España registra el peor arranque de año en violencia vicaria desde que hay registros a falta de la ley del Gobierno

El Ejecutivo español afronta una presión creciente después de que organizaciones feministas y expertos en derechos de la infancia señalen que el actual anteproyecto de ley sobre violencia vicaria no cumple con las demandas para proteger a los menores, a raíz de recientes asesinatos de niños presuntamente cometidos por sus padres en Castellón, Alicante y Santa Cruz de Tenerife. Según informó Europa Press, estas nuevas muertes elevan a tres el número de menores fallecidos en lo que va del año 2026, igualando la cifra total registrada en todo 2025, lo que representa el peor inicio de año desde que existen datos oficiales sobre este tipo de violencia.

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Igualdad, la violencia vicaria —concepto que hace referencia a los ataques contra hijos con el propósito de infligir el máximo daño a la madre— ha registrado este año tres asesinatos de menores en España, igualando el total de todo el año anterior. El último de estos crímenes, confirmado por el departamento dirigido por Ana Redondo, tuvo lugar en Torrevieja (Alicante), donde una menor de tres años fue hallada muerta junto al cuerpo de su progenitor varón, de 40 años, quien era expareja de la madre y no tenía denuncias previas por violencia de género. La madre, una mujer de 36 años, alertó a la Guardia Civil tras varias horas sin noticias de su hija ni del padre; fuentes cercanas a la investigación indicaron a Europa Press que ambos cuerpos fueron localizados en la vivienda del hombre.

Con estos acontecimientos, la estadística del Ministerio de Igualdad sitúa el primer trimestre de 2026 como el periodo con mayor número de menores víctimas de violencia vicaria hasta la fecha, lo que destaca la gravedad de la situación. En 2015 y 2024 se registraron la mayor cantidad de asesinatos de este tipo, con nueve casos cada año. Les siguen 2017, con ocho asesinatos; 2018 y 2021 contabilizaron siete víctimas; 2013 registró seis; 2014 y 2020 alcanzaron cuatro cada uno; y los años 2019, 2025 y 2026 acumulan tres casos. En 2022 y 2023, la cifra bajó a dos, y en 2016 se reportó un caso, según detalla Europa Press.

El Ministerio de Igualdad ha reaccionado ante la escalada de violencia. La ministra Ana Redondo expresó en la red social X: “Condeno con absoluta rotundidad los asesinatos de Ainhara, de solo 3 años, y de Silvia María, víctima de violencia de género. Nos duele, nos indigna y nos interpela como sociedad. Todo nuestro cariño a sus familias. Frente a esta barbarie: unidad, justicia y tolerancia cero”. También la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, remarcó la necesidad de proteger a los niños, afirmando que “el machismo también asesina a la infancia. Protegerla es una obligación política: trabajamos con determinación para que la ampliación de la ley blinde los derechos de la infancia”.

El medio Europa Press consignó que, desde 2013, la violencia vicaria ha dejado un total de 68 menores asesinados en España. En lo que va de 2026, once menores han quedado huérfanos debido a la violencia de género ejercida contra sus madres. Este repunte preocupa especialmente porque coincide con el proceso legislativo abierto para aprobar una ley específica sobre esta modalidad de violencia, normativa cuya aprobación sigue pendiente a pesar de la urgencia señalada por asociaciones y especialistas.

El Consejo de Ministros aprobó el año pasado el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria, pero el texto quedó pendiente de una segunda revisión. No existe aún una fecha concreta para la aprobación definitiva, lo que incrementa la presión de los colectivos afectados. Inicialmente, se había previsto que la normativa se aprobara en febrero, pero el calendario sufrió retrasos después de que el Ministerio de Juventud e Infancia renunciara a la copropuesta. Según reportó Europa Press, este ministerio consideró “inaceptable” la redacción vigente del texto y denunció la ausencia de reformas consideradas esenciales para la mejor protección de los menores, como la tipificación de la violencia vicaria, el régimen de visitas, la patria potestad y el derecho de escucha de niños, niñas y adolescentes.

Además, Europa Press detalló que organizaciones feministas miembros de la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional han dirigido críticas al Ejecutivo. En una carta abierta, alertaron que el anteproyecto de Ley plantea la creación de un delito “neutro”, sin distinción de género, lo que consideran contrario tanto a la definición de violencia vicaria como a las necesidades identificadas por las víctimas. En el escrito, las asociaciones pidieron a los ministerios implicados —Igualdad, Justicia, y Juventud e Infancia— no limitarse a “retoques superficiales” ni a la creación de nuevas figuras penales vagas, sino garantizar que la futura ley responda con suficiente fuerza al fenómeno social que significa la violencia vicaria.

Entre sus argumentos, estos colectivos subrayaron que, a pesar de que la legislación vigente reconoce a los hijos como víctimas de la violencia de género, “en la práctica se sigue priorizando el mantenimiento del contacto con el agresor en nombre de un supuesto ‘interés superior del menor’”. Preguntaron a las autoridades: “¿desde cuándo el interés superior de una víctima consiste en seguir bajo el control de quien la daña?” y reclamaron un tratamiento jurídico integral y coherente frente a lo que describieron como patrones culturales profundamente arraigados, que aún asocian la figura de un hombre violento con la posibilidad de ejercer una paternidad adecuada.

Desde la Coordinadora se enfatizó la responsabilidad que recae ahora sobre los ministerios, el Gobierno y los grupos parlamentarios para que estas reformas sean efectivas y prevengan que se sigan utilizando a los menores como instrumentos para dañar a las madres. Según Europa Press, la titular de Igualdad, Ana Redondo, ha insistido en la complejidad del proceso legislativo y manifestó la apertura a incorporar enmiendas parlamentarias sobre los aspectos que no se hayan recogido en el anteproyecto inicial.

La multiplicación de estos casos durante 2026 ocurre en un contexto donde la legislación sobre violencia vicaria aún no satisface las expectativas de muchos actores sociales y especialistas. Europa Press ha documentado que tanto las familias afectadas como las asociaciones exigen celeridad y consenso político para la puesta en marcha de una normativa clara y eficaz que logre ofrecer protección real a la infancia y destierre la utilización de los hijos como objetos de violencia en contextos de ruptura de pareja.