CSIF pide un balance de año y traslada a Muface quejas por denegación de pruebas, cirugías y dispensación de fármacos

El inicio de 2026 trajo consigo el dato de que más de 30.000 mutualistas ejercieron su derecho a cambiar de entidad sanitaria, y que una fracción de ellos, superior a los 4.000, optó por trasladarse a la Sanidad Pública. Según informó el medio sobre los datos proporcionados por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), estos movimientos dentro del colectivo de funcionarios reflejan el impacto de recientes cambios en los conciertos sanitarios y dejan patente la insatisfacción con la oferta de las aseguradoras concertadas. En este escenario, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) anunció que, durante la reunión del Consejo General de Muface prevista para el 18 de marzo, presentará demandas y reclamaciones relacionadas con la eficacia del nuevo convenio sanitario y con la atención recibida por los funcionarios públicos.

De acuerdo con el medio, CSIF planea exponer ante Muface un análisis del primer año de vigencia del actual concierto sanitario. Además, llevará al encuentro múltiples quejas de mutualistas que expresaron su malestar por negativas en la realización de pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas y la dispensación de fármacos. El sindicato, basándose en datos presentados por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, detalló que la mayor parte de los traspasos de entidad al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) proceden de Adeslas, la mayor de las aseguradoras concertadas en número de afiliados.

Los mutualistas adscritos a entidades concertadas representan actualmente el 62% del colectivo, mientras que un 38% eligió ya la opción pública. CSIF atribuyó este cambio de tendencia a varios factores: la salida del grupo asegurador DKV del concierto sanitario, la sensación general de incertidumbre, carencias de especialistas en numerosas áreas y retrasos en las citas médicas, lo que derivó en una disminución de usuarios en las entidades concertadas y un crecimiento del paso a la red pública, según consignó el medio.

El sindicato recabó y expresó una serie de reclamaciones concretas recogidas de los mutualistas. Según detalló CSIF, destacan las denegaciones de pruebas PET recomendadas en procesos oncológicos, las negativas a realizar intervenciones quirúrgicas con técnicas prescritas, rechazos a la entrega de medicamentos hospitalarios y otros fármacos, así como largas demoras en el reembolso de gastos sanitarios ocurridos en el extranjero. El medio publicó que, además, se identifican problemáticas como la insuficiencia de especialistas y médicos en Atención Primaria, la desaparición de cuadros médicos en ciertas ciudades, dificultades para obtener primeras citas, desigualdad territorial en la atención y diferencias de trato entre localidades y centros. Sumados a estos problemas, también se observó una reducción en la oferta de especialistas y una concentración de estos profesionales en centros sanitarios propios, junto con obstáculos burocráticos variados.

CSIF recordó las dificultades vinculadas al inicio del nuevo concierto sanitario y recalcó que persisten problemas de financiación en el sistema, lo que incide directamente en la calidad de la atención médica que reciben los mutualistas y en la disponibilidad de recursos, reportó el medio.

Respecto al Sistema Integrado de Receta Electrónica, la organización sindical también señaló que durante la reunión del Consejo General de Muface se anunciarán novedades sobre su implantación. Según CSIF, el pasado 27 de febrero comenzó su uso en la Comunidad Valenciana, y el 23 de marzo está previsto su despliegue en Castilla y León. Con la incorporación de estas dos comunidades autónomas, solo Cataluña y Andalucía quedarían pendientes para alcanzar una cobertura nacional, con expectativa de lograr la extensión total antes de junio.

Pese al avance anunciado con la receta electrónica concertada, CSIF matizó que el alcance del sistema sigue siendo limitado, ya que solo llega a aproximadamente el 30% del total de mutualistas. El sindicato explicó que esta situación se debe a la falta de dotación de equipos informáticos en los centros médicos concertados y a la baja implicación del personal médico en la emisión de recetas electrónicas, según detalló el medio. Además, la implantación de este sistema en cada territorio depende de la adecuación tecnológica de todas las farmacias para garantizar la dispensación segura y efectiva de medicamentos bajo el nuevo modelo.

CSIF, en su intervención, también enfatizó la existencia de obstáculos que afectan tanto a la gestión administrativa como a la asistencia sanitaria diaria. Por ejemplo, señaló que la reducción del número de especialistas disponibles, la dificultad para formar cuadros médicos completos en ciertas localidades y la tendencia a centralizar los servicios en centros propios, repercuten directamente en la facilidad de acceso a la atención y en la satisfacción de los funcionarios. Adicionalmente, la organización recalcó que la diversidad de criterios y el tratamiento desigual entre ciudades generan una discriminación territorial que afecta a distintos colectivos, según publicó el medio.

El sindicato subrayó, además, que la dificultad para obtener el reembolso por servicios sanitarios realizados en el extranjero se mantiene como una de las principales quejas entre los funcionarios, lo cual responde tanto a cuestiones administrativas como a la falta de criterios claros para reconocer y autorizar los pagos, de acuerdo con la información divulgada por el medio.

En la misma línea, CSIF explicó que los problemas acumulados en el arranque del nuevo concierto sanitario continúan sin resolverse de forma satisfactoria. La falta de financiación y la nula ampliación de recursos dedicados a la atención de los mutualistas figuran entre las preocupaciones más reiteradas en las reclamaciones recibidas tanto por el sindicato como por la propia Muface, según informó el medio.

En lo referente a la oferta de servicios y la dotación de personal, CSIF analizó que la reducción de profesionales sanitarios y la desaparición de cuadros médicos en diversas ciudades afectan de modo directo a los mutualistas. El medio recogió, además, la queja relativa a las diferencias de trato que persisten entre las diferentes comunidades autónomas y municipios, lo que repercute en la equidad de acceso a pruebas, tratamientos e intervenciones recogidas en el concierto sanitario.

Finalmente, CSIF anunció que mantendrá la exigencia de someter a revisión el balance oficial del primer año del nuevo modelo y que, en la reunión con el Consejo General de Muface, trasladará todas las reclamaciones y solicitudes recogidas a fin de que puedan articularse respuestas y soluciones que atiendan a la totalidad de los funcionarios públicos mutualistas, según consignó el medio.