La Justicia de Rusia multa a Telegram con 110.000 euros por mantener en su plataforma contenido "prohibido"

El tribunal Taganski de Moscú impuso una nueva sanción a la red social Telegram, fijando una multa de 10,5 millones de rublos, equivalentes a 110.375 euros, tras encontrar a la empresa culpable de incumplir las normativas rusas sobre control de información. Según la información publicada por la agencia rusa de noticias Interfax, la corte atribuyó a la plataforma el mantenimiento de mensajes considerados prohibidos bajo la legislación local, citando la negativa a eliminar publicaciones que incitan a la comisión de ataques terroristas y que apoyan la participación en protestas contrarias al Gobierno ruso.

De acuerdo con Interfax, el tribunal determinó que Telegram violó el Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa al no restringir el acceso a contenido previamente señalado como ilegal, incluyendo el soporte a acciones que las autoridades consideran amenazas para la seguridad nacional. El veredicto incluyó la declaración de culpabilidad y la imposición de una sanción administrativa, siguiendo procedimientos habituales en casos relacionados con tecnología y redes sociales en el país.

Tal como detalló el medio ruso, esta decisión se suma a otras medidas adoptadas por el sistema judicial contra la misma plataforma durante los últimos años. En abril de 2025, la Justicia rusa ya había impuesto una multa de 7 millones de rublos (alrededor de 74.800 euros) debido a la negativa de Telegram a retirar contenidos que presuntamente vulneran las restricciones informativas del país. Las autoridades justifican la reiteración de estas sanciones por la persistencia de publicaciones dentro de la red social que, a su juicio, continúan promoviendo actividades como manifestaciones políticas no autorizadas o mensajes considerados peligrosos por las leyes locales.

El medio Interfax puntualizó que la legislación rusa exige a las plataformas digitales adherirse a normas de control de información y retirar materiales que entren en conflicto con las restricciones impuestas por el Estado. En caso de incumplimiento, los tribunales pueden proceder con penalizaciones económicas y administrativas, como quedó expuesto en el caso de Telegram. Estas políticas forman parte de la estrategia del gobierno ruso para ampliar su supervisión sobre los contenidos distribuidos a través de internet y redes sociales.

Según consignó Interfax, la sentencia contra Telegram representa otro episodio de tensión entre las empresas tecnológicas globales y el Estado ruso, que exige un riguroso acatamiento de las reglas sobre el acceso a determinados tipos de información. Las autoridades defienden estas acciones argumentando que buscan evitar la difusión de mensajes con potencial para incitar a la violencia o cuestionar el orden público, mientras que las plataformas enfrentan frecuentes acusaciones sobre su papel en la propagación de publicaciones consideradas peligrosas por organismos oficiales.

Las consecuencias de estas sanciones incluyen un mayor escrutinio sobre el funcionamiento de Telegram en territorio ruso y posibles obstáculos para el desarrollo de sus actividades habituales. Interfax destacó que la Justicia mantendrá su vigilancia respecto al cumplimiento de los mandatos legales, y que las sanciones podrían incrementarse si la empresa persiste en la difusión de materiales calificados como ilegales bajo la normativa vigente.

El medio ruso recordó, además, que los antecedentes de sanciones a Telegram en Rusia reflejan una tendencia sostenida de la administración local a intervenir sobre empresas tecnológicas que no ajusten sus prácticas a los estándares legales del país. La reciente penalización económica a la red social consolida esa línea de actuación, incrementando la presión sobre su política de moderación de contenidos y colaboración con las autoridades judiciales rusas. Según Interfax, no se descartan nuevas acciones legales si la plataforma repite conductas consideradas infractoras en el futuro.