600 incidentes de ejecuciones sumarias colectivas en solo cinco meses, a lo que se añaden cerca de 1.200 casos de agresión física, incluidas torturas, violaciones y otras formas de trato inhumano. La funcionaria alertó que la utilización de la violación como método de guerra muestra una tendencia al alza. En ese periodo, la ONU registró 450 víctimas de violencia sexual y de género, en medio de lo que califica como una "escalada de la violencia sexual contra la infancia".

En cuanto a los responsables, la ONU identificó tres actores principales: el grupo armado M23, las milicias aliadas al gobierno, llamadas wazalendos, que combaten contra ellos, y las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), asociadas a Estado Islámico. Estas últimas han extendido su influencia y actividad, especialmente en Ituri y, más recientemente, en Kivu Norte y Tshopo. El medio consignó que este grupo ha dejado más de 260 víctimas mortales en sus incursiones, y ha generado un éxodo de miles de personas, además de la instauración de prácticas como el sometimiento de menores a la esclavitud sexual.

Naciones Unidas también responsabilizó a elementos de las fuerzas de seguridad estatales congoleñas, atribuyéndoles más de una cuarta parte de las violaciones de los derechos humanos documentadas en este periodo, así como uno de cada tres casos de violencia sexual. El registro para este sector gubernamental incluye tanto agresiones a civiles como violaciones al debido proceso y al derecho internacional humanitario.

Otro dato aportado por la ONU refiere que tras la retirada del M23 de la ciudad de Uvira, en la región de Kivu Sur, los equipos de Naciones Unidas localizaron varias fosas comunes, que estiman podrían contener los restos de más de 200 personas. Esta situación pone en evidencia la persistencia del conflicto y el impacto de las alternancias de control territorial entre los bandos enfrentados.

El espacio cívico en la República Democrática del Congo presenta una reducción progresiva, según reportó la ONU. Naciones Unidas detalló un ambiente de creciente presión por parte del Ejecutivo encabezado por el presidente Félix Tshisekedi, con restricciones a la actividad de periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición. Quienes ejercen labores de denuncia y crítica se enfrentan a intimidación, acoso y privación arbitraria de la libertad.

Durante el periodo de octubre a febrero del año pasado, al menos 42 integrantes de la oposición resultaron arrestados por manifestar públicamente sus opiniones, de acuerdo con lo detallado por Nada Al Nashif. El destino de algunos de estos detenidos continúa siendo desconocido, lo que preocupa ante la posibilidad de que se trate de desapariciones forzadas.

El Consejo Nacional de Ciberdefensa también aparece mencionado en el informe, señalado por la detención arbitraria de 82 personas, en su mayoría opositores políticos, periodistas y defensores de derechos humanos desde octubre pasado. Naciones Unidas explicó que muchas de estas personas se mantienen incomunicadas en lugares no oficiales, incluyendo residencias privadas, privándoles del acceso a representación legal en un contexto donde se han identificado casos de tortura y otros tratos degradantes.

El medio recogió que las consecuencias de esta crisis se extienden a la vida cotidiana de comunidades enteras, que se enfrentan al desplazamiento forzado, la pérdida de familiares y condiciones de extrema inseguridad. Las organizaciones internacionales y la propia ONU han reiterado la necesidad de aunar esfuerzos para mitigar el impacto humanitario de la violencia e insistir en el respeto a los derechos fundamentales y la protección de la infancia.

Las cifras expuestas por Naciones Unidas en relación a asesinatos, desapariciones y violencia sexual en el este de la RDC ilustran la intensidad de los conflictos armados en la región y el amplio alcance de sus repercusiones, tanto para la seguridad física como para los derechos civiles y políticos de la población.