(AMP) Sánchez admite que el decreto de vivienda negociado con Sumar no tiene aún mayoría en el Congreso

El paquete de medidas sobre alquiler y vivienda social, impulsado por Sumar y presentado ante el Consejo de Ministros extraordinario, contempla la prórroga extraordinaria y automática de todos los contratos de alquiler que venzan entre el 21 de marzo de 2024 y el 31 de diciembre de 2027, según informó Sumar y recogió Europa Press. Más de un millón de contratos, con impacto directo sobre 2,7 millones de personas, estarían alcanzados por esta disposición, diseñada para ampliar la protección de los arrendatarios en España. A pesar de la relevancia del paquete legal, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció que el decreto de vivienda aún no cuenta con el respaldo suficiente en el Congreso y que las negociaciones con los distintos grupos parlamentarios continuarán, tal como recogió Europa Press.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, Sánchez destacó que el Gobierno de coalición se mantiene decidido a dar respuesta a la emergencia habitacional, aunque admitió que el proceso legislativo encuentra obstáculos. Atribuyó las dificultades al contexto parlamentario actual y a la necesidad de seguir dialogando con otras fuerzas políticas para lograr la convalidación del decreto en la Cámara Baja. Según publicó Europa Press, el jefe del Ejecutivo enfatizó la importancia de la vivienda como “un asunto fundamental para los ciudadanos” y subrayó que el ejecutivo no renunciará a abordar este problema pese a la falta de una mayoría clara.

Europa Press detalló que la aprobación del paquete habitacional se produjo después de una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, en la que PSOE y Sumar, los socios del Gobierno de coalición, acordaron finalmente desglosar en dos reales decretos las iniciativas llevadas a la mesa. Sumar, liderado por Yolanda Díaz, había solicitado medidas específicas sobre vivienda, mientras que el sector socialista planteaba reservas ante la ausencia de apoyos suficientes en el Congreso. Ante las presiones de Sumar, el inicio del Consejo se retrasó más de dos horas, hasta que ambas partes consensuaron la formulación de dos decretos distintos.

El alcance de las medidas propuestas comprende, además de la prórroga de alquileres, la introducción de un marco jurídico específico para los contratos de concesión dedicados a la promoción de vivienda social o a precios asequibles en suelos o inmuebles de titularidad pública. Este nuevo régimen busca fomentar la disponibilidad de viviendas protegidas o asequibles, mediante instrumentos jurídicos que garanticen la estabilidad y la temporalidad definida para los arrendamientos.

Fuentes de Sumar indicaron a Europa Press que el decreto de vivienda se presentará ante el Congreso en un plazo máximo de un mes, con el objetivo de conceder más espacio a la negociación e intentar consolidar una mayoría parlamentaria que permita su validación. Sin embargo, partidos como Junts y el PNV han expresado su oposición frontal a la medida, lo que complica el mapa de apoyos del Ejecutivo. El decreto ley no será sometido aún a votación, ante la carencia de respaldo suficiente.

En paralelo, el Consejo de Ministros también aprobó otro real decreto que recoge un conjunto de medidas orientadas a la reducción de precios en el sector energético. Este segundo decreto sí dispone del consenso necesario para avanzar en la Cámara Baja y contempla rebajas fiscales a los combustibles y la electricidad, un incremento en los bonos social y térmico, y acciones para incentivar la implantación de placas solares. Sería convalidado de inmediato, diferenciándose así del decreto de vivienda, sujeto aún a debate y negociación.

Pedro Sánchez, según publicó Europa Press, justificó la decisión de impulsar la normativa de vivienda incluso sin bloques de apoyo definitivos, argumentando la disposición de su partido a considerar y apoyar propuestas de los socios del Gobierno de coalición. El mandatario evitó ofrecer un calendario concreto para la validación final del decreto ley, dada la volatilidad de las conversaciones y los equilibrios parlamentarios requeridos para avanzar en el trámite.

El contenido y los plazos mencionados por fuentes de Sumar prevén una prórroga de alquileres que permitiría extender los contratos hasta dos años, en función de las fechas previstas de finalización entre 2024 y 2027. Se introduce así una medida extraordinaria, dirigida a ofrecer certidumbre a los inquilinos que concluyan sus contratos en ese periodo y a responder a la emergencia habitacional reconocida por el propio Gobierno. Como parte del paquete, el marco jurídico especial para suelo e inmuebles públicos pretende reforzar el parque de vivienda protegida y contribuir al alivio de las tensiones en el mercado de alquiler.

La estrategia gubernamental, según consignó Europa Press, consiste en mantener abierta la negociación hasta agotar los plazos legales previstos, con el objetivo de sumar apoyos entre las diferentes fuerzas políticas del Congreso. El entorno de alianza, especialmente con presencia de partidos que han manifestado objeciones, representa un desafío para el avance inmediato del decreto de vivienda. De cara a los siguientes pasos, la prioridad del Ejecutivo reside en garantizar avances legislativos en materia habitacional, a través de diálogo y búsqueda de consenso parlamentario, según reiteró Sánchez ante los medios.