El Parlamento insta a Junta y Gobierno a reforzar medios para inspección alimentaria y trazabilidad de importaciones

La decisión del Parlamento de Andalucía se cimentó en la inquietud ante la "aplicación provisional" del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur y la incertidumbre existente sobre la postura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, después de que el Parlamento Europeo remitiera al tribunal una solicitud de dictamen. Según informó el medio de comunicación, la Cámara autonómica enfatizó la necesidad de que tanto el Estado como la Junta de Andalucía refuercen los recursos, personal y equipamiento destinados a los controles de inspección alimentaria y a la trazabilidad de los productos agrícolas importados. Esta medida busca garantizar la seguridad alimentaria y la calidad de las mercancías procedentes de países terceros ante las inquietudes surgidas tras la adopción del nuevo acuerdo birregional.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la votación en el Pleno del Parlamento de Andalucía resultó en la aprobación, de manera unánime, de un único punto de una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el Grupo Por Andalucía. Este punto respalda la exigencia de mayores controles en la importación de productos agrícolas y alimentarios, así como el monitoreo sistemático de la cadena de suministro, con énfasis en aquellos alimentos que ingresan desde países como Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, integrantes de Mercosur. El Parlamento andaluz pretende con esta exigencia salvaguardar la agricultura y la ganadería regionales, así como la protección de la soberanía alimentaria, los derechos laborales y las normas medioambientales.

El medio detalló que las otras siete exigencias incluidas en la PNL fueron rechazadas, una decisión adoptada mayoritariamente con los votos en contra del Grupo Popular, y en algunos apartados con el respaldo adicional de PP-A y PSOE. Entre las propuestas que no prosperaron se encontraba la petición de instar a la Junta de Andalucía a liderar una postura común de rechazo a la aplicación provisional del acuerdo comercial, así como que la Administración autonómica promoviera en el Comité Europeo de las Regiones una reunión extraordinaria para emitir un pronunciamiento o dictamen contrario al acuerdo, tanto en lo político como respecto a la ejecución provisional.

La iniciativa debatida contó con la defensa de la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto. Según publicó el medio, Nieto insistió en que el Parlamento autonómico debía articular un movimiento coordinado que buscara la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta plataforma funciona como un mecanismo de interlocución entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, y el objetivo planteado era que Andalucía impulsase una posición unificada del Estado que manifestara desacuerdo con el Tratado UE-Mercosur a nivel nacional y europeo.

El texto fuente recogió que la proposición impulsada por Por Andalucía abogaba también por reforzar la Política Agraria Común (PAC) y dotarla de mayores fondos, reclamando un modelo de reparto más equitativo que estableciera límites máximos por explotación para asegurar la llegada de recursos a pequeños y medianos productores, quienes, argumentan, representan el núcleo de la agricultura y ganadería social y tradicional en la región.

El medio reportó que la formación política autora de la iniciativa señaló una "orientación belicista" en el presupuesto europeo, adjudicando a una estrategia de rearme impulsada por partidos como el Partido Popular y Vox, el recorte en los fondos destinados a la PAC. Según la PNL, esta situación afecta directamente a los sectores agropecuario y rural, debilitando la cohesión territorial y el desarrollo sostenible, y comprometiendo la protección ambiental y la soberanía alimentaria.

Según lo recogido por el medio, la PNL incluía también la exigencia de coherencia entre la política comercial europea y sus estrategias internas en materia de sostenibilidad y agroecología, citando como ejemplo los objetivos de la hoja de ruta ‘De la Granja a la Mesa’. De acuerdo con la posición del Grupo Por Andalucía, la falta de alineación entre los tratados comerciales y las estrategias internas supone un riesgo para los objetivos de seguridad alimentaria, transición ecológica y derechos sociales en el sector primario.

En el plano internacional, la proposición defendida pedía a la Junta y al Gobierno español que promovieran el cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (Undrop) en las políticas comerciales y agrícolas europeas y nacionales, así como la suspensión de la ratificación y aplicación del Acuerdo UE-Mercosur hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita un dictamen sobre su legalidad y sus implicaciones.

El medio explicó que, entre los puntos desestimados, figuraba también la propuesta de desarrollar un complemento autonómico a la PAC, dirigido especialmente a subsanar deficiencias en el actual modelo de distribución de ayudas y focalizar el apoyo económico en favor de pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas, a fin de consolidar el tejido rural y garantizar la viabilidad de las formas de producción social y tradicional.

Con la aprobación del punto defendido en la sesión parlamentaria, el Parlamento andaluz manifestó una posición de alerta respecto al impacto de tratados como el acuerdo UE-Mercosur en la seguridad alimentaria y el modelo productivo regional. Según recogió el medio, la Cámara espera que el refuerzo de la inspección y la trazabilidad en la cadena de suministro agrícola importada contribuya a proteger la calidad, la sostenibilidad y los intereses socioeconómicos del sector rural en Andalucía.