Detenidos seis implicados en un asesinato de un empresario sevillano en República Dominicana

Diversos registros realizados en domicilios permitieron a las autoridades recuperar el arma de fuego utilizada en el homicidio, la cual fue posteriormente examinada por la Policía Científica para confirmar su correspondencia con los casquillos encontrados en la escena del crimen. De acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional a través de una nota oficial, seis personas resultaron detenidas bajo la acusación de participar, en distintos momentos, en la planificación, ejecución y posterior encubrimiento del asesinato de un empresario originario de Sevilla. La investigación conjunta entre la Policía Nacional española y la Policía Nacional dominicana fue clave para identificar a los responsables y esclarecer un caso que implicó coordinación entre allegados y personas contratadas específicamente para consumar el crimen.

Según reportó la Policía Nacional y recogió el medio, las pesquisas tuvieron su origen en España, cuando allegados del empresario se presentaron en una comisaría de Cádiz en septiembre de 2025 para formalizar una denuncia por las circunstancias sospechosas y poco claras que rodeaban la muerte de la víctima en República Dominicana. El empresario, de 59 años, fue hallado sin vida en su vehículo, con una lesión en la cabeza causada por un disparo. La Brigada de Policía Judicial de Cádiz tomó el control del caso, y las primeras informaciones aportadas indicaban que la víctima se encontraba en medio de un proceso de divorcio y mantenía asuntos económicos y patrimoniales pendientes con su esposa, hechos que incrementaron las inquietudes de su círculo más cercano.

El empresario, antes de su desplazamiento al país caribeño, confió a personas de su entorno diverso material documental relacionado con los motivos de su viaje. Entre esos documentos constaban gestiones para intentar recuperar la empresa y parte de su patrimonio, además de trámites con su entonces esposa ante el consulado. Todo este material formó parte de los elementos presentados en la denuncia, junto con varios audios grabados por el propio empresario en los que manifestaba su preocupación por su seguridad y expresaba abiertamente su temor por la posibilidad de perder la vida. Tal como detalló la Policía Nacional, estos elementos reforzaron la hipótesis de un acto violento premeditado.

La gravedad de la información aportada llevó a que la Brigada de Policía Judicial de Cádiz pusiera en marcha la operación denominada ‘Plantel’ y estableciera contacto directo con las autoridades dominicanas. El esfuerzo se canalizó a través del Agregado de Interior de España en ese país y de la Embajada, lo que facilitó la coordinación policial y el intercambio de datos relevantes para la investigación, según informó la Policía Nacional.

Por su parte, la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional dominicana, junto con el Ministerio Público, realizó una serie de diligencias que incluyeron el análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia, entrevista a testigos, operativos de localización y registros en diversas viviendas. Estas acciones resultaron decisivas para reconstruir con precisión los últimos movimientos del empresario y determinar la secuencia de hechos ocurridos en torno a su muerte.

Los indicios recabados a partir de esta colaboración evidenciaron que el homicidio fue ideado y preparado previamente. Según consignó la Policía Nacional, la esposa del fallecido fue identificada como la presunta autora intelectual del crimen. Las investigaciones señalaron que coordinó la elaboración del plan, convocando a personas de su entorno para contactar con intermediarios encargar a otros la materialización del asesinato. Uno de los implicados habría efectuado el pago de una suma de dinero anticipada como parte del acuerdo para llevar a cabo el crimen, comprometiéndose, según la Policía Nacional, a abonar el resto una vez consumado el hecho.

El intermediario seleccionado localizó al presunto ejecutor material del crimen, quien, según informaron las autoridades, mantenía una relación de confianza con la víctima y viajaba con ella en el vehículo donde finalmente ocurrió el asesinato. El ataque se produjo cuando el agresor condujo al empresario a un lugar apartado y disparó contra él en la cabeza. Después del homicidio, el responsable del crimen entregó el arma al intermediario, quien, siguiendo el testimonio recogido en el sumario, la trasladó a un tercer participante con el objetivo de ocultarla y entorpecer su localización por parte de la policía.

La intervención de los agentes en varios domicilios condujo a la recuperación de la pistola vinculada con el hecho. El análisis balístico posterior, realizado por la Policía Científica, acreditó que el arma recuperada era compatible con los restos balísticos hallados en el escenario del crimen, lo que resultó ser una prueba determinante para la investigación.

A raíz de las diferentes diligencias practicadas y del conjunto de pruebas recabadas, las autoridades detuvieron a seis personas por su presunta participación en el crimen, ya fuera como planificadores, autores materiales o colaboradores en el encubrimiento. Todos los arrestados quedaron a disposición del Ministerio Público dominicano, que asumió la tramitación judicial de la acusación.

El proceso de esclarecimiento del homicidio destacó, según la información divulgada por la Policía Nacional, la relevancia de la cooperación internacional entre cuerpos y el papel del Agregado de Interior en la articulación de la investigación. El trabajo coordinado permitido gracias a los canales diplomáticos y policiales logró desentrañar una trama delictiva con ramificaciones tanto en España como en República Dominicana, apoyada en evidencias materiales, testimonios y análisis forenses.

El caso mantiene la atención de las autoridades involucradas, tanto por el grado de elaboración en la preparación del crimen como por la diversidad de actores implicados. La investigación avanzó a partir de la denuncia inicial, donde la sospecha se cimentó en la existencia de amenazas percibidas por la víctima, los problemas patrimoniales derivados de su situación personal y la documentación entregada a personas de confianza antes del viaje. En el contexto de las relaciones personales y empresariales del fallecido, la interpretación de estos elementos orientó las líneas de trabajo de los efectivos policiales.

Según detalló la Policía Nacional, el seguimiento de las transacciones y las comunicaciones entre los investigados resultaron elementos esenciales para reconstruir la cronología de los hechos. Así mismo, la implicación de colaboradores directos y personas contratadas específicamente para consumar el homicidio condujo a una investigación multidisciplinaria, característica del seguimiento dado al caso en los dos países implicados.

Las autoridades han subrayado en sucesivas comunicaciones la importancia de la recolección y análisis de las pruebas documentales, técnicas y testimoniales, que sirvieron de base para la imputación de los detenidos y la elevación del caso ante las instancias judiciales competentes. El expediente se articula ahora en torno a la autoría intelectual supuestamente ejercida por la esposa del fallecido y la cadena de intermediarios y ejecutores identificados en el operativo llevado a cabo en las dos jurisdicciones.