La Iglesia celebra que el Defensor pida investigar abusos a menores tutelados y exige exención fiscal a indemnizaciones

Los obispos han expresado su preocupación por evitar que las compensaciones económicas dirigidas a las víctimas de abusos sexuales soporten cargas fiscales, una cuestión que, según fuentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE) citadas por Europa Press, aún sigue sin resolverse en la mayoría de las comunidades autónomas, lo que restringe la exención solo a Navarra. Este punto cobra relevancia en el contexto del reciente acuerdo firmado en enero de 2025 entre la Iglesia, el Gobierno y el Defensor del Pueblo, destinado a crear un sistema mixto de reparación a las víctimas y un procedimiento para acoger casos donde la vía jurídica ha quedado descartada.

De acuerdo con Europa Press, la Iglesia ha valorado positivamente la petición del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, de investigar casos de explotación sexual de menores bajo tutela institucional, propuesta expuesta por la oficina del Defensor en un informe presentado en el Congreso de los Diputados. Al mismo tiempo, la institución eclesial ha reiterado su exigencia para que las indemnizaciones recibidas por las víctimas queden exentas de tributación, aludiendo a que tal reclamación ya formaba parte del acuerdo suscrito con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el 8 de enero de 2025.

Según la información publicada por Europa Press, el acuerdo firmado entre la Conferencia Episcopal Española, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y el Gobierno estableció el desarrollo de un sistema colaborativo entre Iglesia y Estado con el objetivo de reparar a las víctimas de abusos ocurridos en el ámbito eclesial. El texto indica que la materialización de este convenio demanda la colaboración de la Defensoría del Pueblo, quien tendrá la función de recibir casos que no hayan accedido a la vía judicial o no deseen acudir directamente a instancias eclesiásticas. De este modo, se propone un itinerario complementario pero no alternativo al que ya opera dentro de la Iglesia para la atención de las víctimas.

El pacto firmado en enero previó la redacción formal del convenio en febrero del mismo año, condición para el inicio de un periodo de un año (prorrogable a dos) durante el cual las víctimas pueden presentar solicitudes de indemnización. El documento firmado establece que este plazo comenzará a contar desde el momento de la firma del acuerdo de colaboración entre las partes implicadas: CEE, CONFER, Defensor del Pueblo y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Las solicitudes se orientarán hacia la reparación integral de los afectados, incluyendo mecanismos restaurativos, simbólicos, apoyo psicológico o psiquiátrico –que podrá ampliarse a la familia–, y reparación moral.

Según recopiló Europa Press, las fuentes de la Conferencia Episcopal han destacado que el procedimiento ya desplegado por el Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA), no tiene carácter obligatorio ni se encuadra en un marco legal, sino que responde a una voluntad moral autoimpuesta por parte de la Iglesia para atender a quienes no han podido acudir a tribunales. Además, remarcan que este procedimiento se mantiene abierto, incluso si finalmente no se firma el acuerdo formal, porque su enfoque busca asegurar una reparación que no se limite a la compensación económica, sino que también incluya acompañamiento y encuentro para las víctimas.

Las fuentes consultadas por Europa Press han subrayado que las condiciones fijadas en el acuerdo prohíben la duplicidad en la gestión de los casos, es decir, impedir que existan dos resoluciones distintas respecto al mismo episodio de abuso. Han advertido que alterar esta condición equivaldría a modificar lo acordado con el ministro Bolaños, por lo que la Iglesia insiste en que el itinerario convenido resulte igual para todas las personas, ya sea que decidan acudir directamente a la Iglesia o mediante la oficina del Defensor del Pueblo.

Según Europa Press, el acuerdo también contempla que la CEE y la CONFER mantendrán sus mecanismos propios de reparación mediante la comisión asesora del PRIVA, cuyos trabajos comenzaron en 2024. El texto detalla que la colaboración entre Iglesia y Gobierno involucra la consulta y participación activa de las víctimas para definir el “estatuto básico” que regule el procedimiento de reconocimiento y las diversas formas de reparación integral.

En declaraciones reproducidas por Europa Press, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, destacó durante la rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo en enero que este proceso abre la posibilidad de que la aplicación de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), pueda extender la reparación a víctimas de otros ámbitos fuera del entorno eclesial. No obstante, el ministro Félix Bolaños puntualizó que el alcance del acuerdo es exclusivo para personas que han sufrido abusos en el seno de la Iglesia Católica y que no se incluye ningún compromiso adicional que trascienda este ámbito.

El instrumento de reparación se inscribe en el marco de la citada Ley Orgánica, cuya finalidad es promover la protección integral de menores frente a la violencia, extendiéndose a cualquier ámbito de la vida social, como ha venido pidiendo la Iglesia, según Europa Press. La norma legisla las responsabilidades públicas y privadas para resguardar a los menores y fomentar la prevención, detección, atención y reparación de quienes han sido víctimas de abusos.

Con motivo del convenio, la Iglesia ha reiterado mediante las fuentes consultadas por Europa Press la defensa de la exención fiscal sobre las compensaciones a las víctimas que ya ha abonado. En este sentido, insisten en la necesidad de que este criterio se extienda a todo el país y no solo a Navarra, a fin de no penalizar económicamente a quienes han sufrido delitos y recibido reparaciones.

El sistema mixto diseñado busca armonizar los procedimientos internos de la Iglesia y las nuevas rutas abiertas bajo el paraguas del Defensor del Pueblo, para atender situaciones que queden fuera del alcance del sistema judicial. El convenio de colaboración, una vez firmado oficialmente, dará comienzo al plazo previsto para que las víctimas puedan solicitar indemnizaciones y acceder a otras formas de acompañamiento y compensación, conforme a los términos acordados entre Iglesia, Ejecutivo y Defensor del Pueblo.

La propuesta del PRIVA, según detalla Europa Press, contempla reparaciones económicas superiores a las que habitualmente dictan las sentencias judiciales en materia civil y mantiene abiertas sus vías de atención y acogida, independientemente del ritmo de avance de la legislación y los acuerdos formales que deben suscribirse. Las víctimas podrán así ser reconocidas y atendidas bajo un estatuto específico consensuado a través del convenio que recogerá la opinión y aportaciones de las propias personas afectadas.

La negociación para poner en marcha este acuerdo se enmarca en la voluntad de ofrecer una respuesta integral y coordinada entre distintas instituciones para atender las demandas de las víctimas, asegurar procedimientos no duplicados y clarificar el marco fiscal aplicable a las indemnizaciones. Según ha detallado Europa Press, el desarrollo y la implementación de este modelo de reparación continúan sujetos al cumplimiento de los plazos estipulados y a la colaboración efectiva entre todos los agentes firmantes.