Iglesia, Gobierno y Defensor del Pueblo prevén firmar mañana el convenio para iniciar la reparación a víctimas de abusos

El plazo para que las víctimas presenten solicitudes de reparación quedó fijado inicialmente en un año y podrá prorrogarse un año más, dependiendo de la decisión de las partes firmantes. Este periodo se contará desde el momento en que se firme el convenio previsto entre la Iglesia Católica, el Gobierno y el Defensor del Pueblo, acto que constituirá el arranque formal del sistema de indemnizaciones. Este punto aparece como requisito en el acuerdo alcanzado el pasado 8 de enero de 2025 entre la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y el Ejecutivo, tal como consignó El País y confirmaron a Europa Press fuentes cercanas a las negociaciones.

El medio Europa Press detalló que este jueves está prevista la firma del convenio por parte del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, junto a representantes de la Iglesia y del Gobierno, con lo que se formalizará el acuerdo de reparación para las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial. El documento aún se encuentra en su fase final de preparación y, según fuentes conocedoras del mismo, las partes esperan sellarlo este jueves "si es posible".

De acuerdo con Europa Press, la suscripción del convenio se realiza un mes más tarde de lo originalmente programado en el acuerdo del 8 de enero, que preveía la formalización a los 30 días de la firma inicial. Las partes involucradas, incluida la CEE y la CONFER, así como el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, estaban pendientes hasta febrero del cierre de los detalles para el nuevo instrumento legal que permitirá iniciar el proceso de solicitud de compensaciones.

Según publicó Europa Press, la firma de este documento marca el inicio del plazo de un año para que las víctimas soliciten la indemnización, con posibilidad de prorrogarlo hasta dos años. El texto también establece que dicho convenio debe elaborarse tomando en consideración la opinión de las personas afectadas y define las bases del reconocimiento de la condición de víctima, además de los distintos procedimientos de reparación.

El mecanismo acordado contempla varias formas de compensación. Entre ellas se encuentran medidas reparadoras de carácter restaurativo y simbólico, atención psicológica o psiquiátrica, que puede extenderse a los familiares del afectado, y la reparación en el plano moral. Europa Press informó que la elaboración del "estatuto básico" de la persona reconocida como víctima y la organización de los procedimientos constituirán uno de los ejes del convenio.

El marco legal para este proceso se inscribe dentro de los objetivos previstos en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, sobre protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). El acuerdo precisa que este sistema mixto Estado-Iglesia de reparación responde al compromiso del Gobierno de promover medidas para proteger y reparar a víctimas de abusos en cualquier entorno de la sociedad.

La Conferencia Episcopal, citada por Europa Press, remarcó que el Ejecutivo mostró su disposición a impulsar la reparación de víctimas en todos los ámbitos sociales, de acuerdo con lo solicitado por las autoridades eclesiásticas. No obstante, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, aclaró en su momento que el acuerdo suscrito se ciñe de manera exclusiva a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Bolaños indicó: "Este es un acuerdo exclusivo, circunscrito a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. No hay ningún acuerdo fuera".

Durante la rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo de enero, el presidente de la CEE, Luis Argüello, explicó que la nueva etapa abre la posibilidad de que el desarrollo de la LOPIVI alcance, en el futuro, otros ámbitos de la sociedad. Por su parte, desde el Gobierno se señaló que el compromiso general con la protección de menores se refleja en la citada ley de 2021, aunque el convenio actual tiene límites bien definidos en cuanto a su alcance.

Aparte del sistema que se pone en marcha mediante este acuerdo, la CEE y la CONFER mantendrán su propio mecanismo de reparación a través de la comisión asesora del Programa de Reparación Integral a Víctimas de Abusos (PRIVA), operativo desde 2024 y destinado a complementar las medidas derivadas del acuerdo con el Estado.

Según informó Europa Press, el proceso negociador del convenio incluyó el requerimiento de recoger expresamente la opinión de las víctimas sobre los procedimientos y medidas a adoptar. El acuerdo subrayó la importancia de definir los criterios y pasos a seguir para el reconocimiento formal de cada caso.

El acto de la firma está previsto para este jueves en presencia del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien ha participado activamente en el desarrollo y supervisión de los trabajos preparatorios junto con representantes de la Iglesia y del Ministerio de Justicia. Con la entrada en vigor del acuerdo, miles de personas que sufrieron abusos sexuales dentro del ámbito eclesial dispondrán de una vía oficial y coordinada para solicitar reparación, tanto económica como psicológica y moral, conforme a lo dispuesto por el convenio.

De este modo, las instituciones implicadas buscarán responder a una demanda persistente de las víctimas, que han reclamado durante años un sistema transparente y adaptado para el reconocimiento y la reparación integral, según reportó El País. La iniciativa acuerda procedimientos y plazos claros y sienta las bases para futuras actuaciones orientadas a una mayor protección y acompañamiento de quienes han padecido abusos.