Gabilondo asegura que están "trabajando mucho" para la reparación de las víctimas sexuales en la Iglesia

El documento para fijar el procedimiento de reparación y reconocimiento a quienes sufrieron abusos sexuales en el entorno eclesiástico todavía no cuenta con la firma definitiva de las partes, ya que, según fuentes consultadas por Europa Press y referidas por el medio, los representantes de la Iglesia, el Gobierno y el Defensor del Pueblo continúan discutiendo los detalles finales del acuerdo. Este convenio se perfila como el paso para que las víctimas inicien la tramitación de solicitudes de indemnización, proceso largamente reclamado por los afectados y por organizaciones sociales.

Según publicó Europa Press, la elaboración de este protocolo responde a lo estipulado en el acuerdo firmado el 8 de enero de 2025 entre el Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), donde las entidades se comprometieron a establecer un sistema mixto Iglesia-Estado orientado a la reparación de las víctimas de abusos en el ámbito eclesial. El acuerdo especificaba que en el mes siguiente, es decir, en febrero, la Iglesia, el Defensor del Pueblo y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes debían rubricar un convenio de colaboración que daría inicio al plazo oficial de un año, prorrogable a dos, para la presentación de solicitudes de indemnización. Sin embargo, diversos factores han retrasado la rúbrica, pese a que se esperaba para el jueves anterior, explicó Europa Press.

Por su parte, representantes eclesiales indicaron a Europa Press que el texto del protocolo seguía en fase de redacción y que la firma tendrá lugar cuando las partes concluyan estos trabajos. Las fuentes gubernamentales citadas por el medio destacaron que la intención sigue siendo cumplir con el mecanismo previsto originalmente, ofreciendo un marco de reparación integral.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, declaró en el Congreso, durante un acto de homenaje a Francisco Fernández Marugán, que las partes involucradas están "trabajando mucho, cada uno desde su lugar, desde sus competencias, para el reconocimiento y la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica". Gabilondo subrayó que el esfuerzo mancomunado persigue que se reconozca y repare el daño sufrido por las personas afectadas, como reportó Europa Press.

Entre las previsiones del convenio que permanecen en discusión, destaca la necesidad de incorporar la opinión de las víctimas en la elaboración y aplicación de los procedimientos, así como la definición de "un estatuto básico" para las personas reconocidas como víctimas. Este marco englobará tanto el proceso para acreditar su condición como las diversas modalidades de reparación previstas. Dentro de estas formas de reparación se contemplan medidas restaurativas y simbólicas, el acceso a atención psicológica o psiquiátrica que puede extenderse también a los familiares de los afectados, y la reparación moral, detalló Europa Press en función del documento.

El acuerdo, cuyo desarrollo se inscribe en la aplicación de la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), también prevé la posibilidad de extender este tipo de mecanismos reparadores a víctimas de abusos en otros entornos, según el compromiso expresado por el Gobierno. La Conferencia Episcopal Española sostiene que la administración estatal se ha comprometido con la reparación de víctimas en cualquier ámbito de la vida social, como venía solicitando la propia Iglesia, precisó Europa Press.

Durante la rueda de prensa celebrada el 8 de enero tras la firma del acuerdo marco, Luis Argüello, presidente de la CEE, hizo referencia a que el desarrollo de la LOPIVI podría permitir ampliar estos procesos de reparación a otros sectores más allá de los casos ocurridos en la Iglesia. Sin embargo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, remarcó que el convenio que ahora se negocia está restringido exclusivamente a los casos derivados del entorno eclesiástico, y que no introduce obligaciones adicionales fuera del marco acordado. Bolaños puntualizó que "en este acuerdo no hay ningún otro compromiso que no tenga que ver con las víctimas en el seno de la Iglesia Católica".

Europa Press también reportó que, de manera paralela al convenio impulsado en colaboración con el Estado, la Iglesia mantendrá vigente su propio sistema de reparación a través de la comisión asesora del Proyecto de Reparación Integral para Víctimas de Abusos (PRIVA), órgano que comenzó a funcionar en 2024. Este sistema se articulará junto al mecanismo mixto previsto en el convenio que están cerrando las partes.

De acuerdo con las previsiones fijadas en el texto original del acuerdo de enero, a partir del momento en que sea formalizado el convenio, las víctimas dispondrán de un periodo de un año, prorrogable a dos por consenso entre las partes, para presentar sus solicitudes de reparación e indemnización. Todas las medidas y procedimientos estarán sujetas a los principios de reconocimiento y acompañamiento integral a las personas afectadas, atendiendo las dimensiones simbólica, psicológica y moral del daño sufrido.

El desarrollo de este marco específico responde a la demanda social y política de dotar de mayores garantías y transparencia al proceso de reparación a quienes han denunciado abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica, recalcó Europa Press. Con la firma definitiva, se espera que las víctimas puedan acceder finalmente a canales formales y estructurados de reparación y que los compromisos asumidos por la Iglesia y el Estado se materialicen de acuerdo a lo pactado a comienzos de año, dentro de la regulación prevista por la legislación vigente.