Entra en vigor la suspensión de visados de estudio para Afganistán, Camerún, Birmania y Sudán en Reino Unido

El Gobierno británico ha resaltado que la ayuda al asilo supera en la actualidad los 4.000 millones de libras anuales. De acuerdo con la información difundida por el propio Ejecutivo y citada por diferentes medios, cerca de 16.000 ciudadanos provenientes de Afganistán, Camerún, Birmania y Sudán reciben algún tipo de apoyo financiado por las arcas públicas, y entre ellos se cuentan más de 6.000 alojados actualmente en hoteles. Esta situación ha llevado a las autoridades del Reino Unido a implementar una nueva restricción: la suspensión de la emisión de visados de estudio para nacionales de esos cuatro países que, según denuncia el Gobierno, ha presentado una tendencia al alza en el abuso del sistema migratorio.

Tal como publicó el medio Europa Press, la medida anunciada a inicios de marzo ha entrado en vigor este jueves y supone el cese temporal de la concesión de visados de estudio para ciudadanos afganos, sudaneses, birmanos y cameruneses, así como la paralización de permisos de trabajo para afganos. El Ejecutivo británico argumenta que tomó esta decisión tras identificar un aumento del 470% en las solicitudes de asilo de estudiantes de estas nacionalidades entre 2021 y 2025. Además, señala que la cifra de afganos con visado de trabajo que han solicitado asilo en territorio británico ha sobrepasado la cantidad de permisos laborales emitidos.

El Gobierno ha enfatizado que muchas de las personas beneficiadas por estos visados terminan dependiendo de fondos públicos y que el porcentaje de quienes declaran encontrarse sin recursos económicos resulta superior a la media que presentan los solicitantes de otras nacionalidades. “Una proporción superior a la media (...) se declara en situación de indigencia”, afirmó el Ejecutivo, destacando que el actual sistema representa un coste elevado para el Estado.

Dentro de la misma comunicación, respaldada por declaraciones de la ministra del Interior, Shabana Mahmood, se define la medida como un “freno de emergencia”, instalado ante lo que califican de un uso abusivo de la generosidad del sistema británico. Mahmood sostuvo en un comunicado, citado por Europa Press, que “Reino Unido siempre ofrecerá refugio a las personas que huyen de la guerra y la persecución, pero nuestro sistema de visados no debe ser objeto de abuso”. La ministra remarcó el carácter excepcional de la decisión, que afecta de modo inmediato a los nacionales de los cuatro países señalados.

Según reportó Europa Press, la restricción aparece en un contexto en el que el número de solicitudes de asilo relacionadas con visados educativos y laborales ha crecido considerablemente. Desde la perspectiva de las autoridades, ese fenómeno agrava la presión sobre los servicios públicos y dificulta la gestión de los recursos destinados tanto a la inmigración regular como a la protección de refugiados.

La medida también se suma a otros cambios recientes en la política migratoria británica. Entre ellos figura la reducción de la protección ofrecida a refugiados a la mitad, pasando a una duración de 30 meses de estancia autorizada. El Gobierno justificó este ajuste como un mecanismo para minimizar los incentivos que alimentan los viajes irregulares y a menudo peligrosos, como el cruce en pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha.

A pesar de las limitaciones ratificadas, el Ejecutivo ha subrayado que el país sigue manteniendo programas de reasentamiento y acogida. Desde el año 2021, más de 37.000 personas de origen afgano han recibido refugio en Reino Unido, según consignó Europa Press. El Gobierno asegura que, en 2025, se concedieron en total 190.000 visados por razones humanitarias. Además, desde 2010, el país se sitúa como el sexto con mayor número de refugiados reubicados a través de los programas gestionados por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

El Ejecutivo británico ha resaltado la importancia de encontrar un equilibrio entre su política de puertas abiertas para personas en riesgo por conflictos o persecución y la protección del sistema de visados frente al uso fraudulento o abusivo. Con este nuevo paquete de restricciones, busca impedir que los canales de entrada regular sirvan para eludir los procedimientos ordinarios de asilo y, a su vez, reducir el impacto fiscal que los demandantes suponen para el erario público, según detalló Europa Press en su cobertura.