La delegada contra la Violencia de Género comparece el miércoles en el Congreso para informar sobre el Pacto de Estado

Las recientes manifestaciones de autoridades autonómicas y regionales acerca de los protocolos de evaluación y protección de víctimas de violencia de género se producen en paralelo a un incremento de asesinatos que ha puesto en cuestión la eficacia de los sistemas vigentes. Según informó Europa Press, la Comunidad de Madrid ha señalado que tres de las cuatro últimas mujeres víctimas estaban clasificadas como casos de riesgo bajo en el sistema VioGén, lo que ha motivado una solicitud formal al Gobierno para revisar los criterios de valoración actualmente aplicados. La noticia principal se centra en la comparecencia, este miércoles 25 de marzo en el Congreso de los Diputados, de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, quien expondrá el Informe anual de Evaluación del Pacto de Estado y abordará la situación tras los recientes crímenes machistas.

Tal como consignó Europa Press, la comparecencia de Martínez Perza ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género se lleva a cabo luego de registrarse trece asesinatos de mujeres y dos de menores por violencia de género en lo que va de 2026. Este dato marca el peor inicio de año en términos de crímenes machistas desde 2020, cuando la cifra se situaba en dieciocho casos. En este contexto, las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Extremadura han manifestado públicamente la necesidad de revisar tanto los protocolos como la aplicación de los sistemas de valoración y protección empleados para estas situaciones.

Europa Press reportó que, en una reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, presidida por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de Madrid, Miguel Ángel García Martín, y la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, se reiteró la petición de revisar los protocolos. García Martín puntualizó: “Hemos pedido que se revisen los protocolos que determinan la situación de las mujeres víctimas de violencia de género que estén en el VioGén dado que hemos visto que están resultando completamente ineficaces”, de acuerdo con lo recogido por Europa Press.

Además, desde Andalucía, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, expresó ante los medios la urgencia de actualizar tanto los protocolos de valoración de riesgo como los sistemas de seguimiento, en respuesta al incremento de asesinatos machistas este año. López también subrayó la importancia de que todas las administraciones trabajen de forma conjunta para mejorar la respuesta institucional ante estos casos. Según detalló Europa Press, la consejera incidió en la necesidad de revisar los sistemas para determinar si existe algún tipo de fallo en la detección de riesgos.

Europa Press también informó que la Xunta de Galicia ha trasladado en diversas ocasiones la necesidad de mejoras en los mecanismos de valoración, señalando casos donde la clasificación del riesgo no ha coincidido con la situación real de las víctimas. Fuentes de la Consellería confirmaron la existencia de episodios en que la evaluación de riesgo resultó insuficiente para proteger a las afectadas.

Por otro lado, el Gobierno de Murcia solicitó al Ministerio del Interior una revisión de los protocolos sobre valoración del riesgo en el sistema VioGén. Esta petición, recogida por Europa Press tras el Consejo de Gobierno y planteada por la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, aboga por una metodología que contemple de manera más precisa las circunstancias personales de cada víctima para asegurar la eficacia de las medidas de seguridad. El Ejecutivo murciano considera necesaria una actualización que adapte la protección al riesgo individual detectado, argumentando que la baja valoración de riesgo no debe suponer una vigilancia limitada cuando existen antecedentes de violencia psicológica o digital.

Entre las propuestas remitidas por Murcia al Ministerio del Interior, según reportó Europa Press, figuran la inclusión de la violencia digital como criterio de riesgo elevado y la consideración de otros factores, como antecedentes en salud mental, adicciones o embarazo, que puedan intensificar el nivel de amenaza. El Gobierno murciano también solicitó la mejora de las denominadas ‘pulseras antimaltrato’, eliminando las zonas de escasa cobertura, e instó a la integración de alertas predictivas y herramientas de inteligencia artificial que permitan detectar patrones de acercamiento previo al quebrantamiento de órdenes de alejamiento.

En el ámbito de Extremadura, declaraciones recogidas por Europa Press de la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), Beatriz Arfona Rovira, pusieron de manifiesto la insuficiencia de recursos forenses. Arfona Rovira expuso que en la provincia de Badajoz solo existe una psicóloga forense para realizar valoraciones penales, lo que genera demoras de hasta dos años. Según la directora, esta situación afecta negativamente a los procesos judiciales y a la evaluación oportuna de los casos de violencia de género en el ámbito penal. Arfona Rovira también recalcó la necesidad de que la valoración forense se realice en todos los casos en que existan menores afectados y defendió una coordinación institucional efectiva y un enfoque profesionalizado, libre de componentes ideológicos.

En términos generales, todas las comunidades autónomas mencionadas por Europa Press convergen en la petición de una revisión y refuerzo de los protocolos y sistemas destinados a la protección de víctimas de violencia de género. Las propuestas abarcan cambios metodológicos, introducción de tecnología avanzada y ampliación de equipos profesionales, con el objetivo de adaptar la respuesta institucional al riesgo real que enfrentan las personas afectadas.