El Gobierno acuerda con 10 CCAA implantar una licencia interautonómica de caza y pesca en aguas interiores

La ampliación del acuerdo incorpora ahora a Castilla-La Mancha y Andalucía, dos comunidades que no participaron en el marco legal de 2017 y cuya adhesión modifica de forma sustancial el alcance y la cobertura de las licencias interautonómicas. Según informó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, este convenio facilita a cazadores y aficionados a la pesca la realización de estas actividades en todas las regiones adheridas mediante una única autorización, eliminando la necesidad de diversos trámites específicos por cada territorio.

El convenio, publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fue firmado entre el Ministerio y diez comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Principado de Asturias y Región de Murcia. De acuerdo con lo reportado, este nuevo marco sustituye al sistema anterior adoptado en 2017 y unifica los procedimientos administrativos en las regiones firmantes, permitiendo así prácticas de caza y pesca en aguas continentales con solo una licencia válida en todos los territorios incluidos.

El medio especificó que el objetivo de la medida es eliminar los trámites individuales requeridos hasta ahora en cada comunidad autónoma para la obtención de permisos, agilizando la gestión y mejorando la movilidad de los usuarios. Las licencias tendrán un periodo de validez de un año y se establecen tarifas fijas de 70 euros para las licencias de caza y 25 euros para las de pesca en aguas interiores. Tal como detalló el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, este sistema pretende además fortalecer la colaboración técnica y económica entre administraciones públicas, promoviendo una gestión más eficiente de los recursos y la normatividad vinculada.

En la práctica, la medida habilita a los ciudadanos que obtengan la licencia interautonómica a ejercer la caza o la pesca en todo el ámbito territorial de las comunidades que han suscrito el acuerdo, sin necesidad de realizar procedimientos diferentes en cada una. Según explicó el departamento dirigido por Luis Planas, otra de las novedades radica en el intercambio automático de información sobre sanciones: si un usuario incurre en una inhabilitación por infracciones en una región, esa restricción se renueva instantáneamente en las demás comunidades adheridas.

La plataforma Licicaz-web, implementada para soportar la gestión de las licencias, recoge y transmite los datos necesarios entre las administraciones. Según publicó el Ministerio, esta herramienta permite que los técnicos accedan en tiempo real a las altas y bajas de usuarios y comprueben el cumplimiento de los requisitos necesarios para la obtención de los permisos. De este modo, la operatividad del sistema queda garantizada por la digitalización de los procesos y la coordinación inmediata entre los diferentes organismos involucrados.

Además de simplificar la burocracia, el Ministerio destacó que el nuevo acuerdo responde a las exigencias de sostenibilidad y eficiencia, integrando la protección medioambiental con el desarrollo económico de las zonas rurales donde la caza y la pesca representan actividades significativas. De acuerdo con el informe, el convenio se define bajo los principios de eficacia y racionalidad en el uso de recursos públicos. Esta unificación de criterios también facilita la adecuación de la normativa a los distintos territorios y asegura mejores condiciones legales para los usuarios, quienes contarán con mayor seguridad jurídica al estar sus derechos y obligaciones reconocidos de manera homogénea por todas las regiones implicadas.

El acuerdo se concreta tras varios años de colaboraciones interadministrativas. En el texto publicado en el BOE se precisó que el convenio ofrece nuevas garantías y contempla procedimientos de actualización y revisión para adaptarse a posibles cambios legislativos o de gestión en el futuro. Además, las comunidades firmantes se comprometen a compartir información, resultados y datos estadísticos que permitan evaluar la efectividad del sistema y su impacto sobre el medio y la actividad social y económica relacionada.

El Ministerio también señaló que el sistema no modifica las restricciones medioambientales ni las normativas autonómicas específicas respecto a las especies o zonas protegidas; las licencias interautonómicas permiten la movilidad pero requieren el cumplimiento de las normas vigentes en cada región sobre cuándo, cómo y en qué condiciones pueden practicarse la caza o la pesca.

De acuerdo con lo consignado en el BOE, la entrada en vigor del acuerdo abre la opción para que otras comunidades puedan sumarse en el futuro, incrementando así el alcance territorial de las licencias y la colaboración institucional a nivel estatal. Se subrayó igualmente que la plataforma tecnológica puede soportar la integración de nuevos territorios sin modificar la operatividad del sistema actual.