El gobernador de California desafía a Trump con una demanda por revocar una ley sobre gases de efecto invernadero

La base legal que apuntalaba las restricciones federales a la contaminación generada por automóviles y camiones lleva década y media recibiendo el respaldo de tribunales y de administraciones tanto demócratas como republicanas, según subrayó el fiscal general de California, Rob Bonta. Pese a la larga historia de soporte científico y jurídico, la normativa quedó anulada por una decisión de la administración encabezada por el entonces presidente Donald Trump, lo que impulsó a altos funcionarios estatales a recurrir a los tribunales en un intento de preservar los estándares de protección climática. Según informó Europa Press, el gobernador de California, Gavin Newsom, junto al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y 25 fiscales generales, presentaron una demanda con el objetivo de revertir la medida.

En una rueda de prensa, Rob Bonta detalló que la decisión de la administración Trump representa una anulación de “una de las protecciones climáticas más importantes en el país”, con consecuencias directas sobre la regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Según consignó Europa Press, Bonta afirmó que la norma derogada se instituyó tras un proceso “riguroso” de revisión científica y que su validez se cimentó en pruebas acumuladas en los últimos 15 años. Tanto el dióxido de carbono como el metano, el óxido nitroso y otros gases de efecto invernadero figuran en la base de la legislación, aprobada durante la presidencia de Barack Obama.

La demanda conjunta plantea que la revocación de la normativa federal, en torno a la cual se estructuraron controles para el sector automovilístico, las refinerías y las fábricas, supone un retroceso para la protección de la salud pública y fomenta el aumento de la contaminación ambiental. El medio Europa Press reportó que Bonta definió la acción del gobierno federal como una “decisión trascendental”, pues podría intensificar el cambio climático y comprometer la seguridad de millones de estadounidenses. A su vez, señaló que la EPA (Agencia de Protección Ambiental) no puede obviar las pruebas científicas por tratarse de “una verdad políticamente incómoda”.

Gavin Newsom manifestó durante el anuncio de la demanda que la administración Trump evita debatir los efectos del cambio climático debido a que “saben que no pueden hacerlo”. Añadió que las políticas federales buscan "hacer que la contaminación vuelva a ser grande de nuevo", en una frase que ironiza sobre el lema político del expresidente. Según Europa Press, Newsom sostuvo que la Ley del Aire Limpio sirvió de marco para la regulación ambiental estadounidense desde la década del setenta y lamentó los intentos actuales de desmantelar este esquema. Aludió al exmandatario Richard Nixon al decir que “se revuelve en la tumba”, recordando que fue bajo su gobierno cuando se instituyó dicha ley.

Desde la aprobación de la legislación climática bajo la administración de Obama, la identificación de los principales gases de efecto invernadero como amenazas para la salud y el bienestar económico de la población estadounidense constituyó la base para iniciativas federales orientadas a frenar la contaminación. Europa Press detalló que las autoridades estatales y sus aliados argumentan que las pruebas científicas que dieron lugar a la ley se han afirmado y fortalecido durante los años más recientes, lo que, afirman, justifica su defensa judicial.

La revocación de la medida por parte de la administración Trump se engloba en una serie de acciones federales que, según el medio Europa Press, incluyen el abandono del Acuerdo de París y la adopción de políticas al servicio de la industria de combustibles fósiles, como incentivos para la producción de petróleo crudo, gas natural, uranio y carbón. Este giro político y normativo ha colocado a los estados y a los fiscales generales que lideran la demanda en una posición de firme oposición ante el gobierno federal, con el argumento de que la protección de la salud pública y la preservación del clima constituyen intereses vitales respaldados por la ciencia y por el precedente legal.

Rob Bonta recalcó que la decisión federal no corresponde con un cambio técnico o menor, sino que implica consecuencias de gran magnitud, con la posibilidad de incrementar la emisión de contaminantes y agravar los efectos del calentamiento global. Europa Press citó a Bonta diciendo que desafiar la base científica detrás de la normativa cuestiona directamente el fundamento que utilizó el Tribunal Supremo en fallos previos sobre la materia. Además, insistió en que la justificación para derogar los estándares no puede ser únicamente de orden político.

Los impulsores de la demanda subrayaron que la acción judicial busca restablecer los controles que, durante más de una década, permitieron reducir las emisiones en sectores clave para la economía estadounidense y mejorar la calidad del aire. Europa Press remarcó que los gobernadores y fiscales generales sostienen que la salud pública y la prosperidad económica dependen directamente del compromiso estatal y federal frente a la contaminación industrial.

La legislación climática en cuestión se gestó a partir de informes que confirmaron la amenaza de los gases de efecto invernadero, concepto aceptado por la comunidad científica e incluyó tanto el dióxido de carbono como el metano entre los principales responsables del deterioro ambiental. Europa Press puntualizó que la aplicación de estos estándares sirvió para orientar la política ambiental de Estados Unidos dentro y fuera del país, integrándose a compromisos internacionales y orientando la regulación de industrias contaminantes.

Entre los argumentos esgrimidos ante los tribunales, destaca la advertencia de que la anulación de la normativa podría revertir los progresos alcanzados en materia de control de emisiones, lo que, según el medio Europa Press, pondría en riesgo tanto la salud como el crecimiento económico de las comunidades expuestas a la contaminación. Los funcionarios demandantes insisten en que la protección ambiental y la justicia climática requieren de un respaldo institucional y legal continuo, ajeno a consideraciones de coyuntura política.