
Las afectadas pidieron acceso a sus expedientes y a los registros contables que poseen las congregaciones religiosas implicadas, denunciando el incumplimiento de la promesa de entrega de estos documentos. Las reclamaciones se produjeron durante un acto público celebrado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, donde el Ejecutivo central reconoció a 53 mujeres como víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, una institución que funcionó durante la dictadura franquista e incluso después de la llegada de la democracia hasta el año 1985. Según informó el medio, en el encuentro se ofreció un reconocimiento oficial de los abusos sufridos y se realizó una petición de perdón en nombre del Estado.
Durante el evento, consignó el medio, intervinieron telemáticamente altos responsables gubernamentales, destacando la participación de Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien atribuyó “fallo” a las instituciones y calificó al Patronato como un "sistema de terror". Bolaños enfatizó que bajo el amparo estatal se perpetraron "vulneraciones gravísimas del derecho internacional y de los derechos humanos que no deben olvidarse ni volver a repetirse". El ministro detalló que los abusos documentados incluyeron trabajos forzados, uso indiscriminado de fármacos, controles sobre la virginidad, robos, maltratos físicos y agresiones sexuales, según los testimonios recopilados de las propias víctimas. Añadió que los hechos salieron a la luz gracias a la persistencia de las afectadas que compartieron entrevistas, publicaciones y grabaciones que permitieron visibilizar las violaciones cometidas.
El Gobierno, según detalló el medio, organizó el acto a través de los ministerios de Política Territorial y Memoria Democrática, Igualdad, y Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, junto a la Comisionada para la celebración de los 50 años de 'España en Libertad'. Aunque se esperaba la presencia de los ministros Ángel Víctor Torres y Ana Redondo, ambos no asistieron por compromisos con una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros. La entrega de reconocimientos fue encabezada por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; y la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro.
Bolaños hizo énfasis en la prolongación de la existencia del Patronato tras la transición política española, subrayando que muchas de sus víctimas quedaron “olvidadas” en ese proceso. El ministro solicitó disculpas en nombre del gobierno y anunció nuevas medidas reparadoras, entre ellas el reconocimiento oficial de estas mujeres como víctimas de la dictadura y la instalación de una placa conmemorativa en la sede del Ministerio de Justicia, con el objetivo de mantener la memoria de lo sucedido.
En el mismo acto, reportó el medio, la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, afirmó que los abusos no derivaron del olvido, sino de un “silencio impuesto”, situación que identificó como una “herida abierta”. Guijarro subrayó que las violaciones a los derechos humanos que sufrieron estas mujeres merecen una respuesta de “verdad, justicia y reparación”. Por su parte, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, manifestó su conmoción ante la “crueldad de la maquinaria institucionalizada de represión” del Patronato y anunció la proposición de una comisión exclusiva para investigar los hechos, además de avanzar en la conformación de un grupo de trabajo sobre estos centros.
El medio reportó también las intervenciones de las homenajeadas, quienes expresaron su deseo de que la “vergüenza cambie de lado”. Una de ellas recordó que, tras años de lucha, su condición ha pasado de víctimas a “supervivientes”. Los testimonios incluyeron la exigencia de una comisión de investigación y la petición urgente de acceso a los expedientes y libros contables que contienen información sobre los ingresos derivados del trabajo forzado de las internas. Las afectadas afirmaron que permanecieron recluidas bajo un régimen penitenciario encubierto, sin haber cometido delito alguno y con consecuencias que arrastran todavía hoy.
Consuelo García del Cid, una de las supervivientes, reclamó al Ministerio de Justicia que asuma su responsabilidad y declaró: “La democracia nos debe 10 años de vida”. Señaló además que durante 15 años de reivindicaciones se perdieron tres compañeras. Aprovechó el escenario para reiterar la urgencia de la anunciada comisión, dado que muchas de las afectadas son ya de edad avanzada.
También hubo denuncias por el robo de bebés y críticas hacia la falta de avance en la legislación pendiente: García del Cid remarcó que la ley prometida lleva esperando ocho años sin que se observe progreso alguno. Otras víctimas, como Paca Blanco, reclamaron el rechazo a cualquier apoyo o justificación hacia quienes perpetúan el poder y la riqueza a costa del sufrimiento femenino, exigiendo responsabilidad histórica y política. Blanco afirmó que, mientras no se garanticen verdad, justicia y reparación, la herida social continuará sin cerrarse.
Se destacó la paradoja expresada por los funcionarios, según la cual el mismo Ministerio de Justicia que dio cobertura al Patronato ahora lidera las políticas contra la violencia de género. Durante el acto, el eslogan “No a la guerra” fue coreado por los asistentes, tras ser lanzado al escenario por García del Cid. Esta expresión fue descrita por el medio como un reflejo simbólico de la resistencia y la petición de paz y justicia.
De acuerdo con lo publicado, los representantes del Estado remarcaron la importancia de abordar los hechos del pasado desde una mirada crítica que permita crear garantías para que estas prácticas no se repitan en el futuro y que la ideología que justificó tales estructuras permanezca relegada a la historia. La culminación del acto estuvo marcada por mensajes dirigidos a las víctimas, reconociendo el papel fundamental que ha tenido su perseverancia para lograr que el Estado reconozca su responsabilidad y se comprometa con líneas de reparación y no repetición.
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