Yeny García
Base Naval de Guantánamo (Cuba), 23 mar (EFE).- Las audiencias preliminares en el caso contra Jalid Sheij Mohamed, el supuesto "cerebro" de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se reinician este lunes en Guantánamo después de una prolongada pausa en el proceso, estancado en su fase previa casi catorce años después de su reapertura.
El juicio al prisionero de más alto valor en la base naval estadounidense en el este de Cuba y sus cómplices continúa sin fecha mientras se reordenan las agendas tras el fracaso de los intentos de cerrar el caso mediante acuerdos de culpabilidad que habrían evitado la pena de muerte.
Este es el expediente más complejo de las comisiones militares creadas en Guantánamo, donde Estados Unidos ha retenido desde 2002 a unos 780 hombres, de los que solo permanecen 15, todos ellos considerados de alto riesgo o atrapados en un limbo legal.
Entre ellos se incluyen Sheij Mohamed y varios acusados de los atentados del 11S, recluidos en instalaciones de máxima seguridad tras años en cárceles clandestinas de la CIA y sometidos a técnicas de interrogatorio consideradas tortura, como el ahogamiento simulado.
Los cargos contra Jalid Sheij Mohamed, Ammar al Baluchi, Walid bin Attash, Ramzi bin al Shibh y Mustafa al Hawsawi, fueron presentados por primera vez ante una comisión militar en 2008 por supuestamente organizar uno de los peores atentados terroristas de la historia de Estados Unidos.
Los acusados se enfrentan a la pena de muerte por el asesinato de cerca de 3.000 personas en los hechos del 11S en Nueva York, Washington y Pensilvania.
Sin embargo, el procedimiento se suspendió por varios años y fue reformulado bajo nuevas normas en 2012, cuando comenzaron las actuales vistas previas.
Desde entonces, el proceso ha estado plagado de retrasos logísticos, disputas sobre la intervención de la CIA en los interrogatorios, denuncias por escuchas a la defensa y discusiones sobre el acceso a información clasificada y a los informes de la Cruz Roja.
En 2023, un juez militar separó a Ramzi bin al Shibh del caso original por incapacidad mental, mientras el proceso contra los otros cuatro continúa, aunque según expertos legales, esto complicaría cualquier futura solución negociada.
Durante su presidencia, el demócrata Barack Obama hizo de la clausura de la prisión en Guantánamo uno de sus objetivos centrales.
En 2009, Obama firmó una orden ejecutiva para cerrar la cárcel en el plazo de un año y trasladar o juzgar a todos los detenidos, pero se topó con la oposición del Congreso a recibir presos en territorio estadounidense y otras trabas diplomáticas para reubicar a reclusos sin cargos, por lo que la instalación siguió en funcionamiento pese a haberse reducido drásticamente su población.
Joe Biden retomó ese propósito al llegar al poder y ordenó una revisión interagencial del centro, para luego repatriar o reasentar a más de dos decenas de detenidos. Actualmente en la prisión de Guantánamo permanecen apenas 15 prisioneros, sin una fecha concreta para el cierre definitivo.
En medio de los esfuerzos por clausurar la prisión, los fiscales militares y el entonces responsable del Pentágono para Guantánamo alcanzaron en 2024 un acuerdo por el que Mohamed y otros dos acusados se declararían culpables a cambio de evitar la pena de muerte y recibir cadenas perpetuas.
El pacto fue presentado como la vía más rápida para ofrecer una resolución a las víctimas de los atentados, pero también generó críticas de familiares que reclamaban un juicio público y la posibilidad de una condena capital.
La Administración Biden dio marcha atrás y pidió a un tribunal federal de apelaciones que frenara la formalización de las declaraciones de culpabilidad, al considerar que el acuerdo privaba al Gobierno y al público de un proceso completo y de la opción de la pena capital.
La revocación de estos pactos devolvió el caso a su estado inicial y obligó a reprogramar nuevas vistas preliminares.
Organizaciones de derechos humanos y defensores de los reos alertan de que, con solo 15 presos aún en Guantánamo y sin una solución clara para los grandes casos como el del 11S, la prisión corre el riesgo de perpetuarse como símbolo de un "limbo" legal sin fecha de cierre. EFE
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