El Gobierno de EEUU admite un "error" al justificar arrestos en tribunales de inmigración en un caso judicial

La declaración del Gobierno estadounidense, reconociendo un error al defender los arrestos de migrantes en juzgados de inmigración, ha sido calificada por los abogados de los demandantes como un hecho con implicaciones potencialmente profundas, ya que el juez de distrito Kevin Castel se había apoyado en esas mismas justificaciones al denegar una suspensión temporal de la política en septiembre de 2025. Según consignó Bloomberg, esta admisión genera la obligación de que el tribunal reevalúe el proceso y sus decisiones previas sobre la legalidad de estas detenciones.

De acuerdo con Bloomberg, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que erró al utilizar un memorando del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) como soporte para avalar la legalidad de los arrestos civiles de migrantes en tribunales de inmigración. La oficina de la Fiscalía estadounidense en Manhattan informó al juez Castel que, debido a este error detectado, ha decidido retirar los argumentos legales presentados durante el último año relacionados con la guía del ICE de mayo de 2025 y los arrestos efectuados bajo dichas directrices.

A lo largo del proceso legal, los representantes del Gobierno defendieron que el memorando de ICE justificaba los controles y detenciones en tribunales de inmigración, en respuesta a la demanda presentada por organizaciones de derechos civiles que cuestionaban el uso de estas tácticas. Sin embargo, los abogados del Departamento de Justicia informaron que la propia agencia ICE ha declarado que dicho memorando nunca se aplicó a los tribunales de inmigración y que su contenido no servía de fundamento para esas detenciones. Bloomberg detalló que el equipo legal del Gobierno expuso que este cambio de postura surgió tras consultas con el representante legal del ICE.

En el documento judicial, los letrados del Departamento de Justicia expresaron su pesar por la aparición del error en esta fase del proceso, señalando: “lamentamos profundamente que este error haya salido a la luz en esta etapa tardía, después de que las partes hayan invertido importantes recursos y tiempo en este litigio y este tribunal haya considerado cuidadosamente la impugnación de los demandantes a la guía del ICE de 2025”. También aclararon que, antes de presentar los escritos y hacer declaraciones ante el tribunal, contaron con la aprobación de un representante legal de la agencia de inmigración. Escribieron también: “sin embargo, este error no se debió a falta de diligencia ni cuidado por parte de los abogados abajo firmantes”.

A raíz de este reconocimiento, la Fiscalía estadounidense en Manhattan notificó el martes por la noche que retirará los argumentos previamente sostenidos y aplicados en defensa de las detenciones de extranjeros en juzgados de inmigración, específicamente aquellos fundamentados en las directrices supuestamente aplicables del ICE de mayo de 2025, según reportó Bloomberg.

Este cambio ha llevado a la Fiscalía a solicitar formalmente al juez Castel que reconsidere la decisión tomada en septiembre de 2025, que rechazaba bloquear la política de arrestos en juzgados de inmigración mientras el litigio seguía en curso, informó Bloomberg. El juez basó esa negativa en exposiciones legales y argumentos del Gobierno ahora desmentidos.

Por su parte, los abogados de los demandantes, que representan a colectivos de derechos civiles que impulsan el proceso, enviaron una carta este miércoles indicando que la admisión de error por parte del Gobierno podría tener efectos amplios en el desarrollo y el desenlace del caso. En su comunicación, consideraron “extraordinaria” la admisión y subrayaron que el razonamiento del juez Castel para mantener la política se vincula directamente a declaraciones oficiales de la parte gubernamental que ya no tienen validez, según recogió Bloomberg.

Durante el último año, el Departamento de Justicia había defendido formalmente la aplicación del memorando del ICE a los tribunales de inmigración, sosteniendo que justificaba las detenciones de migrantes en los juzgados. Esta interpretación pasó a ser reconsiderada luego de que ICE aclaró que el documento, fechado en mayo de 2025, nunca tuvo ese alcance ni esa aplicación, reportó Bloomberg. Las partes involucradas dedicaron recursos significativos a debatir sobre la validez y el cumplimiento de esas directrices, lo que incrementó el impacto de la declaración errónea y el posterior giro legal por parte del Gobierno.

Este procedimiento judicial se inscribe en la demanda promovida por diversas organizaciones de derechos civiles ante la preocupación por la práctica de detener a migrantes en salas de tribunales, una estrategia que buscaban bloquear a través de la vía judicial. Bloomberg indicó que la decisión de retirar los argumentos gubernamentales podría reconfigurar la dinámica del caso y abrir espacio para nuevos análisis por parte del tribunal, dada la dependencia previa de los fallos judiciales en argumentos ahora retractados.

Mientras el juez Castel analiza la solicitud para reconsiderar su decisión, el proceso entra en una nueva fase de revisión, en la que tanto la fiscalía como los demandantes esperan que el tribunal determine el futuro de la política de arrestos en tribunales de inmigración con base en los hechos y documentos ahora reconocidos y aceptados por las partes, según reportó Bloomberg.