La más reciente escalada de tensión que atraviesa la relación entre los gobiernos de Ecuador y Colombia tiene repercusiones comerciales y diplomáticas además de políticas. Según detalló el medio que recoge las declaraciones, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, desacreditó la denuncia realizada por su par colombiano, Gustavo Petro, quien sostuvo que se habrían producido bombardeos a territorio colombiano desde el lado ecuatoriano de la frontera. Noboa puntualizó que las operaciones aéreas que ejecuta su país se centran en destruir posiciones y campamentos atribuidos a grupos armados irregulares en espacios fronterizos dentro de Ecuador, y no sobre suelo colombiano.
De acuerdo con información publicada por el medio, Noboa ofreció estas declaraciones al periodista colombiano Luis Carlos Vélez. En ese contexto, Noboa señaló: “Estamos bombardeando campamentos en nuestro territorio, infraestructura de guerrilla, que Petro deja andar libre y cruzar la frontera”. La respuesta surgió como réplica directa a las recientes afirmaciones de Petro, quien había indicado: “Están bombardeándonos desde el Ecuador y no son grupos armados”.
El medio difundió que, durante la más reciente reunión de su gabinete ministerial, Gustavo Petro advirtió públicamente sobre la aparición de explosivos en zonas cercanas a la frontera colombo-ecuatoriana y atribuyó estos hechos a posibles ataques aéreos desde Ecuador. Petro subrayó la existencia de una grabación vinculada a esos supuestos bombardeos y manifestó que “debe hacerse pública”. Añadió también que se instruyó una investigación exhaustiva, dado que “ya van muchos estallidos”.
Según consignó el medio, Petro explicó que había solicitado al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que intercediera ante Noboa para evitar una escalada y reiteró la voluntad de su gobierno de evitar un conflicto armado. En palabras de Petro, “nosotros no queremos ir a una guerra”.
El intercambio de señalamientos entre ambas administraciones no se limita al campo militar y de la seguridad. Desde enero del presente año, las relaciones bilaterales han experimentado nuevas dificultades: Quito decretó la imposición de aranceles del 30% a exportaciones colombianas, como parte de su respuesta a lo que considera una actitud permisiva de Bogotá frente al tráfico de drogas. Esta medida se incrementó poco después hasta un 50%, lo que llevó al gobierno colombiano a reaccionar con una política recíproca, imponiendo también gravámenes del 50% sobre diversos productos ecuatorianos y suspendiendo de manera provisional la venta de energía eléctrica hacia el país vecino.
Tal como publicó el medio, estos episodios han marcado un deterioro en la tradicional cooperación entre ambos países, afectando canales diplomáticos, comerciales y de seguridad. Las disputas se han manifestado tanto en acciones económicas como en el desacuerdo sobre la gestión y el control de las fronteras, un tema sensible por la presencia de grupos ilegales que operan en la región limítrofe.
El medio recordó que, aunque los dos gobiernos han sostenido diálogos en torno a la seguridad fronteriza, las acusaciones recientes y las medidas comerciales restrictivas han impedido avances sustanciales, ampliando la brecha entre Quito y Bogotá. Las autoridades de ambos países han reiterado la necesidad de investigar a fondo los hechos reportados y de garantizar la cooperación en la lucha contra organizaciones ilegales transfronterizas, pero hasta el momento las posiciones oficiales mantienen un alto grado de confrontación.
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