MSF pide poner fin al "sufrimiento innecesario" de miles de migrantes tras diez años del acuerdo UE-Turquía

La directora general de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Grecia, Christina Psarra, explicó que muchas de las personas que arriban a las islas griegas ya han atravesado episodios de violencia o han escapado de situaciones de conflicto o persecución antes de emprender la travesía por el mar Egeo. Según comunicó la organización, la incertidumbre extendida sobre su futuro, las limitaciones para moverse y las condiciones precarias en que viven contribuyen a intensificar los traumas previos que estos migrantes padecen. En este contexto, según detalló el medio, la ONG hizo hincapié en los graves efectos para la salud mental y física de quienes buscan asilo en Europa.

MSF demandó el cese del “sufrimiento innecesario” que afecta a miles de migrantes y solicitantes de asilo, a diez años de la entrada en vigor del acuerdo alcanzado en 2016 entre la Unión Europea y Turquía. De acuerdo con MSF, este pacto, vigente desde hace una década, estableció un modelo de gestión migratoria marcado por la “disuasión, la externalización y la contención”, cuyas consecuencias han sido la permanencia de personas en entornos inseguros y la persistencia de numerosos obstáculos para acceder a derechos básicos, especialmente en las islas griegas.

Según informó el medio, el acuerdo fue introducido en respuesta a un aumento en las llegadas de migrantes por la ruta del Mediterráneo oriental y fue presentado como una solución para controlar la migración hacia Europa. Sin embargo, MSF resaltó que esto provocó una transformación profunda en las políticas migratorias del bloque comunitario, al priorizar la contención de personas y el traslado de responsabilidades de asilo fuera de las fronteras de la UE.

El reporte de la organización recoge un llamado hacia las autoridades europeas y griegas para que reevalúen de raíz su aproximación en materia migratoria. MSF subrayó la urgencia de terminar con las situaciones de sufrimiento que viven menores y adultos en campamentos insulares y solicitó que se garanticen condiciones que respeten la dignidad, acceso adecuado a servicios sanitarios y procedimientos de asilo ágiles y justos. Del mismo modo, instó a abandonar las prácticas que trasladan la protección internacional fuera de la jurisdicción europea, para evitar que la carga recaiga en países terceros.

El medio consignó que, en línea con estas posturas, MSF renunció en junio de 2016 a recibir fondos de la Unión Europea, de sus Estados miembros y de Noruega, en protesta por las políticas migratorias implementadas a raíz del acuerdo bilateral. Christina Psarra afirmó que la Comisión Europea ha presentado el convenio como un logro, aunque desde su perspectiva este ha dejado tras de sí un “enorme coste humano”. Psarra declaró: “A pesar de las afirmaciones de progreso, miles de personas siguen enfrentándose a condiciones inhumanas, y los líderes europeos celebran diez años de políticas que han provocado caos y mal trato. No dejaremos de exigir que la UE y las autoridades griegas pongan fin a esta estrategia cínica de contención, para evitar seguir dañando la salud de nuestros pacientes y respetar su dignidad”.

El informe de MSF, citado por el medio, explica que quienes llegan a islas como Lesbos, Samos, Quíos, Kos y Leros se ven obligados a permanecer durante periodos prolongados a la espera de la resolución de sus pedidos de asilo, situación que puede extenderse meses o incluso años. La organización ha documentado situaciones de violencia en fronteras, hacinamiento en los centros de acogida, deficiente acceso a sistemas de saneamiento, obstáculos para recibir atención médica y un deterioro acentuado de la salud mental de las personas alojadas en estas condiciones.

MSF destacó que el acuerdo UE-Turquía contemplaba la posibilidad de devolver a Turquía a quienes no recibieran asilo en Grecia, considerando a este país como “tercer país seguro”. Por cada devolución de un solicitante sirio desde Grecia, la UE debía aceptar el reasentamiento de otro refugiado sirio desde Turquía. En la práctica, el número de devoluciones fue limitado: según datos publicados por el medio, desde abril de 2016 hasta febrero de 2025 fueron retornadas 2.140 personas desde las islas griegas a Turquía, sin registrarse devoluciones desde marzo de 2020.

Esto derivó en una acumulación de solicitantes en las islas, atrapados sin una rápida resolución. Tras el incendio que destruyó en 2020 el campamento de Moria en Lesbos, se crearon los denominados Centros Cerrados de Acceso Controlado (CCAC), instalaciones situadas en áreas alejadas y caracterizadas por estrictas medidas de control y vigilancia, lo que, según la ONG, refuerza el objetivo político de contención y exclusión.

De acuerdo con el análisis consignado por el medio, el modelo del acuerdo UE-Turquía se convirtió en referencia para la externalización de las políticas migratorias europeas. En los últimos años, la UE amplió la colaboración con países como Libia, Túnez, Senegal, Mauritania, Marruecos, Níger, Egipto y varios Estados de los Balcanes occidentales con el propósito de frenar los cruces hacia Europa. Estas asociaciones incluyen desde asistencia financiera hasta cooperación en seguridad y control fronterizo, lo que implica el desplazamiento de la protección de personas refugiadas a territorios donde los sistemas de asilo resultan escasos o carecen de garantías.

MSF reiteró que el endurecimiento de las políticas y la prolongación de la incertidumbre afectan especialmente a quien ya ha vivido experiencias de violencia, desplazamientos forzados o persecuciones. Los equipos de la ONG han registrado numerosos casos en los que las restricciones de movilidad, la degradación en las condiciones de vida y el aislamiento profundizan el impacto negativo en la salud física y mental de los migrantes, según documentó el medio.