La ONU denuncia que las autoridades sirias siguen sin depurar responsabilidades por la violencia en Sueida

Casi 35 localidades de población drusa resultaron destruidas y numerosos comercios fueron saqueados durante la última oleada de violencia en la provincia siria de Sueida, mientras miles de habitantes continúan desplazados sin expectativas de retorno a corto plazo. Según la investigación publicada por Naciones Unidas este viernes, el Gobierno de Siria no ha impulsado iniciativas concretas para abordar la crisis en esa región ni ha tomado medidas efectivas para identificar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas desde el verano anterior. La persistencia de la impunidad y la ausencia de avances en procesos de justicia o reconciliación parecen retroalimentar la inestabilidad, mientras que los enfrentamientos y ataques se mantienen en diferentes comunidades del territorio.

De acuerdo con lo consignado por Naciones Unidas, entre el 14 y el 19 de julio tuvieron lugar tres episodios violentos que marcaron un punto crítico para la zona. El informe señala que la primera ola surgió tras una operación lanzada por fuerzas gubernamentales, entre ellas efectivos de las Fuerzas de Seguridad Interna y del Ejército Árabe Sirio. Estas unidades fueron identificadas como responsables de asesinatos, ataques directos e indiscriminados contra civiles, detenciones y secuestros arbitrarios, torturas, tratos inhumanos, saqueos, ataques a la propiedad civil y agresiones sexuales y de género. Naciones Unidas destacó que los otros dos estallidos registrados implicaron también a facciones drusas y beduinas, estas últimas con respaldo del gobierno de Damasco.

El medio de comunicación detalló que la Comisión de Investigación sobre Siria responsabilizó a todas las partes en conflicto por "gravísimas violaciones" a los Derechos Humanos. La organización internacional puntualizó que el primer brote de violencia resultó el más mortífero, mientras que el tercero, centrado en ataques tribales dirigidos hacia civiles drusos, ocasionó los niveles más elevados de destrucción material en la región.

El reporte especificó un saldo de al menos 2.000 víctimas fatales durante los enfrentamientos sectarios, entre ellos varios civiles drusos. Estos hechos se suman a denuncias internacionales relativas a ejecuciones extrajudiciales, torturas, saqueos sistemáticos y violencia sexual, todo ello en un contexto de vacío institucional y fragmentación del territorio sirio tras la caída de la dinastía Al Assad a finales de 2024. Según publicó Naciones Unidas, la llegada al gobierno del ex líder yihadista Ahmed al Shara no ha logrado estabilizar la situación, ni generar un entorno de diálogo genuino entre las partes involucradas.

La misma investigación señala que las causas fundamentales del conflicto, como la exclusión política, las disputas en torno a la autoridad territorial y la desconfianza hacia el gobierno central, continúan sin resolverse. Naciones Unidas lamentó la ausencia de procesos de negociación o reconciliación formales, lo que refuerza la percepción de impunidad tanto entre la población local como entre observadores internacionales. También alertó que, tras un alto el fuego declarado el 19 de julio, no se registraron progresos verificables para que las víctimas obtengan justicia o reparación.

El informe difundido subraya que solamente se ha tenido conocimiento de la detención de 23 miembros del personal de seguridad y de las fuerzas armadas sirias, implicados presuntamente en los excesos cometidos durante los enfrentamientos. Según reportó Naciones Unidas, la información pública sobre los procedimientos e investigaciones abiertas contra estos detenidos ha sido limitada, sin que hayan trascendido detalles sobre posibles sanciones o sentencias.

A la par de la falta de avances judiciales, la violencia no ha cesado por completo. Naciones Unidas informó sobre la continuidad de incidentes violentos esporádicos en la provincia de Sueida, lo cual mantiene a grandes áreas del territorio fuera de control de cualquier autoridad estatal o local. Alrededor de 115.000 personas se mantienen desplazadas en espera de una solución política, según consignó el organismo internacional.

Tal como refiere Naciones Unidas, la situación humanitaria sigue siendo crítica. Los desplazados carecen de acceso a servicios básicos y sus posibilidades de regresar a sus comunidades de origen se ven obstaculizadas por las condiciones de inseguridad persistentes en amplias zonas de Sueida. En ese contexto, la falta de un proceso de reconciliación amplía el riesgo de nuevos episodios de violencia y ahonda la fractura social en la región.

La ONU advierte que el escenario en Sueida representa un desafío central para el gobierno de Ahmed al Shara, quien desde su ascenso al poder busca consolidar la gobernabilidad en un país fragmentado por años de guerra y disputas sectarias. La incapacidad para controlar la región y restaurar instituciones funcionales robustece la percepción de que no existen mecanismos efectivos de protección para la población civil ni respuestas adecuadas frente a las violaciones a los Derechos Humanos documentadas.

En su evaluación, Naciones Unidas reiteró la urgencia de que actores estatales y no estatales adopten medidas inmediatas para frenar los abusos, garantizar investigaciones transparentes e independientes y crear condiciones que permitan el retorno seguro de los desplazados a sus hogares. Igualmente insistió en que abordar las raíces estructurales del conflicto constituye un paso necesario para evitar que episodios similares se repitan en otras regiones del país.