El acto de bombardeo contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico, iniciado en septiembre bajo la administración de Donald Trump, dejó un saldo de al menos 151 personas fallecidas según datos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De acuerdo con el medio que cubrió la sesión, el número podría alcanzar los 157 muertos si se consideran cifras manejadas por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU). Este contexto es el marco en el que el relator especial de Naciones Unidas para la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos, Ben Saul, señaló a Estados Unidos por violaciones al derecho internacional.
Según informó la fuente, durante la comparecencia realizada el viernes en Guatemala, Ben Saul denunció ejecuciones extrajudiciales como resultado de estos operativos ordenados contra presuntas narcolanchas. Saul afirmó de manera taxativa que “estas ejecuciones extrajudiciales en serie violan gravemente el derecho a la vida” y acusó a Washington de utilizar la fuerza letal en vez de la detención, eliminando a supuestos sospechosos sin proceso judicial ni pruebas que acreditaran su vínculo con actividades ilícitas. El relator sostuvo: “Estados Unidos ha matado ilegalmente” a presuntos narcotraficantes en acciones militares que calificó como “no provocadas”.
El medio detalló que Saul enfatizó el carácter ilegal de los ataques al no haberse presentado evidencia concreta que relacione a los ocupantes de las embarcaciones con el narcotráfico. Además, cuestionó que estas operaciones violan el derecho a la vida reconocido internacionalmente, señalando: “Washington vulnera flagrantemente los derechos humanos en su falsa guerra contra el llamado narcoterrorismo”.
En el foro participaron también representantes de organizaciones civiles y de víctimas. Jamil Dakwar, director de la ACLU, llevó la cifra de fallecidos a 157 y aportó datos sobre la existencia de tres sobrevivientes y nueve personas en condición de desaparecidas. Según consignó el medio, Dakwar llamó la atención sobre la falta de información transparente en las investigaciones y remarcó la gravedad de la situación para las familias de los afectados.
Stephen Ward, quien actúa como representante de las víctimas, afirmó que ninguna de las embarcaciones atacadas participaba en actividades de narcotráfico. Según publicó el medio, Ward recalcó que los bombardeos se ejecutaron sobre embarcaciones sin pruebas ni investigaciones previas, y denunció el impacto sobre las comunidades de la región y las familias de los fallecidos.
La campaña militar fue iniciada en septiembre bajo la administración de Donald Trump, bajo el argumento de frenar el tráfico de droga hacia Estados Unidos. El medio reportó que desde entonces se han documentado al menos 45 ataques letales en la región, misión que según los ponentes ante la CIDH, se realizó al margen de prácticas judiciales regulares y normas del derecho internacional humanitario.
Según reportó la fuente, los participantes en la audiencia cuestionaron la falta de procedimientos legales, así como la legalidad del uso de fuerza letal en estos contextos, insistiendo en que los ataques se dirigieron contra sospechosos y no contra personas necesariamente involucradas en el tráfico de estupefacientes. Las denuncias ante la CIDH hacen énfasis en la ausencia de investigación y transparencia, así como en el impacto sobre familias y pueblos de la región Caribe y del Pacífico.
De acuerdo con la información expuesta por el medio, la CIDH recibió los testimonios y datos para su análisis, en una sesión considerada clave para la supervisión internacional del uso de la fuerza por parte de organismos estatales en la lucha contra el narcotráfico. Los presentes solicitaron que se avance en la investigación y esclarecimiento de los hechos, así como en medidas de reparación para las víctimas y sus familias.
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