Almeida reprocha la "laxitud" del Gobierno que hará que con la 'Ley de nietos' Buenos Aires sea "la 3ª ciudad española"

José Luis Martínez-Almeida advirtió esta semana sobre el posible impacto demográfico y político que, desde su perspectiva, la aplicación de la Ley de Memoria Democrática podría causar en el contexto español, al facilitar que Buenos Aires se sitúe como la tercera ciudad con más ciudadanos españoles en el mundo. Según informó el medio, durante una rueda de prensa celebrada tras la Junta de Gobierno en Vicálvaro, el alcalde de Madrid manifestó su preocupación por el procedimiento impulsado por el Ejecutivo central, el cual permite a descendientes de exiliados acceder a la nacionalidad española de origen, incluso sin residir en España.

De acuerdo con lo expuesto por el alcalde capitalino y recogido por diferentes plataformas informativas, las modificaciones introducidas por la conocida como “Ley de Nietos” permiten que hijos y nietos de quienes emigraron o fueron exiliados durante el siglo pasado soliciten el pasaporte español a través de los consulados. Este proceso, según detalló el propio Almeida, no exige el establecimiento físico en territorio español para la tramitación de la ciudadanía.

El alcalde expresó particularmente su inquietud ante la cantidad potencial de solicitudes provenientes de ciudades extranjeras con importantes comunidades de descendientes de españoles, como es el caso de Buenos Aires. El dirigente municipal argumentó que esta nueva realidad podría convertir a la capital argentina en "la tercera ciudad española", refiriéndose al número de nacionales españoles que podrán residir allí, conforme reportó el medio. “Con el proceso que se está llevando a cabo por el Gobierno y con la laxitud con la que se está llevando a cabo este proceso, la tercera ciudad española va a ser Buenos Aires. Ahí lo dejo y que cada uno reflexione acerca de esta cuestión”, planteó Almeida durante su intervención, según publicó la fuente.

En su análisis sobre las implicaciones de la Ley de Memoria Democrática, el alcalde subrayó que si bien estos nuevos ciudadanos no participan en las elecciones municipales, lógicamente por no residir en España, sí pueden influir en los comicios generales y autonómicos. Martínez-Almeida precisó que esta circunstancia podría modificar de forma significativa la distribución de escaños, haciendo alusión explícita a la Comunidad de Madrid, donde el posible aumento del censo procedente del extranjero se estima que podría influir en la asignación de “hasta diez escaños” en la Asamblea regional. Así lo detalló también Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien un día antes manifestó preocupación por lo que calificó como “tintes profundamente antidemocráticos” en las políticas de regularización de migrantes y concesión masiva de nacionalidades impulsadas desde el Gobierno central, según consignó el mismo medio.

El regidor madrileño relacionó directamente la entrada en vigor de la norma y su aplicación administrativa con lo que describe como una falta de rigor por parte del Ejecutivo. “Nunca me he fiado de la pureza de las intenciones de Pedro Sánchez”, afirmó Almeida en relación con el presidente del Gobierno, tal como publicó la fuente. El alcalde atribuyó al presidente una preferencia por el interés particular antes que el general, sugiriendo que los objetivos de la medida podrían obedecer principalmente a razones estratégicas y partidistas más que a una reparación histórica.

Martínez-Almeida enmarcó sus declaraciones en la estela abierta por el ejecutivo autonómico madrileño, alineándose con el planteamiento efectuado por Díaz Ayuso. A juicio de ambos representantes, la combinación entre las nuevas regulaciones sobre memoria histórica, la extensión de derechos a descendientes de españoles y la política de regularización de determinados colectivos migrantes cambiaría el mapa del censo electoral en varias regiones españolas, con efectos aún no definidos sobre la política nacional.

Finalmente, el alcalde resaltó la necesidad de que la ciudadanía reflexione sobre las consecuencias de esta legislación. Si bien reiteró que la Ley de Memoria Democrática responde formalmente a demandas históricas de descendientes de exiliados y emigrantes, insistió en que su implementación requiere mayor precisión para evitar transformaciones demográficas y políticas que, según su perspectiva, no se corresponderían con el interés general, sino con una estrategia política concreta.