El Observatorio contra el fraude y corrupción sanitaria halla 317 indicadores de riesgo en nueve organismos de Sanidad

La revisión estratégica puso de manifiesto que, tanto la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) como la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), ya operan bajo marcos normativos europeos muy exigentes. Esta circunstancia ha permitido que el sistema de integridad del Ministerio de Sanidad se sitúe, según informó el medio, en niveles de excelencia comparables a los de las principales agencias sanitarias del continente, especialmente en lo que respecta a la aplicación de estándares de la Agencia Europea del Medicamento y del Reglamento SOHO sobre sustancias de origen humano.

El Observatorio contra el fraude y corrupción sanitaria, tras completar su evaluación estratégica, identificó 317 indicadores de riesgo vinculados a potenciales conflictos de interés, distribuidos en nueve organismos dependientes del Ministerio de Sanidad, según detalló el medio. El estudio, desarrollado con el objetivo de detectar y prevenir situaciones susceptibles de afectar la integridad en el sector sanitario público, abarcó una revisión de 138 funciones en instituciones clave. Entre ellas figuran el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), el Comisionado de Salud Mental, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD), la Secretaría General de Salud Digital, la AEMPS, la ONT y las direcciones generales de Ordenación Profesional, de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia, y de Salud Pública y Equidad en Salud.

De acuerdo con la información publicada, la colegialidad en la toma de decisiones se presenta como uno de los principales factores protectores ante los riesgos evaluados. La existencia de estructuras compartidas, como comisiones técnicas y órganos de coordinación, limita la discrecionalidad individual y refuerza los controles internos. Además, se verificó la amplia implantación de Declaraciones de Ausencia de Conflictos de Interés (DACI) y de compromisos de confidencialidad en procesos considerados críticos, principalmente relacionados con la gestión de subvenciones y el acceso a datos sensibles.

El medio reportó que, en términos de prevención y control, estos hallazgos se complementan con 287 medidas preventivas consolidadas a lo largo de los años en los distintos organismos. La evaluación subraya la existencia de mecanismos de control interno, transparencia y procesos colegiados en la toma de decisiones, los cuales permiten que el sistema preventivo sanitario español se alinee con los principales estándares internacionales.

A pesar de estos avances, el análisis recomienda implementar 33 nuevas medidas dirigidas a reforzar la homogeneización de políticas ante posibles conflictos de interés. Entre las propuestas figuran la extensión de modelos avanzados de DACI, la sistematización en la publicación de agendas institucionales y la creación de un protocolo común de interacción con la industria. El resumen ejecutivo del informe describe oportunidades de mejora adaptadas a las particularidades de cada entidad evaluada.

Según publicó el Observatorio, las oportunidades de mejora específicas incluyen, para el INGESA, la extensión de las DACI a más procesos internos, la instauración de formaciones periódicas sobre integridad y la elaboración de procedimientos escritos junto con auditorías internas aleatorias. Para el Comisionado de Salud Mental, el informe sugiere el desarrollo de un sistema más robusto de DACI, así como de otras herramientas de integridad aún pendientes de implantación.

En el caso de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD), el organismo puede ampliar el uso de DACI a titulares y subdirecciones, estructurar un mapa de conflictos propio y establecer una evaluación periódica, además de introducir mecanismos de participación ciudadana. La Secretaría General de Salud Digital, según reportó el medio, podría ampliar y completar los indicadores y medidas específicas orientadas a fortalecer la integridad en sus funciones.

Para la Dirección General de Ordenación Profesional, las recomendaciones apuntan a profundizar el mapa de riesgos dentro del área de Alta Inspección. En la Dirección General de Cartera Común del SNS y Farmacia, se plantea la extensión de las DACI a todos los funcionarios involucrados y su renovación anual, además de la homogeneización de obligaciones de conflicto de intereses en los comités. La Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud tiene como propuesta el fortalecimiento de la homogeneidad de medidas entre subdirecciones.

Respecto a la ONT, el análisis recomienda formalizar un protocolo de contacto con empresas, establecer una DACI anual, diseñar un código de conducta institucional y medir la percepción pública sobre la integridad de sus actuaciones. Para la AEMPS, el informe no plantea recomendaciones adicionales, ya que cumple de manera adecuada con los marcos regulatorios vigentes.

El estudio del Observatorio reveló también datos sobre transparencia. Siete de las nueve unidades revisadas cuentan con mecanismos específicos para gestionar la relación ética con agentes externos, incluyendo procedimientos de registro, control y seguimiento de reuniones, así como la aplicación de buenas prácticas e incentivos a la excelencia institucional. Ejemplos destacados son el marco regulador de la AEMPS alineado con los requerimientos europeos, la política restrictiva de la ONT respecto a las relaciones con empresas y los criterios de asignación pública, el fortalecimiento de la transparencia por parte del INGESA en contratación y gestión de recursos, y los procesos objetivos de la DGPNSD para la asignación de subvenciones y la prevención de conflictos de interés.

Según informó el Ministerio de Sanidad, la fase final de este proceso de evaluación consistirá en la implantación de las nuevas acciones recomendadas, así como en la consolidación de un ciclo de gestión basado en la evaluación continua. Las autoridades resaltaron la importancia de mantener y reforzar los sistemas de prevención y auditoría en todas las unidades, de cara a garantizar la transparencia, la ética y la protección ante posibles conflictos dentro del sector público sanitario.