La Audiencia juzga a un "grupo criminal" acusado de engañar a mujeres de Nicaragua y mantenerlas ilegales

Un cuaderno localizado detrás de una cómoda en una vivienda de Alfaro, con anotaciones detalladas de varios años, ha revelado información clave sobre una supuesta red que habría exigido deudas desproporcionadas a mujeres nicaragüenses tras su llegada a España. De acuerdo con Europa Press, la Audiencia Provincial examina este miércoles, 25 de marzo, el caso contra siete personas señaladas de formar parte de una organización dedicada a captar compatriotas bajo la promesa de empleos en el cuidado de personas mayores, y luego someterlas a situaciones de ilegalidad, intimidación y endeudamiento.

Según informó Europa Press, el Ministerio Fiscal acusa a cuatro de los implicados de delitos continuados de inmigración ilegal, coacciones y pertenencia a grupo criminal, mientras que dos enfrentan también acusaciones por blanqueo de capitales. A una séptima persona se le atribuye exclusivamente el delito de coacciones. El escrito de acusación, al que accedió este medio, describe cómo la presunta trama habría empezado con dos hermanas originarias de Nicaragua y residentes en Alfaro y Huesca, ambas en situación regular en España, quienes detectaron la elevada demanda laboral en el sector de asistencia a personas mayores.

Europa Press consignó que estas mujeres notaron, además, que en su localidad natal numerosas personas solicitaban orientación y apoyo para viajar a España y encontrar mejores oportunidades de vida. Aprovechando este contexto, las hermanas desarrollaron un sistema para obtener beneficios económicos a costa de coterráneas que buscaban emigrar. Para consolidar la red, recurrieron a familiares en Nicaragua, en especial a su madre, que se convirtió en contacto directo con quienes manifestaban interés. A las futuras víctimas se les ofrecía una gestión integral: viajes, vuelos, traslados desde el aeropuerto y el compromiso de atravesar la frontera española en condición de turistas sin inconvenientes. Si era necesario, se les facilitaba alrededor de mil euros en efectivo, cantidad que debía exhibirse en el control migratorio para justificar intenciones turísticas, respaldada por reservas hoteleras que, posteriormente, no se utilizaban.

Una vez en territorio español, las mujeres eran llevadas a viviendas de Alfaro o Huesca, donde les retiraban abruptamente el dinero prestado. El escrito de la fiscalía expone que en ese momento se les comunicaba la existencia de una deuda por “gestión, vuelo, estancia e intermediación”, que alcanzaba entre cinco mil y seis mil euros. Esta suma incluía sobrecostos en los billetes de avión, gastos inflados por alojamiento y manutención, e incluso cargos altos por necesidades elementales, como 60 euros por unos analgésicos. Según detalló Europa Press, las víctimas, descritas en la acusación como “confundidas, vulnerables e indefensas”, aceptaban las condiciones con la esperanza de comenzar a trabajar, dadas sus precarias circunstancias personales, familiares y económicas.

El grupo acusado, compuesto principalmente por una estructura familiar, está encabezado por F.D.C., identificada como la máxima responsable y sobre quien pesan los cargos de inmigración ilegal continuada, coacciones, asociación ilícita y blanqueo de capitales. El Ministerio Fiscal solicita para ella seis años de prisión y una multa de 40.000 euros, mientras que su esposo, S.A.C., enfrenta una petición de cinco años y nueve meses de cárcel, además de la misma sanción económica. Los allegados colaboraban activamente, incluyendo a la sobrina T.D.C. y al hijo O.D.S., ambos acusados de inmigración ilegal continua, coacciones y pertenencia a grupo criminal, con una petición de cuatro años y medio de prisión para cada uno.

Europa Press señala que la hermana residente en Huesca, Z.M.T., enfrenta los mismos cargos, exceptuando el blanqueo de capitales, con una petición fiscal igual a la de sus colaboradores más cercanos, mientras que su esposo, F.J.G., también imputado, se encuentra en igual situación penal. Una tercera hermana, L.M.T., acusada de coacciones, podría enfrentar seis meses de prisión, dado que su participación se centraba en la exigencia del pago de las deudas a las víctimas.

El medio reportó que la actividad atribuida al grupo se efectuó de manera sistemática al menos desde 2016 o 2017, generando ingresos de cantidades consideradas extraordinarias, que no habrían sido justificadas por actividades lícitas ajenas a la trama y resultaban opacas a efectos fiscales y bancarios. En julio de 2019, la acusada Z.M.T. fue detenida en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, tras llegar a España procedente de Nicaragua junto a tres mujeres a las que había transportado personalmente.

Las investigaciones y registros domiciliarios efectuados permitieron encontrar documentos relevantes, como el citado cuaderno oculto en la vivienda de Alfaro, que sumaría pruebas sobre los mecanismos de recaudación y la magnitud de las sumas exigidas a las víctimas. Europa Press relató que, en una anotación de ese cuaderno, figuraba el detalle de cuantías solicitadas a las afectadas, las cuales se consideran desproporcionadas en el contexto de la gestión migratoria y laboral que ofrecía el grupo.

Según reveló la investigación, la red logró introducir y explotar ilegalmente a numerosas mujeres, aunque solo en el marco del proceso se ha logrado documentar la colaboración efectiva de 26 víctimas con la policía. El mecanismo descrito combinaba la entrada irregular en España con la generación y reclamación insistente de deudas elevadas, lo que colocaba a las mujeres en una situación de dependencia absoluta ante los miembros del grupo procesado.

Europa Press detalla que el Ministerio Fiscal sostiene la existencia de un grupo organizado, basado principalmente en lazos familiares, que actuaba desde ambos lados del Atlántico mediante el uso de intermediarios en Nicaragua y España. Los procesados enfrentan cargos penales de diversa gravedad según su grado de implicación, abarcando delitos relacionados con inmigración ilegal, coacciones, asociación ilícita y, en algunos casos, blanqueo de capitales, además de reclamaciones económicas por las elevadas sumas obtenidas ilícitamente.