El ministro del Petróleo iraní tilda de "ecocidio" los ataques contra la infraestructura energética del país

La reciente declaración del ministro del Petróleo de Irán, Mohsen Paknejad, expuesta ante Naciones Unidas, relaciona los bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel con graves transgresiones al derecho internacional, tanto en términos humanitarios como medioambientales, y encuadra estos actos en la categoría de ecocidio. Así lo recoge el texto enviado al secretario general de la ONU, António Guterres, y simultáneamente al Consejo de Seguridad, según informaron las agencias iraníes Mehr y Fars. Paknejad sostiene que los ataques dirigidos a depósitos de combustible constituyen una violación explícita del Derecho Internacional Humanitario y de compromisos multilaterales vinculados a la protección ambiental. El ministro afirma en su misiva: “El ataque deliberado contra los depósitos de combustible constituye una clara violación del Derecho Internacional Humanitario y de las obligaciones medioambientales multilaterales”.

Según publicó Mehr News Agency, la denuncia se produce después de que Israel confirmara la realización de dos ataques recientes sobre instalaciones estratégicas iraníes. Una de las operaciones tuvo como objetivo una planta de agua pesada ubicada en la provincia de Arak, situada en el centro-oeste del país, y la otra impactó una fábrica de óxido de uranio concentrado en la provincia central de Yazd. De acuerdo con autoridades persas citadas por Mehr, tras estos eventos no se detectó ningún riesgo de contaminación que pudiera afectar a la población civil.

El medio Mehr detalló que, además de las instalaciones nucleares y energéticas, otras infraestructuras productivas resultaron afectadas por bombardeos. Dos plantas de acero localizadas en el suroeste de Irán sufrieron ataques. La primera, en la provincia de Juzestán, no reportó oficialmente víctimas ni heridos, información confirmada por el subdirector de Seguridad regional, Valiollá Hayati. El segundo ataque afectó tanto a una subestación eléctrica como a una fábrica de acero situada en Mobaraké, provincia de Ishafán, según comunicó la televisión estatal IRIB.

En el mismo contexto, la Organización de Energía Atómica de Irán informó sobre un ataque a la central nuclear de Bushehr, al sur del país junto a la costa, operada y gestionada por la empresa estatal rusa Rusatom. Los voceros de este organismo comunicaron que la planta y su personal no resultaron dañados ni sufrieron consecuencias directas, descartando lesiones u otro tipo de daños personales a raíz del incidente.

Fars News Agency subrayó en sus despachos que la denuncia formal enviada por el titular de Petróleo busca atraer la atención del sistema internacional hacia la naturaleza de estos ataques, los cuales —según el funcionario iraní— cumplen con los criterios para ser catalogados como delitos ambientales bajo la figura del “ecocidio”. Paknejad argumentó en su carta que la acción contra instalaciones de combustible y energía tiene consecuencias que exceden el daño inmediato y podrían constituir crímenes conforme a la legislación ambiental internacional. El término “ecocidio” que utiliza Paknejad alude a actos que provocan destrucción significativa, extensa o duradera al medio ambiente y está siendo discutido por juristas en distintas instancias internacionales como posible crimen internacional.

El medio Fars también reportó que estos eventos se inscriben en el marco de la operación denominada ‘Furia Épica’, calificada por medios oficiales iraníes como una serie concertada de ataques por parte de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en territorio iraní. Los funcionarios persas sostienen que los ataques buscan afectar la capacidad de producción y almacenamiento energético del país, además de socavar la seguridad ambiental mediante impactos en sectores industriales y nucleares.

Paknejad, en su comunicación, exige a las Naciones Unidas una respuesta ante estos ataques y solicita que se destine atención específica a las obligaciones internacionales de protección ambiental y derechos humanos, argumentando que las acciones armadas que ponen en peligro infraestructuras energéticas no tienen solo efectos militares o económicos, sino también ambientales de alcance considerable. La carta remitida, según detallaron IRIB y Mehr, pone de relieve la preocupación de Teherán sobre las consecuencias ecológicas y el precedente que establece en materia de responsabilidad internacional por daños ambientales derivados de operaciones militares.

Las agencias iraníes coincidieron en que, pese a la gravedad de los bombardeos y la selección de objetivos de infraestructura crítica, las autoridades locales no han reportado hasta el momento heridos ni víctimas fatales. Las investigaciones acerca de la magnitud del daño continúan. Mientras tanto, la denuncia formal presentada por el ministro del Petróleo busca avanzar en el debate internacional sobre la calificación penal de los actos contra el entorno y la estructura económica-energética de un Estado.