
La recuperación de 16.500 dólares, 40.000 bolivianos en efectivo, una camioneta y un casco de Yacimientos Petrolíferos Federales de Bolivia (YPFB) tras la detención de Marcelo Arce Mosqueira resultó fundamental para que las autoridades intensificaran la investigación por legitimación de ganancias ilícitas. De acuerdo con medios bolivianos, el hijo del expresidente Luis Arce deberá cumplir 140 días de detención preventiva en la prisión de Palmasola, luego de que el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Nº 27 de la ciudad de Santa Cruz tomara esta decisión en el marco del proceso judicial.
Según publicó la prensa boliviana, el caso se inició de oficio e involucra no solo a Marcelo Arce, sino también al propio expresidente Luis Arce y a sus hijos Luis Marcelo, Rafael y Camila Arce Mosqueira. Las autoridades judiciales investigan operaciones financieras presuntamente irregulares que habrían permitido a los implicados manejar bienes y recursos a través de intermediarios. El Viceministerio de Transparencia reportó que Marcelo Arce habría gestionado 18 inmuebles y 20 vehículos utilizando testaferros, además de haberse beneficiado presuntamente de contratos estatales orientados a su favor.
La detención de Marcelo Arce se produjo el pasado miércoles tras una persecución. A su arribo al centro policial, el afectado sostuvo ante la prensa que “todo esto es un proceso político” y expresó palabras en alusión a su padre, también encarcelado. El viernes, Marcelo Arce compareció ante el tribunal. Frente a la sede judicial se congregó un grupo de personas que lo increpó, gritándole calificativos como “ladrón” y reclamando la devolución del dinero.
De acuerdo a la información consignada por la prensa local, las primeras acciones tras la detención incluyeron registros en propiedades y oficinas, donde además del dinero y los vehículos mencionados, se halló un casco de la empresa estatal YPFB. Según el Viceministerio de Transparencia, Arce Mosqueira habría ocupado un piso en oficinas de YPFB para suplantar la identidad de un responsable de la empresa pública y facilitar así operaciones en las que se beneficiaba de recursos estatales.
Walter Suárez, abogado de Marcelo Arce, criticó la resolución judicial argumentando que la medida cautelar resulta "excesiva" y afirmó públicamente que el proceso está motivado por razones políticas. Suárez señaló que su defendido enfrenta acusaciones que, a su juicio, carecen de fundamento suficiente para justificar la detención preventiva por un periodo de 140 días.
Durante la audiencia, que estuvo marcada por la amplia cobertura de los medios y manifestaciones en los alrededores, el ambiente refleja la polarización que genera el caso en la sociedad boliviana. Mientras tanto, el proceso continuará con Marcelo Arce internado en Palmasola, centro penitenciario de alta notoriedad en el país.
Las pesquisas relacionadas con bienes manejados presuntamente a través de testaferros siguen en curso. Según puntualizó el Viceministerio de Transparencia y reportaron diversos medios bolivianos, los investigadores rastrean el origen y destino de los recursos y vehículos identificados, así como las eventuales conexiones con otros imputados del entorno familiar y político de los Arce Mosqueira. El alcance del caso abarca no solo la acusación individual, sino también indagaciones sobre el presunto direccionamiento de procesos de contratación estatal que, según las autoridades, tendrían como beneficiario a Arce Mosqueira y a su círculo cercano.
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